Siete diputados de tres partidos políticos tienen causas penales abiertas en el Poder Judicial, seis de ellos a la espera de que la Asamblea Legislativa les levante la inmunidad que los cobija.
Cuatro son de Liberación Nacional (PLN), dos de Acción Ciudadana (PAC) y uno de Unidad Social Cristiana (PUSC). Un octavo caso es del Justo Orozco, de Renovación Costarricense, al que apenas se le inicia un proceso de investigación.
Tres de los liberacionistas acusados son Óscar Alfaro, Antonio Calderón y Alicia Fournier, a quienes la Fiscalía General señala por supuestamente recibir contribuciones ilegales en la campaña 2010.
A Alfaro y Calderón la Fiscalía los implica en la donación de una casa empleada como club de campaña, a nombre de una sociedad anónima; ello, a pesar de que el Código Electoral lo prohíbe.
Calderón y Fournier comparten otra acusación por supuestamente haber recibido contribuciones ilegales en la campaña 2010.
El cuarto liberacionista acusado es Jorge Angulo. La Fiscalía le atribuye delitos de peculado, concusión y tráfico de influencias. Respecto de su caso, ya está a punto de iniciarse el juicio penal, en enero del 2014.
El levantamiento de su inmunidad se aprobó en junio del 2012. A ese diputado se le atribuye haber pedido dinero a una constructora de un colegio en Coto Brus a cambio de no entorpecer los trámites de la obra, dijo el Ministerio Público.
Agresión. El diputado del PAC Claudio Monge fue acusado de agredir a una policía en una manifestación el 8 de noviembre del año pasado en San José.
Monge también está acusado, junto con Manrique Oviedo, por supuesta difamación de persona jurídica, en una querella presentada por la minera Industrias Infinito.
Oviedo dijo que no le ha dedicado tiempo a la acusación. “No tiene ningún fundamento ni sustento. Lo considero más un efecto distractor, que algo serio”.
El legislador del PUSC Wálter Céspedes también es objeto de una acusación por supuesta difamación e injurias, presentada por Adrián Chinchilla y Carlos Espinach, tras declaraciones del diputado en una comisión legislativa.
Céspedes ligó a Chinchilla y Espinach con una supuesta comisión de alto nivel y adujo que ese órgano tomaba decisiones sobre la construcción de la trocha fronteriza. Sus querellantes negaron rotundamente los vínculos y plantearon la acusación. Céspedes dice estar anuente a ir a la comisión legislativa que recomendaría al plenario levantar o no su inmunidad. “No voy a renunciar (al fuero) porque fue un acto como diputado, con base en una investigación política”.
El caso más reciente es el Orozco. Él es investigado por ejercer el notariado en su despacho, aunque la ley prohíbe hacerlo en oficinas de la Administración Pública.
Decisión de jefes. El presidente de la Asamblea Legislativa, Luis Fernando Mendoza, del PLN, explicó que las solicitudes de levantamiento de la inmunidad para seis diputados no se han resuelto.
“Los jefes de las fracciones políticas no han tenido la voluntad de adelantar hasta ese punto de la agenda del plenario. Cuando alguno lo solicite, se verá en reunión de jefes”, aseguró Mendoza.