EscucharMiami, Florida. El costarricense Terence Valentine lleva 19 años viviendo en el pasillo de los condenados a muerte, aferrado a la esperanza de algo que lo saque de ahí.
Aún ahora, alejado de sus defensores públicos, sin ninguna apelación pendiente y sin dinero para pagar abogados privados que revisen su condena, el costarricense Valentine espera algún resquicio para librarse de la pena impuesta tras culparlo por el secuestro de su exmujer y el asesinato de la pareja de esta, un blanco llamado Ferdinand Porche.
Valentine, oriundo de Limón y de 64 años, fue objeto de una petición de clemencia hecha por el Gobierno tico en mayo del 2012, la cual ni siquiera fue respondida por las autoridades del estado de Florida.
“Pedimos medidas alternativas, pensando quizá en una cadena perpetua, con tal de que no se atente contra la vida de un costarricense”, explicó Carlos Roverssi, quien como vicecanciller hizo la gestión.
El Gobierno, sin embargo, no ha asumido ningún pago de abogados privados, como sí lo han hecho países como México con ciudadanos suyos condenados a muerte.
Costa Rica, además de tener abolida la pena de muerte desde 1882, forma parte de un grupo de países que intentan eliminar ese tipo de castigo en el continente, por considerar que atenta contra los derechos humanos.
El canciller Enrique Castillo incluso abogó contra la condena capital en foros en la Organización de Estados Americanos (OEA), de la cual forma parte Estados Unidos.
Este país tiene 3.125 condenados a muerte en sus cárceles, en espera de resolver apelaciones o simplemente de que los tiempos de la Justicia permitan la emisión de las órdenes de ejecución.
Así está Valentine, con el agravante de permanecer en el segundo estado con más condenados a muerte (405), el que más condenas capitales emitió en el 2012 (21) y que acaba de aprobar una ley para agilizar las ejecuciones letales.
Se llama “Ley de Justicia Oportuna” y la firmó en junio el gobernador republicano Rick Scott, quien podría apurar entonces la eliminación de 13 reos que tienen agotadas todas sus opciones legales. Igualaría así cifra de órdenes de ejecución firmadas por su antecesor John Ellis ‘Jeb’ Bush, hermano del expresidente George W. Bush.
“Un reo que lleva en el corredor de la muerte 22 años ya ha tenido una oportunidad justa de aportar todas las pruebas necesarias para rebatir su condena”, dijo Scott para justificar su decisión.
Terence Valentine está ya cerca de las dos décadas. Las ha pasado bajo el alegato de que es inocente, pero sin parar de pelear con sus propios abogados, a quienes considera incompetentes. “Yo no tengo abogados. Ellos no me representan”, dijo en la entrevista concedida a este diario el jueves 1° de agosto.
No fue posible contactar a sus abogados para este reportaje.
El jurista John de León, especialista en derechos civiles en Florida, recordó que Terence fue condenado a muerte por un fallo no unánime, de diez votos contra dos.
“En otro estado esta votación hubiera bastado para ordenar una pena de vida, no de muerte”, dijo este declarado opositor de este tipo de castigos.
De León opinó que contratar un grupo de abogados privados podría servir para plantear una nueva apelación, ahora ante las cortes federales, pero sin demasiado optimismo. “Estos casos son supremamente difíciles”, añadió.
Pero Valentine cree que no lo es tanto. Insiste en que el primer paso es lograr que algún activista lo ayude para abrir un blog en Internet y comenzar a pedir donaciones. “Necesito como 200.000 pesos (dólares) para poder contratar abogados. Talvez en Costa Rica, alguna empresa que haga negocios aquí... Algo. Tampoco es tanto dinero”.
