Diecisiete diputados se unieron en favor de un proyecto de ley para eliminar la reelección presidencial.
La iniciativa de reforma constitucional fue presentada el jueves último por Juan Carlos Mendoza, legislador del Partido Acción Ciudadana (PAC).
También firmaron el texto miembros de las fracciones del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), Renovación Costarricense, Unidad Social Cristiana (PUSC), Movimiento Libertario y el independiente Luis Fishman.
Según Mendoza, la intención es dejar sin aplicación el voto de la Sala Constitucional de abril del 2003, el cual eliminó la prohibición para que los expresidentes volvieran a postularse.
Fue la sentencia de la Sala la que le permitió a Óscar Arias Sánchez gobernar por segunda vez, entre el 2006 y el 2010. Su primer mandato fue entre 1986 y 1990.
Aquel fallo dejó sin efecto la modificación de 1969 al inciso 1 del artículo 132 de la Carta Magna, que puso candado a la reeleción.
“En Costa Rica hay gente muy buena que puede ocupar la Presidencia de la República. Tenemos que generar un cambio de liderazgo en la máxima magistratura del país", afirmó Mendoza.
Para Francisco Antonio Pacheco, exministro, expresidente del Congreso y defensor de la reelección, de concretarse el propósito del grupo de diputados, podrían quedar restringidos los derechos políticos de los costarricenses.
“No creo que el asunto sea viable jurídicamente. Si se llegara a hacer, sería un retroceso desde el punto de vista de la democracia porque limita las posibilidades de escogencia de los electores”, dijo.
Él considera que los grupos opositores a la reelección no han meditado sobre las consecuencias que traería revivir la prohibición para la vida política nacional.
También el exmagistrado constitucional y candidato a diputado, Carlos Arguedas, es del criterio de que no es sensato retroceder.
A su juicio, la reelección presidencial de manera alternativa “no hace daño a nadie”.
“Me parece conveniente que la gente aproveche la experiencia política cuando es necesario (...). El liderazgo político no es conveniente desecharlo por la vía de las prohibiciones”, añadió.
Arguedas fue uno de los dos magistrados que salvó el voto en la sentencia del 2003. El otro fue el ya fallecido Luis Paulino Mora Mora.
Muy complejo. Aparte de la complicada discusión política que el tema significa, el congresista del PAC reconoce que la modificación constitucional conlleva un procedimiento complejo.
El proyecto, igual que otros planes de ley, debe ingresar para estudio a una comisión. Posteriormente, ese foro envía su dictamen al plenario legislativo.
En esa fase requiere de la aprobación por al menos 38 votos en tres debates. El último debe realizarse en la siguiente legislatura.