Luego de que ayer los jefes de las dos principales fracciones legislativas se culparon mutuamente y cada uno dijo que el Gobierno debe negociar con el contrario, el proyecto de reforma constitucional sobre garantías económicas pende apenas de un hilo.
Pese al gran interés manifestado por el presidente de la República, José María Figueres, de revivir el proyecto y aligerar las negociaciones para su aprobación hoy en el Congreso, en primer debate, el camino parece muy obstaculizado.
Tras reconocer ayer en la tarde que mantuvo contactos telefónicos con altos jerarcas del Gobierno, el jefe de la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Luis Gerardo Villanueva, dijo que "el problema no somos nosotros, sino la fracción del PUSC".
En ese sentido, expresó que hizo saber al presidente Figueres que con quien debe negociar es con el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
Anoche, el vicepresidente Rodrigo Oreamuno informó que sostuvo conversaciones telefónicas con Figueres y dirigentes empresariales para discutir la posibilidad de hacer esta semana "un último esfuerzo" por las garantías económicas.
Oreamuno indicó que representantes de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP) --cuyos nombres declinó revelar-- se comprometieron a establecer contactos con "figuras muy elevadas del PUSC".
Pero el jerarca no descartó la posibilidad de tener un contacto directo con la oposición. Recalcó que el único punto que impide el acuerdo es la propuesta socialcristiana de fijarle límites al crédito público.
"Si la Unidad accede a eliminar ese párrafo podríamos mandar el proyecto a la Asamblea mañana (hoy) mismo", dijo
No hubo contacto
Pero el jefe de la fracción legislativa de oposición, Bernal Aragón, informó que hasta ayer en la tarde no había tenido ningún contacto con el Gobierno.
Aragón dijo que en su agrupación ya no hay interés con respecto al proyecto planteado hasta ahora sobre garantías económicas, pues no se logró acuerdo y ya no hay tiempo para aprobarlo de tal manera que entre en vigencia en 1997. Pero dejó abierta la posibilidad de negociar este plan en el futuro próximo.
Para que el proyecto rija a partir del próximo año, la Asamblea Legislativa debería darle segundo debate en el actual año legislativo que vence el 30 de abril próximo. Pero antes debe pasar por primer debate y ser enviado a consulta de la Sala IV, cuyos magistrados tienen un mes de tiempo para dar su veredicto.
Lo anterior porque cuando se trata de reformas constitucionales se requiere su aprobación legislativa en dos legislaturas para entrar en vigencia.