El Ministerio de Salud ordenó a la Dirección de Migración frenar el caos en el centro de detención de extranjeros ilegales, al considerar que la sobrepoblación y las malas condiciones de salud atentan contra las personas que llegan allí, tanto detenidos como trabajadores.
Según una nota girada el viernes 5 de febrero y reiterada el lunes 8, serios problemas en la infraestructura y en las condiciones sanitarias obligan a una reestructuración del centro, ubicado en Hatillo, San José.
En la orden sanitaria se otorga un plazo de 30 días a Migración para que presente un plan de mejora, que permita mejorar desde el tamaño de las celdas hasta la ventilación y la iluminación de los servicios sanitarios.
Así se desprende la notificación n.° ARSSEM-JAF-010-2016 a la directora general de Migración, Kathya Rodríguez, copiada al director del Centro de Detención Temporal para Extranjeros en Condición Irregular (CDTECI), Michael Fernández y al ministro de Seguridad, Gustavo Mata.
En problemas. El centro, cuya capacidad ni siquiera está bien definida, pasa hacinado la mayor parte del tiempo: no hay puertas en las duchas, los servicios sanitarios están en mal estado y no hay suficientes camas, lo que provoca que los detenidos duerman en el suelo. Así lo señala el informe de inspección del Ministerio de Salud CD-DARS-H-53-16, elaborado por la dirección regional del Ministerio de Salud de Hatillo, presentado el 3 de febrero pasado.
Actualmente, la población del centro es de 83 personas, de los cuales cerca de medio centenar son cubanos. 34 de ellos presentaron un recurso de hábeas corpus, luego de que los detuvieran por entrar ilegalmente aunque ellos alegan haber presentado solicitudes de refugio.
"No cumple con la tenencia de un plan de emergencias, ni con señalizaciones adecuadas para la debida evacuación o ubicación de recintos. Se me informó de parte del Lic. Michael Fernández Villalta, director a.i. gestor del centro, que el plan está en proceso de revisión", señala el informe.
El informe agrega que el lugar "no reúne las condiciones físico sanitarias para el bienestar y la salud integral de los detenidos".
La orden surge ante una solicitud de inspección emitida por la Sala Constitucional, como parte de las pruebas requeridas por los magistrados ante el hábeas corpus presentado por los cubanos. El recurso fue presentado a través de la organización no gubernamental Fundación Costarricense por los Derechos Humanos y Constitucionales, presidida por Rodolfo Nassar Guier.
De momento, la Sala no ha resuelto el recurso de hábeas corpus. La orden sanitaria es la primera acción en relación con la mejora de las condiciones de hacinamiento presentes en el centro de detención de extranjeros.
La situación de hacinamiento y de las pésimas condiciones del centro ya habían sido reseñada por La Nación en un reportaje del 15 de abril del 2015, en el que se señalaba que el país desperdiciaba dinero para mejorar las instalaciones.
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Dicho artículo reseñó que la Dirección de Migración no aprovechaba los recursos del Fondo Especial de Migración y el Fondo Social Migratorio (creados por la ley del 2009), que al año anterior sumaban ¢10.900 millones.
En cuanto al Fondo Nacional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (Fonatt), tiene en la actualidad más de ¢2.944 millones disponibles.
Este diario hizo la consulta a la Dirección de Migración sobre lo sucedido, sin embargo, a esta hora no ha habido respuesta.
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