El caso del supuesto espionaje telefónico arrastró al Gobierno y a la oposición a suscribir un sorpresivo pacto de cúpulas que "murió sin ver la luz", debido, entre otras razones, al excesivo cálculo electoral y la precipitación.
Los hechos políticos de la semana anterior, una de las más agitadas de 1996, evidencian que este polémico asunto no solo será un tema medular de la precampaña, sino que además pronostica fuertes hostilidades para los meses venideros.
El abortado acuerdo de crear una comisión de alto nivel para indagar las denuncias de intervención telefónica, lejos de apaciguar las aguas, tornó aún más radicales las posturas del oficialismo y de la oposición.
Rodrigo Oreamuno, primer vicepresidente de la República, reconoció que el problema existe pero sostuvo que se deben hacer todos los esfuerzos razonables para evitar que el Congreso se convierta en un campo de batalla política.
"Ya no hay duda de que los aires electorales están entorpeciendo el normal funcionamiento de la Asamblea y nos están dificultando avanzar en cosas que son de un gran interés nacional", aseveró.
Incluso resulta palpable que el ambiente se ha calentado en el seno de las agrupaciones políticas.
Un sector de "línea dura" de la bancada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) presiona a los parlamentarios moderados para aplicar medidas más fuertes de coacción y obligar al Gobierno a crear una instancia legislativa.
Fuentes socialcristianas revelaron, en privado, que en la bancada existe además un clima de autocrítica por la "pérdida del control político" y malestar por "la burla" que significó la no aprobación de las garantías económicas.
De hecho, el grupo "duro" logró el respaldo del resto de la fracción para paralizar el plenario legislativo el lunes y martes pasados, cuando estaba pendiente de aprobarse una salida del presidente José María Figueres hacia Europa.
Líderes del Partido Liberación Nacional (PLN) como su presidente, Rolando Araya, y el exprecandidato José Miguel Corrales, solicitaron en público a los diputados abrir una investigación en el Congreso. (Véase recuadro.)
Pero los legisladores se niegan pues afirman que no hay pruebas de que se trate de un asunto político.
Esta postura tajante alimenta las suspicacias. Algunos congresistas del oficialismo reconocen que existe temor de que el tema sea usado por la oposición con fines "politiqueros" para atacar al Gobierno en la campaña.
Hervidero interno
La decisión tomada por el PUSC de paralizar el plenario durante dos días no solo fue impulsiva y atropellada, sino que además puso al descubierto el hervidero interno que agita a este grupo legislativo.
Aparte del resquemor por la pérdida de "control político" y algunos proyectos frustrados, tiende a acentuarse la lucha de poder conforme se acerca el traspaso de la jefatura y subjefatura, lo cual, al mismo tiempo, coincide con un actitud más agresiva del sector considerado como de "línea dura".
Incluso la versión de que Rodolfo Méndez será el jefe de campaña del PUSC ha generado algún descontento.
La corriente "más rodriguista" de la bancada afirma sentirse dolida y desplazada ante lo que calificaron como una ofensiva del "viejo calderonismo" para copar los principales puestos de dirigencia en todo el Partido.
A todo lo anterior hay que sumar el hecho de que la oposición aún no ha logrado llevar la investigación del supuesto espionaje telefónico al Congreso, aunque ha sostenido esa tesis desde que estalló el escándalo.
Este asunto salió a la luz pública el pasado 8 de febrero, luego de que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanara el local de la firma Astur Seguridad S.A., en donde decomisó equipo avanzado para intervenciones telefónicas.
Cinco días después, Figueres pidió a la Procuraduría General de la República indagar los supuestos nexos de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) con Astur. El Juzgado Cuarto de Instrucción ya había iniciado las pesquisas.
Los congresistas del PUSC decidieron, el pasado lunes, no volver al plenario para forzar a una investigación legislativa.
Allegados a ese grupo afirman que el expresidente Rafael Angel Calderón y Miguel Angel Rodríguez aconsejaron desde el inicio valorar el costo político de bloquear ese recinto, estando de por medio una visita del presidente Figueres al papa Juan Pablo II.
La impresión de los dos líderes y, después, de algunos diputados moderados, es que "no se debía mezclar" la presión para que el Congreso investigue las escuchas telefónicas con la audiencia con el Sumo Pontífice.
Tres legisladores reconocieron, en privado, el mal cálculo que se cometió en ese momento debido a una reacción "más visceral que inteligente". "Nos dejamos llevar por un sentimiento de impotencia", dijo uno de ellos.
Tabla de salvación
¿Por qué Rodríguez decide entrar a escena? ¿Se negoció algo bajo la mesa con el Gobierno?
Estas son solo dos de muchas inquietudes que comenzaron a emanar en círculos políticos y de prensa luego que el líder socialcristiano llegara a un acuerdo con Rodrigo Oreamuno en torno a la comisión de notables.
Incluso se especuló que se pudo haber buscado algún arreglo de cúpulas sobre el proyecto de garantías económicas. Pero el Primer Vicepresidente afirmó en forma categórica: "Nada tuvo que ver una cosa con otra."
Admitió, eso sí, que desde que el plan de garantías económicas fue sacado del Congreso (15 de febrero), al agotarse la negociación parlamentaria, se ha logrado avanzar bastante en esferas más altas.
Rodríguez afirmó que su participación en el asunto del viaje del presidente Figueres a Europa fue "de buena fe" y sin ninguna otra intención que la de evitar un agravio contra el Papa. También negó que se hubiera dado una negociación bajo la mesa.
En los pasillos del Congreso, se comenta que el dirigente le dio una "salida honrosa" al PUSC y al Gobierno, que no encontraban una fórmula para desatascar el plenario sin que fuera vista como una señal de debilidad.
Allegados a la negociación revelaron que la noche del martes se iniciaron contactos telefónicos entre Rodríguez, Oreamuno, el expresidente Calderón y Bernal Aragón, que se intensificaron en la mañana del miércoles.
Ese día Aragón recibió una llamada del excandidato del PUSC para comunicarle que tenía una propuesta y pedirle que hablara con el Primer Vicepresidente para informarle que se le haría llegar en horas de la tarde.
Oreamuno ya conocía los detalles generales de la idea y por eso su respuesta fue casi inmediata. Pero el plan fue abortado el viernes anterior pues no recibió el respaldo de las tres personas que fueron escogidas para integrar el grupo.
Se trataba del expresidente Mario Echandi, el exprimer vicepresidente Jorge Manuel Dengo y monseñor Angel San Camiro, obispo de la Diócesis de Ciudad Quesada. Echandi, incluso, calificó la idea como "una burla".
Futuro incierto
El fallido intento de crear una comisión de notables revivió el forcejeo en torno a la conveniencia o no de realizar una investigación legislativa sobre el caso de las supuestas intervenciones telefónicas.
La pugna sobre el tema, por su alto contenido político, amenaza no solo con caldear las relaciones Gobierno-oposición sino que también podría afectar el trabajo legislativo y hasta motivar choques internos en los partidos.
Tal parece que la bancada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), impulsada por los diputados de "línea dura", podría recurrir en un futuro a mecanismos fuertes de presión para obligar al oficialismo a ceder su posición.
Así se desprende de las palabras externadas, el miércoles pasado, por Miguel Angel Rodríguez, quien avaló este tipo de estrategia al afirmar que los diputados "tienen el derecho contitucional" de no acudir al plenario legislativo.
También se debe tomar en cuenta un advertencia del congresista Alejandro Chávez, quien el jueves dijo a La Nación que mantendrá "una línea dura contra Liberación Nacional si nos ofenden o faltan a la palabra".
Chávez no es el único que piensa de esa forma en el PUSC, pero sí es el único que lo reconoce en público.
La Unidad tiene ahora el reto de apaciguar primero la pugna interna para poder definir cuál será su estilo de acción. Para ello, habrá que esperar a que se acentúen los nuevos liderazgos de la fracción.
Rodolfo Brenes, quien se menciona como el inminente jefe de bancada del PUSC a partir del 1 de mayo, afirmó: "Yo creo que mal haríamos nosotros en tratar de paralizar el Congreso con rabietas de tipo político."
Entretanto, los diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) hasta el momento han prestado oídos sordos a los clamores de socialcristianos e incluso líderes de su agrupación para crear una comisión legislativa.
La inquietud que ronda en el ambiente es si los liberacionistas podrán soportar la presión. Esta trasciende ya a la esfera política e incluso abarca a otros sectores como el gremial y el empresarial.
Opticas opuestas
Figuras del oficialismo y de la oposición mantienen -incluso en el interior de sus agrupaciones- posturas muy disímiles en torno a la conveniencia de crear una comisión legislativa o no que indague el tema de las escuchas telefónicas.
José María Figueres
(mandatario)
Ha mostrado gran reserva al referirse al tema, pero el 27 de febrero se manifestó en contra de la idea de crear una comisión legislativa.
Miguel Angel Rodríguez
(dirigente del PUSC)
1 de marzo. "Tengo que decirle a los costarricenses con toda humildad que fracasé en este intento de encontrar otra vía de solución (la comisión de alto nivel)... Me siento muy obligado a insistir con más vehemencia que nunca en que haya una comisión investigadora de la Asamblea Legislativa."
Rodrigo Oreamuno
(primer vicepresidente)
1 de marzo. "Creemos que una comisión legislativa es inconveniente porque esto es un asunto que ya está siendo investigado muy cuidadosamente y meterlo a la Asamblea Legislativa sería politizarlo."
Mario Echandi
(exmandatario)
29 de febrero. "No es tolerable que los diputados cambien el temor de unos a la integración de una comisión parlamentaria para que investigue los alcances políticos del espionaje y la oposición de otros al viaje presidencial por el espejismo de una comisión, sin poderes ni posibilidades de acción."
Luis Gerardo Villanueva
(jefe de fracción del PLN)
27 de febrero. "La fracción del Partido Liberación Nacional no está de acuerdo con una comisión legislativa porque no hay pruebas que confirmen que se trata de un asunto político y no de chismes, dimes y diretes."
Bernal Aragón
(jefe de fracción del PUSC)
1 de marzo. "La propuesta de Miguel Angel Rodríguez no prosperó, pero esta solución no deja de lado la creación legislativa del grupo indagador. Al Partido Liberación Nacional no le queda más que aceptar la creación de la comisión."
Rolando Araya
(presidente del PLN)
1 de marzo. "La fracción de Liberación debe valorar que cerrarse a una investigación legislativa alentaría más las dudas que ya hay en el ambiente."
Alejandro Chaves
(diputado del PUSC)
29 de febrero. "Es un pésimo precedente para el país, para esta Asamblea Legislativa, que se nos vaya de nuestras manos el control político."