Un vacío legal le permite al Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE) liquidar ¢528 millones de su deuda política, aunque los precios sean inflados por sus proveedores, siempre y cuando que se trate de gastos de organización política.
El Código Electoral aprobado por el Congreso en el 2009, aplica rigores y responsabilidades diferentes entre los gastos de capacitación y los gastos de organización y divulgación.
Mientras que para los gastos de capacitación, existen fuertes controles de parte del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos (DFPP) del Tribunal Supremo de Elecciones, para la divulgación solo basta con presentar facturas de servicios tercerizados para redimir los recursos.
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El letrado del Tribunal, Juan Luis Rivera, explicó que la decisión de otorgar el dinero al Partido pasa por una diferencia entre la reglamentación que permite la ley.
Así lo clarificaron los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en una resolución del 2 de setiembre pasado, que le permitió al PASE cobrar, solo en el trimestre de abril a junio del 2015, ¢32,5 millones por concepto de organización.
Para ese periodo, el PASE contrató a la empresa Misión Empelo S. A. a fin de que le brindara servicios relacionados con organización partidaria, charlas y visitas, sin que el tema de los sobreprecios fuera objetado por el Partido.
La empresa subcontrató servicios con sobreprecios que generaron utilidades con márgenes de ganancia de entre el 80% y el 300% de ganancia.
El PASE presentó las facturas de Misión Empleo S. A. bajo la premisa de que se trataba de gastos de capacitación, por lo que el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos abrió una investigación.
El 26 de febrero anterior, el DFPP elevó un informe en el cual determinó que había sobreprecios e irregularidades que hacían imposible liquidar la suma.
Sin embargo, una apelación del diputado López, fue acogida por el TSE, que determinó que los gastos no eran por capacitación, y señaló que los fondos se debían liberar, pese a las objeciones por sobreprecios del DFPP.
Al respecto, el diputado y presidente del PASE, Óscar López, dice que están actuando dentro del marco de la ley y que el vacío legal que señala el TSE no fue hecho por él.
“El gasto inflado lo hace la empresa, no lo hace el Partido. Si hay inflación en precios, eso lo hacen las empresas que tienen que ganar”, afirmó López.
¿Qué encontraron?
El DFPP determinó en su informe de febrero, que el PASE había pagado a Misión Empleo, facturas por servicios que no correspondían con la realidad de mercado.
Algunos, incluso, se cobraron pese a que no se dieron.
Por ejemplo, el DFPP se negaba a que se girara el pago de una actividad en La Uruca, San José.
“Se incluyeron en las facturas rubros correspondientes a volanteo, confirmación de invitados y transporte, pero al realizar las entrevistas a los asistentes (...), lograron comprobar que las personas llegaron por sus propios medios al evento, por lo que no se justifica el reconocimiento al rubro de transportes y, por la forma de invitación, que no fue a través de volantes informativos”, señala la resolución.
Sin embargo, el PASE dijo a los magistrados que los servicios sí les fueron cobrados por Misión Empleo, y eso bastó para liberar los recursos.
En otro evento, en el centro diurno de ancianos Fuente del Saber, el alquiler del espacio para la actividad costó ¢60.000, según el albergue, pero el Partido cobró ¢220.000. El PASE dijo que la diferencia de ¢160.000 correspondía al margen de ganancia de la empresa Misión Empleo.
Entrevista a Óscar López
El Departamento de Financiamiento de Partidos encontró una serie de sobreprecios. En el TSE señalan que hay un vacío legal para cobrar gastos tercerizados, aunque sean inflados.
Estamos hablando de dinero que el Partido se ganó en las elecciones; se lo ha ganado históricamente. El detalle es que ese dinero no está en las cuentas del Partido, y tenemos acceso si el Tribunal lo permite; si no lo permite, no se accesa. Nosotros hacemos eventos; lo interesante es que el PASE hace, no inventa capacitaciones. El PASE ha hecho los eventos, reuniones, capacitaciones, y el Código (Electoral) nos permite liquidar esos eventos, y así se ha hecho.
El hecho de que se trate de actividades de organización, permite controles más débiles, y facilita que se haga cobro de precios inflados.
No son utilidades elevadas, como ellos dicen.
¿Qué son?
Si contrato a una entidad que organiza un evento, que incluye la contratación de otras personas, esa empresa nos va a cobrar por los servicios de esos subcontratistas. Eso está absolutamente a derecho. En lugar de andar persiguiendo a una persona para cada cosa, el Partido tiene la potestad de contratar a una empresa que esté a derecho.
En la resolución se señala que hay un vacío legal.
¿Y quién dice eso?
La resolución de los magistrados del TSE.
¿Y quién inventó ese vacío legal?
Los diputados, cuando lo aprobaron en el 2009.
Yo no estoy aprobando ningún vacío legal. Las leyes se hacen. Yo no sé; me parece temerario el señalamiento.
¿Cuál señalamiento? Nadie lo señala a usted.
No, pero yo fui diputado de esa Asamblea Legislativa, y cualquiera podría creer que yo presenté mociones para aprovecharme 5 o 6 años después.
Pero hay un gasto inflado.
El gasto inflado lo hace la empresa, no lo hace el Partido. Si hay inflación en precios, eso lo hacen las empresas que tienen que ganar.