No importa de cuál de las versiones del proyecto número 11.375, conocido como garantías económicas, estemos hablando: ninguno de los textos propuestos hasta ayer tenía asegurado los votos para su aprobación. Más bien, la posibilidad de que la iniciativa naufrague rondó ayer en el Congreso.
Al parecer, la paciencia de la oposición llegó a su tope. El jefe de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Bernal Aragón, solicitó al presidente de la Asamblea Legislativa, Antonio Alvarez, poner a votación el texto que ha servido de base para las negociaciones con la bancada oficialista.
Para Aragón, los legisladores oficialistas se han dedicado a "poner trabas y buscar excusas para impedir la aprobación del último texto negociado".
La paciencia aparentemente también se agotó en las filas del Partido Liberación Nacional (PLN). El líder de la fracción verdiblanca, Luis Gerardo Villanueva, dijo que ellos van a dejar el proyecto en la agenda y que esperarán, simplemente, a que se acaben los trámites parlamentarios para votarla.
Aseveró que los congresistas del PLN iban a votar la versión de garantías propuesta por su bancada y pretenden rechazar la socialcristiana.
Si sucediera esto, ninguna de las versiones propuestas lograría pasar la prueba pues requieren 38 votos para su aprobación.
Garantías económicas es un proyecto que comprende un paquete de reformas a la Constitución Política. Esta iniciativa --que empezó a discutirse el 6 de noviembre de 1991-- propone fijar topes anuales al déficit fiscal consolidado del sector público no financiero, equivalente al 1 por ciento del producto interno bruto (PIB).
También procura que los egresos corrientes del Estado se financien con los ingresos corrientes y eleva las potestades legislativas para controlar el gasto público y los impuestos.
"Caso cerrado"
La diputada Lorena Vásquez, dijo ayer que "el capítulo de garantías está cerrado y ellos --la bancada de Gobierno-- le dieron muerte".
Consultados sobre la acciones que tomarían si hubiera un fracaso en la tramitación del plan, Vásquez y Aragón adviertieron que seguirían haciendo "oposición responsable", cuando el Gobierno envíe al Congreso los presupuestos de las instituciones, impuestos o empréstitos.
Según Aragón, el último escollo se presentó con la petición del PLN de excluir del texto de garantías económicas las limitaciones al ordenamiento y al crecimiento de la deuda interna; a dejar fuera también los controles institucionales a los llamados "gastos operativos", con lo que se burlaría, dijo el diputado socialcristiano, el principio al límite del déficit.
Pero la gota que derramó el vaso de la paciencia del PUSC fue la pretensión de los liberacionistas de sugerir que la autoridad reguladora de los servicios públicos esté subordinada al Poder Ejecutivo.