Gobierno pugna por garantías

Dicha solicitud fue analizada y discutida por los diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), durante dos recesos --uno de 30 minutos y otro de 25 minutos-- que solicitaron en la sesión del plenario legislativo.

A las 5:05 p.m., Luis Gerardo Villanueva, jefe de esa bancada, anunció que su agrupación resolvió dejar pendiente una moción presentada por los socialcristianos para revisar la votación producida el pasado martes.

Ese día, las garantías económicas (cuya aprobación figuró en los alcances del pacto Figueres-Calderón) fueron condenadas a muerte al no alcanzar los 38 votos que, como mínimo, requerían para superar el primer debate.

Villanueva agregó que también se le pidió al Poder Ejecutivo retirar temporalmente el proyecto del Congreso.

Tal maniobra permitirá que la iniciativa reciba oxígeno mientras las dos fracciones intentan alguna fórmula de consenso. Una vez que el plan retorne al Congreso, se deberá resolver de inmediato la propuesta de revisión.

El dirigente socialcristiano Miguel Angel Rodríguez --gestor del proyecto-- se manifestó ayer esperanzado de que las dos partes tendrán capacidad de respuesta para negociar y rescatar esta reforma constitucional.

Rodríguez opinó que, de lo contrario, sería una gran pérdida para el país pues, según dijo, esta iniciativa "es importante para defender a las personas contra el costo de la vida y para generar recursos para el empleo".

Un criterio similar exteriorizó el exmandatario Oscar Arias, quien lamentó el hecho de que las dos fracciones mayoritarias no se hayan puesto de acuerdo. Opinó que esta situación envía una mala señal a los inversionistas nacionales y extranjeros.

¿Quién cederá primero?

Pese a la aparente "resurrección" del proyecto de garantías económicas, la incredulidad rondaba ayer en el Congreso.

Los jefes de fracción del PLN y del PUSC se mostraron ayer cautelosos y comedidos al ser consultados por la prensa acerca de si sus agrupaciones estarían anuentes a ceder en los dos puntos que los mantienen enfrentados.

Se trata de una propuesta oficialista de excluir los gastos "no operativos" (salarios) en salud y educación de la norma que procura que los egresos corrientes del Estado sean financiados solo con ingresos corrientes.

La otra es una negativa del PLN a establecer, vía Constitución Política, el principio de que la nueva autoridad reguladora de los servicios públicos no estará sujeta a las directrices del Poder Ejecutivo.

Bernal Aragón, jefe de la bancada rojiazul, reiteró que el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) mantiene su posición. "Para que garantías económicas reviva en serio tendría que haber una actitud de apertura y responsabilidad en la fracción del PLN", dijo.

Entre tanto, Villanueva llamó al PUSC a la negociación. Manifestó que el oficialismo quiere darle prioridad al gasto en salud y educación, sin que esto signifique una ruptura del tope propuesto al déficit fiscal del 1 por ciento del PIB.

Colaboraron en esta información los periodistas Wílliam Méndez y Mauricio Herrera, redactores de La Nación.