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CNE revela desorden en plan tras invasión de Nicaragua

Ministerio de Seguridad desperdició decreto de emergencia para reforzar frontera con Nicaragua

Actualizado el 19 de mayo de 2017 a las 06:00 am

Fuerza Pública debía destinar ¢10.000 millones a mejorar presencia policial en la zona, pero solo gastó el 55% en seis años

No se construyeron sedes policiales ni se compró equipo de videovigilancia de largo alcance

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Ministerio de Seguridad desperdició decreto de emergencia para reforzar frontera con Nicaragua

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Este es el estado de la delegación policial de Agua Dulce en isla Calero, una de las que debía ser mejorada mediante el decreto de emergencia. (Alonso Tenorio)

El Ministerio de Seguridad Pública desaprovechó la oportunidad de mejorar con prontitud la infraestructura para la vigilancia de la frontera norte, al amparo del decreto de emergencia emitido por el conflicto con Nicaragua.

La declaratoria, que permite a las instituciones estatales agilizar los procesos de contratación, estuvo vigente durante seis años a partir de marzo del 2011 y, con este, Seguridad tuvo la posibilidad de invertir casi ¢10.000 millones en su red de vigilancia en los seis cantones fronterizos: La Cruz, Upala, Los Chiles, San Carlos, Sarapiquí y Pococí.

Sin embargo, al caducar el decreto de emergencia, el Ministerio todavía tenía ociosos casi ¢4.500 millones que estaban destinados a mejorar tres delegaciones policiales, comprar un gran campamento e invertir en equipamiento y videovigilancia.

Así lo advirtió la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) en junio pasado, en el informe sobre el cierre del decreto 36.440, emitido por la entonces presidenta Laura Chinchilla, que abría paso a tomar acciones para defender la vida y el ambiente ante la invasión de Nicaragua a isla Calero (extremo norte de Limón).

"Este Ministerio (de Seguridad) demostró incapacidad para ejecutar los planes de inversión, fue poco efectivo y desorganizado y, pese a que la mayor parte de los recursos asignados por la CNE a sus planes de inversión procedían de la misma institución, otorgó poca prioridad e importancia a la ejecución, aun tratándose de un estado de emergencia.

"La declaratoria de emergencia era propicia para que la Fuerza Pública mejorara notablemente su infraestructura y condiciones de operación en la zona fronteriza, sin embargo la oportunidad no fue aprovechada", expone el informe avalado por la Junta Directiva de la CNE.

Durante la vigencia del decreto, la Comisión autorizó al Ministerio 11 planes de inversión por ¢9.975 millones, de los cuales se ejecutaron ¢5.507 millones, principalmente en comprar 201 vehículos, equipos de radiocomunicación y equipo policial.

Pese a que tuvo aprobación para comprar torres de vigilancia, equipo de videovigilancia, un campamento móvil y para construir las delegaciones de Agua Dulce, Barra del Colorado y Delta Costa Rica, esos planes quedaron a medias o no se ejecutaron del todo.

La delegación de Agua Dulce en isla Calero, por ejemplo, hoy se encuentra en condiciones ruinosas. Su ya de por sí frágil estructura se vio golpeada con fuerza por el huracán Otto, en noviembre pasado. El techo fue arrancado por el viento y las paredes resultaron dañadas, lo que obligó a proteger la sede con carpas. En esa zona, Nicaragua ya duplicó la cantidad de barcazas que dragan el río San Juan.

El actual subdirector de la Fuerza Pública, Nils Ching, quien estuvo al frente de la ejecución del decreto del 2013 al 2016, sostuvo que las contrataciones se realizaron bajo el debido proceso y que, en algunos casos, como en la construcción de sedes policiales, los procesos se complicaron porque no habían oferentes o porque las condiciones del lugar no lo permitían.

"Hay que hacer una revisión, hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance; lo importante es ver que se hayan cumplido los plazos que se hayan dado, que la gestión haya sido totalmente transparente. En materia de contratación administrativa, en nuestro medio hay cosas ajenas a la contratación misma, yo le puedo hablar de las adjudicaciones de infraestructura que hubo empresas que no veían atractivo construir en esa zona... eso era un reto para la institución, era un reto para el país", dijo Ching. 

Ejecución del Ministerio de Seguridad. (Carlos Fonseca)

"Las personas que gestionamos tienen que respetar el debido procedimiento, tenemos que rendir cuentas.. yo no puedo forzar una situación de estas a hacerlo así porque sí", reiteró el funcionario.

Ching agregó que no había experiencia previa en la adquisición de artículos para la infraestructura y la compra de botes.

Anoche, el Ministerio envió un documento adicional a este diario, según el cual el porcentaje de dinero ejecutado o en proceso de compra subió a ¢8.100 millones después de que caducó el decreto, quedando pendientes de tramitar ¢1.780 millones, más de seis años después de la invasión.

Carlos Picado, de la Dirección Estratégica de la CNE, afirmó a La Nación que en reiteradas ocasiones esa institución le recordó a Seguridad que podía recurrir a procesos de contratación más ágiles, pero no hubo una  r respuesta del Ministerio.

El dinero para atender la emergencia se manejó a través del Fondo Nacional de Emergencias (FNE) y fue fiscalizado por la CNE, además que está sujeto a la revisión de la Contraloría General de la República.

La delegación de Agua Dulce, una de las que debía ser mejorada, alberga lanchas de vigilancia costarricenses.

Compraron vehículos, faltaron las delegaciones

Los diferentes planes de inversión de Seguridad fueron acordados desde los años 2011, 2013 y 2014. Después de esa fecha, no se incluyeron más proyectos, pese a la vigencia del decreto y la disponibilidad de  recursos.

De la parte que sí se ejecutó, casi todo (un 85%) se destinó a la compra de vehículos, entre los que destacan carros todoterreno, modificados para trasladar aprehendidos, microbuses, cuadraciclos, motos y tractores.  Además, 11 botes fueron recibidos en febrero de 2016.

En el informe de la Comisión, se destaca la compra de más de 200 vehículos entre 2013 y 2014.

Estas unidades se adquirieron bajo un convenio marco del Ministerio de Hacienda de compra por demanda a la agencia Purdy Motor, excepto las motocicletas que son marca Yamaha. Esta vía se utilizó porque las contrataciones ordinarias previas se declararon infructuosas, según Ching.

Los  automotores se distribuyeron entre la Fuerza Pública y la Policía de Fronteras en los seis cantones fronterizos. Sin embargo, por razones de seguridad, no se reveló la ubicación exacta de los códigos por cantón.

Así, en los programas de movilidad, el Ministerio cumplió con el monto autorizado por la CNE. No obstante, otros planes quedaron a medias o con baja ejecución, con excepción de la compra de equipo de radiocomunicación con una inversión de ¢100 millones.

En el caso de las torres y cámaras de vigilancia de largo alcance, se aprobaron ¢758 millones que no se ejecutaron del todo.

Tampoco se adquirió un campamento modular para la zona de Los Chiles por ¢743 millones.

Para los planes de equipamiento general que incluían tiendas de acampar, bolsas de dormir, equipo médico, salveques, cabinas de ducha y otros, se invirtieron ¢117 millones de más de ¢900 millones.

Sobre esta contratación, el subdirector de la Fuerza Pública señaló que había mayor avance.

El informe remitido anoche menciona, por ejemplo, que ya están en marcha los procesos para construir las delegaciones y que, en cuanto al equipamiento, se evalúa comprar maletinas y camisetas de secado rápido.

El director de la Policía de Fronteras afirmó que las delegaciones temporales serán sustituidas por las nuevas para inicios del 2018. Según Seguridad, el proyecto está en trámite de permisos de construcción.

¢4.250 millones para la trocha no se usaron

Otro de los puntos críticos en la ejecución de los recursos para atender la emergencia por isla Calero es la trocha fronteriza.

Desde la entrada en vigencia del decreto en el 2011, la CNE autorizó ¢7.356 millones para esa ruta y, a junio de 2016, solo se habían gastado ¢2.778 millones, quedaron sin usar ¢4.250 millones.

Esta es la parte del dinero que la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) destinó para este camino en el Fondo Nacional de Emergencias, con la intención de que lo ejecutara el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) mediante procedimientos más rápidos.

Así está una parte de la trocha fronteriza con Nicaragua en mayo del 2017, seis años después de la emergencia por la invasión de Nicaragua a isla Calero. (Carlos Hernández)

El Conavi dispuso de un total de ¢19.000 millones para ese proyecto, que el Ministerio de Hacienda le transfirió de manera directa.

En todo caso, la CNE adiverte de que es "muy baja" la ejecución de la obra, ideada para evitar que los costarricenses no dependiesen del río San Juan.

En 2012, tras el inicio de la construcción de este proyecto, se desató un escándalo por el uso y destino de los recursos del proyecto que se inició sin permisos ambientales ni diseños. 

El Ministerio Público anunció en enero de este año una acusación  contra 26 personas por supuestas anomalías en la construcción de la carretera. Se trata de tres funcionarios del Conavi, tres particulares que simularon ser inspectores de obras de esa entidad, 18 empresarios y dos mujeres esposas de dos de los imputados.

LEA: Fiscalía acusa a 26 personas por caso de la trocha fronteriza

El pasado 10 de mayo, el Conavi informó a este medio de que destinó ¢2.794 millones de los fondos de emergencia a diseñar y colocar puentes modulares en la trocha. Esta cantidad es mínima comparada con el presupuesto de este proyecto que alcanza los ¢57.000 millones, según el Banco de Proyectos de Inversión Pública. Es decir, el Conavi debe financiar la ruta en su mayoría con recursos propios.

Actualmente, los diseños de esta carretera no están listos, según confirmó el Consejo, y el estado de la vía es deplorable en muchas partes.

Pese a la baja ejecución del Ministerio de Seguridad y Conavi, la CNE resaltó los logros del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y del Ministerio de Salud, que también fueron unidades ejecutoras del decreto.

Entre las medidas ambientales que tomó el Sinac, se construyó una estación biológica en Isla Portillo y se sembraron 47.000 árboles para reforestar el área al margen de la trocha. También se construyeron tres puestos de control y vigilancia ambiental en Tiricas, Boca de San Carlos y Delta Costa Rica.

En total, el Sinac ejecutó ¢930 millones de ¢1230 aprobados.

Por su parte, el Ministerio de Salud gastó ¢91 millones en equipo médico para la Cruz Roja.

La Comisión Nacional de Emergencias también ejecutó ¢48 millones de ¢101 millones para la administración y fiscalización del decreto, además de las labores de primer impacto por esta emergencia.

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Rebeca Madrigal Q.

rebeca.madrigal@nacion.com

Periodista

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