Por unanimidad, la Sala Constitucional rechazó este viernes los recursos de amparo y habeas corpus que presentó el importador de cemento chino Juan Carlos Bolaños contra la Comisión Especial Investigadora de los Créditos Bancarios.
Bolaños se quejó ante los magistrados, entre otras cosas, porque lo integrantes de ese foro lo hicieron ir a comparecer, el pasado 25 de agosto, a pesar de que él presentó un dictamen de un médico privado, donde se consignaba que padecía de una gastritis aguda, posiblemente ocasionada por el estres.
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Al respecto, la Sala IV concluyó que una incapacidad médica per se no era una justificante suficiente para no atender el interrogatorio de los diputados.
"Las incapacidades médicas no constituyen necesariamente una imposibilidad para atender audiencias, a menos que comprometan seriamente la salud de la persona, involucren un impedimento físico que imposibilite su movilidad, o sean de índole psiquiátrico, que afecten su capacidad de comprensión. En el caso, no se observó que el diagnóstico o las recomendaciones médicas cumplieran ese requisito", señala el comunicado que envió la Sala Constitucional.
Bolaños fue llamado a comparecer en el marco de la investigación que realiza el Congreso para determinar si hubo un eventual tráfico de influencias o alguna irregularidad en la trámitación de dos créditos suyos, por un total de $30 millones, en el Banco de Costa Rica (BCR), para importar cemento de China.
En la Comisión Especial también se indaga otro préstamo de $32,7 millones que obtuvo Coopelesca para comprar una planta hidroeléctrica a la cementera Holcim.
Ese foro legislativo está integrado por Ronny Monge, Sandra Piszk y Julio Rojas, de Liberación Nacional (PLN); Ottón Solís y Nidia Jiménez, de Acción Ciudadana (PAC); Patricia Mora, del Frente Amplio (FA); José Alberto Alfaro, del Movimiento Libertario; Abelino Esquivel, de Renovación Costarricense; y William Alvarado, de la Unidad Social Cristiana (PUSC).
Estipulado en la Constitución. Los magistrados tampoco acogieron el argumento del dueño de Sinocem Costa Rica, de que sufrió una violación al principio de reserva de ley, porque lo obligaron comparecer ante una Comisión con base en el Reglamento de la Asamblea Legislativa y no en una ley de la República".
"La Sala recordó que la facultad de una Comisión para convocar a una persona se encuentra directamente en la Constitución Política, por lo que no existe lesión a dicho principio", agrega el comunicado de prensa.
En cuanto al habeas corpus, la Sala IV también rechazó la queja en cuanto a que la Comisión "irrespetó los principios de neutralidad, objetividad e imparcialidad", y que se había excedido en su mandato.
Sobre ese particular los magistrados concluyeron: "La Sala resolvió el caso con base en su jurisprudencia, observando que no todos los principios del debido proceso, como los invocados por el recurrente, aplican en sentido estricto a las Comisiones Investigadoras, debido al carácter político de las investigaciones que realizan, ejerciendo un control político no jurisdiccional".
Un tercer recurso. La Sala Constitucional rechazó una tercera queja contra la Comisión. Esta fue presentada por el gerente general de la Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos (Coopelesca), Omar Miranda, quien señaló una supuesta infracción al "principio de no autoincriminación" por parte de ese foro y al igual que Juan Carlos Bolaños, adujo un exceso en su mandato.
Los magistrados reiteraron en este recurso, que la Comión ejerce un control político y no jurisdiccional, y entonces, no se aplican "todos los principios del debido proceso". El mismo argumento que utilizó para rechazar uno de los recursos de Bolaños.
Diputados satisfechos. La decisión de los magistrados fue catalogada por diputados de la Comisión como un apoyo de la Sala al trabajo de investigación que ellos realizan.
"Es una señal de que la presidencia de la Comisión Investigadora conoce de derecho, que ha emitido resoluciones amparadas en el ordenamiento jurídico. Solo presentar un dictamen médico no es motivo para no asistir. No fue una resolución antojadiza la que tomamos", expresó el presidente de ese foro, Ronny Monge, del PLN.
Mientras Patricia Mora del FA declaró: "Es un espaldarazo que la Sala Constitucional le da a esta instancia investigadora. Es una señal de que funciona en el país, por más que esté maltratado, nuestro estado de derecho".