Sentencia ordena a cuatro instituciones estudiar problema en San José y buscar solución

Sala IV pide entender al vendedor callejero y no solo reprimirlo

Alcalde Johnny Araya teme que el fallo sobrepase la capacidad municipal

Comerciantes informales sostienen que siguen en la calle para sobrevivir

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Ella viste de negro. Camisa negra, pantalón negro, zapatos negros y una bolsa de plástico negra, lista para tragarse en un santiamén los cascabeles que vende a ¢2.000 por si vienen los policías municipales.

Se acercan dos. Ella cierra la bolsa y se mueve con disimulo, escurridizamente, por el bulevar de la avenida central de San José. Procura pasar inadvertida entre los peatones que esperan el cambio del semáforo. Ya un poco más tranquila, dice que su nombre es Cinthya Rodríguez y tiene 42 años.

Relata que trabaja como vendedora ambulante desde hace seis años. “Yo vivía con mi marido, él se fue y tuve que trabajar por mis dos hijas”, afirma la vecina de Concepción de Alajuelita.

Hay policías cada dos cuadras. En otra esquina está Yamileth Ruiz, de 46 años y de origen nicaraguense. Según su relato, se quedó sola muy joven y, aunque en su tierra natal obtuvo un secretariado técnico, aquí trabaja en la calle desde hace más de 20 años. “Bueno, papi, lo dejo porque ahí vienen”, dice.

“Yo vendía en Nicaragua”, relata Elías Márquez, de 30 años, y vendedor de dispositivos como controles de televisión. “Cuando llegué (hace siete años), investigué dónde vendían (al por mayor), donde los chinos. Es un medio de vida”.

El viernes, al resolver un recurso de amparo, la Sala IV ordenó a cuatro instituciones no solo mantener las medidas para evitar que los vendedores ambulantes de San José bloqueen el tránsito, sino también estudiar las causas del fenómeno y atender el problema social.

“Son problemas que tienen un fuerte arraigo en causas más profundas. Una simple medida represiva no va a solucionar el problema de manera permanente”, dijo el magistrado Paul Rueda. Según la Sala, intervienen factores como la falta de acceso a la educación y al empleo formal, así como la desigualdad económica.

La sentencia ordenó a la Municipalidad de San José, al Ministerio de Seguridad, a la Dirección de Migración y al Ministerio de Trabajo entregar, cada seis meses, un informe sobre las medidas tomadas.

“Desde pequeño trabajo en comercio”, dice a sus 62 años Daniel Brizuela, quien confecciona imágenes de la Virgen de los Ángeles y las vende a ¢1.000 y a ¢1.500.

Johnny Araya, alcalde de San José y candidato presidencial del PLN, dijo que desconocía el fallo completo de la Sala IV, pero le parece sobredimensionado: “Que una municipalidad deba velar por el sustento de los vendedores se sale completamente de su capacidad.

”Podría ser esta una situación que más bien estimule el comercio informal. Una persona que busca ayuda del Gobierno coge una batea y se va para avenida central”, dijo Araya, quien estimó en 1.000 el número de vendedores. Añadió que el país debe generar fuentes de empleo alternativo para ellos.

Con esta última visión coincidió Mario Zamora, ministro de Seguridad: “A diferencia de otras resoluciones, donde solo hay respuesta de carácter policial, ahora se intenta dar un abordaje más integral”.

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Noticia La Nación: Sala IV pide entender al vendedor callejero y no solo reprimirlo