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Sindicato decide quiénes trabajan en Japdeva

Actualizado el 29 de noviembre de 2014 a las 12:00 am

Gobierno presentó ayer propuesta para cambiar convención colectiva en entidad

Secretario del gremio dice que no aprobará retrocesos en los beneficios

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Entre los beneficios que la convención colectiva les concede a los trabajadores de Japdeva se cuenta el hecho de que si el bus que los transporta se atrasa, ese tiempo perdido se les debe reconocer como laborado. | JOHN DURÁN

El sindicato de Japdeva tiene la potestad de decidir quién trabaja y quién no en la institución.

Ese poder se lo otorga la Convención Colectiva de Trabajo que pretende renegociar el gobierno de Luis Guillermo Solís.

La convención colectiva también le permite al sindicato decidir sobre los procesos disciplinarios de los empleados.

Ante esta situación, la presidenta de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), Ann McKinley, presentó ayer una propuesta de reforma al instrumento laboral, con el propósito de devolverle a la entidad el control sobre el personal.

La gestión forma parte del proyecto de convención colectiva que el Gobierno pretende renegociar con el sindicato que fue presentada este viernes ante el Ministerio de Trabajo.

McKinley dijo en conferencia de prensa que esta propuesta pretende dejar en manos de un órgano técnico como el Departamento de Recursos Humanos las decisiones sobre el personal, que perdió la administración en negociaciones de gobiernos anteriores.

El poder de Sintrajap. El capítulo III de la convención colectiva titulado: “Nombramientos y concursos de plazas y recargos de funciones” les da la potestad a los sindicalistas de participar en el nombramiento de plazas fijas, interinas y abrir vacantes.

Esta participación se da por medio del Comité Técnico de Clasificación y Valoración de Puestos, Reclutamiento y Selección de Personal, más conocido como “Comité Técnico”.

El foro está conformado por dos representantes del Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap) y dos de la administración estatal, con sus respectivos suplentes.

Esa instancia no se limita a abrir plazas y aprobar ternas para nombramientos.

También tiene la potestad de nombrar personal interino; reclutar y seleccionar los oferentes para la bolsa de trabajo.

Además, si un trabajador considera que se debe reasignar su plaza, debe ir al “Comité Técnico”, y si hay dudas sobre la aplicación de la escala salarial, también se puede pronunciar.

La convención colectiva le permite Sintrajap decidir sobre el futuro de los trabajadores que enfrenten un proceso disciplinario.

Para esto el sindicato tiene la misma participación que la Administración de Japdeva en dos juntas de relaciones laborales, encargadas de resolver las denuncias planteadas por actos de indisciplina.

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Junto a la resolución de las denuncias, la junta también tiene la potestad de intervenir en diferendos individuales entre trabajadores y patrono.

Por ejemplo, en el caso de los disturbios por las huelgas, es este órgano, conformado por sindicalistas y administrativos, el que define si caben sanciones.

El órgano consta de tres instancias. La primera es una junta laboral conformada por cuatro representantes de la empresa estatal y cuatro del sindicato.

Estos puestos también cuentan con suplencias.

La segunda instancia es otra junta laboral, integrada por un delegado del Departamento Legal de Japdeva y otro de Sintrajap. Si la discusión de los asuntos debe llegar a una tercera instancia, será entonces el presidente de Japdeva el que resuelva.

Aspirar a un cambio. Todas estas potestades quedarían eliminadas en caso de que Sintrajap acepte la propuesta del Gobierno para reformar la convención colectiva de los trabajadores.

Sin embargo, el secretario general del sindicato, Ronaldo Blear, dijo que es poco probable que se aprueben estos cambios.

“Es época de Navidad, y ellos pueden pedir lo que quieran; están en su derecho”, aseguró.

A la par de retomar el control sobre el personal, la Junta Directiva de Japdeva pretende reducir en ¢1.000 millones lo presupuestado para los beneficios laborales de los 1.500 empleados encargados de la operación de los muelles de los puertos de Limón.

Para el próximo año el Gobierno tiene presupuestados ¢8.000 millones, con el fin de financiar los beneficios que otorga la convención.

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