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La marina Los Sueños, en Garabito, Puntarenas, es uno de los modelos de operación de atracaderos turísticos que opera en el país. Alonso Tenorio
Por tercera vez, la Sala Constitucional detectó errores en el proyecto de ley que pretende simplificar los trámites para la instalación de marinas y atracaderos turísticos, esta vez por un vicio de procedimiento.
En este caso, los legisladores no comunicaron a las municipalidades de los cambios en el plan y, por eso, los magistrados lo declararon con vicios de forma.
Las dos ocasiones anteriores, en el cuatrienio 2006-2010, la Sala detectó errores de fondo.
El proyecto, aprobado en primer debate a principios de esta Administración, llegó a la Sala Constitucional después de que diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) y del Frente Amplio lo objetaron en el Congreso.
Esta vez, los magistrados ni siquiera se pronunciaron sobre el fondo del plan, pues el error se produjo en el trámite que los diputados le dieron al proyecto de ley.
Los altos jueces Ana Virginia Calzada Miranda, Gilberth Armijo Sancho y Ricardo Guerrero Portilla señalaron el vicio que invalida el proceso, pues los legisladores no consultaron las modificaciones hechas al proyecto con los gobiernos locales,
Por su parte, el magistrado Fernando Castillo Víquez salvó el voto y rechazó la consulta.
El proyecto pretende reducir de dos meses a 45 días hábiles el plazo para que la Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos (Cimat) otorgue los permisos de operación.
Además, les da a las municipalidades un plazo para pronunciarse sobre los proyectos de 22 días hábiles, y no de un mes, como ocurre actualmente.
El plan también establece que tanto en las áreas de dominio público como en la zona marítimo-terrestre se podrán otorgar concesiones para la explotación de puertos y atracaderos.
