Solo el candidato presidencial del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC), Carlos Alvarado, no le pone peros a la idea del gobierno de revivir los dos planes de ley que aumentarían los impuestos sobre las ventas y las rentas, incluso con una tasa superior al 15% para las compras de bienes y servicios.
Otros cinco aspirantes presidenciales difieren. Son los casos de Antonio Álvarez, de Liberación Nacional (PLN); Rodolfo Piza, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); Otto Guevara, del Movimiento Libertario; Edgardo Araya, del Frente Amplio (FA); y Juan Diego Castro, de Integración Nacional (PIN).
Álvarez, Piza y Castro abogan porque primero se reduzca el gasto estatal y, después, se discuta un incremento en los impuestos.
Guevara se opone un aumento en las tasas tributarias, mientras que el frenteamplista reconoce que es necesario negociar una reforma fiscal, avala que el impuesto de ventas se transforme en impuesto sobre el valor agregado (IVA), con lo que se gravarían servicios hoy libres de tributos, pero se opone a que la tasa supere el 13% actual, algo en lo que coincide con el candidato libertario.
La semana pasada, el Gobierno anunció que pretende traer a la palestra dos proyectos de ley que datan de marzo del 2015 y que habían sido desechados para promover otro plan con reformas tributarias más livianas.
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En específico, el Ejecutivo insistirá crear el IVA, con lo que se gravarían con un 15% los servicios de salud (excepto las hospitalizaciones y las cirugías), los alquileres después de los ¢410.0000, los gimnasios y los trabajos de abogacía, entre otros servicios. El Ministerio de Hacienda advirtió de que podría ser necesario que la tasa supere ese porcentaje.
En cuanto al impuesto de renta, se propone crear dos escalas adicionales más para los altos salarios. Actualmente, se cobra hasta un 15%; el proyecto pretende cobrar 20% y 25% a los mayores sueldos.
Además, el gobierno de Luis Guillermo Solís evalúa la posibilidad de endeudarse en el exterior para hacerle frente a sus gastos, previendo la posibilidad de que se restrinjan los recursos disponibles en el país. Ello, en razón de que vencen bonos por $1,2 billones y se carecen de fondos para hacerle frente a esa obligación.
El candidato del PAC considera que ya es hora de aprobar una reforma fiscal "más progresista" para revertir el déficit en las finanzas del Estado, que el año pasado fue de un 5,2% del Producto Interni Bruto (PIB).
"Por más de 15 años el país ha pospuesto una reforma fiscal para hacer el sistema más progresivo. No sólo el gobierno, sino que los partidos y los distintos sectores debemos asumir una posición responsable pues el riesgo del déficit afecta a todos", dijo Alvarado.
En su criterio, no se debe tomar a la ligera las advertencias que hace el Poder Ejecutivo sobre el deterioro de las finanzas públicas, por lo que hizo un llamado para que se tomen acciones en los próximos meses, antes de que asuma el nuevo gobierno en mayo del 2018.
"Todos quienes aspiramos hoy a la Presidencia sabemos bien la situación, y no debería ser sorpresa para nadie. Se deben lograr avances en los próximos meses, sino el próximo gobierno llegará en una posición muy compleja para el país. La ruta del acuerdo nacional ya planteada puede catalizar una solución a través de diálogo y resultados", declaró el rojiamarillo.
Posiciones divergentes.
En el Frente Amplio, Edgardo Araya afirmó: "Seguimos dispuestos a sentarnos a conversar si se trata de una reforma fiscal que sea progresiva, justa y solidaria. Que no recargue impuestos sobre los que ya pagan, si no que ponga a contribuir a la gran riqueza que hoy no paga lo que debería pagar y se siga combatiendo la evasión y la elusión fiscal".
Antonio Álvarez Desanti cree que el déficit se resuelve mediante una reforma integral en la que se toquen gastos, empleo público y los tributos, al tiempo que se negó a opinar sobre un IVA superior al 15%.
"Reitero lo que hemos venido diciendo durante los últimos cuatro años. El PLN apoyará una reforma en materia hacendaria que incluya los temas de ingreso y los temas de gasto, y hasta tanto no se avance en los temas de empleo y el establecimiento de una regla fiscal, en el límite de los salarios del empleo público, nosotros no estaríamos dispuestos a avanzar en una reforma que implique aumentarle los impuestos a la gente".
"Vamos a tener que entrar a la reforma completa, habrá que ver el tema de gasto, los temas de los ingresos, la colocación de nuevo bonos, tendremos que lograr un nivel de crecimiento económico que nos de más fuentes de empleo, que disminuya la deuda del Estado con respecto al PIB, habrá que hacer un menú completo de opciones, afirmó Álvarez.
Rodolfo Piza aboga por controlar el crecimiento de gasto y mejorar la recaudación de impuestos antes de hablar de una reforma fiscal, pues considera que sería irresponsable.
"No es conveniente (subir impuestos) y no es viable, entre otras cosas, porque no hay garantía de contención del crecimiento del gasto ordinario del Gobierno, que ha pasado de $6,4 billones en el 2014, a $9 billones en el 2017, un aumento del 34%, con una inflación del 3%, es decir, que ha aumentado el gasto en $4.500 millones. En esas condiciones, mientras no haya reglas estrictas del crecimiento del gasto, es irresponsable aprobar nuevos impuestos", manifestó el socialcristiano.
Juan Diego Castro Castro considera que, además de recortar gastos, se debe impulsar proyectos de ley similares al que presentó el diputado y fundador del PAC, Ottón Solís, el denominado proyecto C.E.R.R.A.R., el cual propone cerrar varias instituciones del sector social.
"No vemos cómo lograr esos ajustes y reformas, sin dar señales de control real de gasto público como un todo, no sólo del gobierno central, que es la tercera parte. Preferiremos un rediseño de los impuestos, migrar al IVA con una base amplia sin tocar la tasa y reconstruir el impuesto corporativo (a las sociedades anónimas) que hoy día es una locura, para poder observar cómo cierran los números y definir si en verdad requerimos ajustes de tasa", aseguró Castro.
Contra los impuestos. Otto Guevara se opone a más impuestos: por el contrario, habla de reducirlos. Solo apoyaría la creación del IVA pero con una tasa del 10%, por debajo del 13% que actualmente se pago sobre los productos.
Él cree que el hueco fiscal se resuelve con un drástico recorte al gasto, incentivando el emprendedurismo y vendiendo algunos activos del Estado. En un gobierno suya implementaria las siguientes medidas.
-Vendería la cartera comercial de seguros del Instituto Nacional de Seguros (INS), el Banco de Costa Rica (BCR) y por consiguiente el Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa) y la Fábrica Nacional de Licores (Fanal).
-No incrementaría el presupuesto a las universidades públicas.
-Legalizaría servicios como el que ofrece Uber, de transporte de personas.
-Dejaría de presupuestar dinero para el Consejo Nacional de la Producción (CNP).
-Recortaría el presupuesto para anualidades y dedicación exclusiva.
"El ejecutivo ha perdido tiempo, efectivamente hay una bronca seriesísima, la siguiente administración va a heredar de esta, no una sino 10 brasas calientes, una bomba de tiempo que le va a reventar a mitad del año entrante cuando se venza 1,5 billones de deuda pública y haya que pagar eso, más un déficit del 6%, con una deuda del gobierno central del 45% del PIB, es inmanejable esto", insistió el libertario.