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Congreso incumple orden de crear régimen para destituir congresistas

Sala IV incapaz de obligar a diputados a cumplir sentencia

Actualizado el 09 de septiembre de 2016 a las 12:00 am

Cuerpo legislativo tiene seis años de atraso en crear una ley anticorrupción

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Sala IV incapaz de obligar a diputados a cumplir sentencia

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Un fallo de la Sala Constitucional de junio del 2010 obligaba a la Asamblea Legislativa a crear un régimen sancionatorio contra diputados que falten a probidad. | IGNACIO GONZÁLEZ/ ARCHIVO

El Congreso tiene ya seis años y dos meses de incumplir la sentencia de la Sala IV que lo “obliga” a crear un régimen para castigar a diputados que incurran en corrupción o que violen el principio de probidad. A los legisladores no les urge cumplir, y los magistrados admiten que no los pueden obligar.

El 29 de junio del 2010, a las 3:05 p. m., en el fallo 2010-11352 la Sala ordenó a la Asamblea Legislativa reformar la Constitución Política y el Reglamento de la institución de manera que se incluyera la violación al deber de probidad como causal de retiro de credenciales.

Los magistrados dieron un plazo máximo de 36 meses para el cumplimiento de la sentencia, pero ya han pasado 74 meses y la reforma para cumplir la sentencia no está en la agenda de los congresistas.

En abril pasado, los miembros de la Sala IV insistieron en que el Congreso debe poner en regla su régimen disciplinario pero la respuesta fue que está en trámite un proyecto de ley de Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana.

Recordatorio. El 1.° de setiembre de este año, luego de recibir una acción de inconstitucionalidad del abogado Yashin Castrillo, los magistrados le recordaron a la presidencia legislativa que no ha cumplido ese fallo.

La acción de Castrillo acusaba a los diputados de incumplimiento de esa resolución y los jueces volvieron a reiterar a la Asamblea que debe cumplir con la sentencia, pero esta vez no hubo plazos y además, señalaron que Castrillo no era parte del proceso.

“Esta sentencia constitucionaliza el incumplimiento de la sentencia de la Sala cuando su destinatario sea otro poder de la República u otras instituciones estatales, creando una discriminación en función del resto de los ciudadanos, a los cuales sí se les obliga a cumplir las sentencias bajo la prevención de que de no cumplirlas se le abre causa penal por desobediencia a la autoridad”, agregó Castrillo.

De hecho, en el razonamiento y en notas adjuntas al voto de mayoría, los magistrados aceptaron que no pueden obligar a los diputados a cumplir, debido a un vacío legal existente.

Esto debido a que la legislación actual no prevé ese escenario y ese vacío debería ser llenado, nada más y nada menos, que por la misma Asamblea que, en seis años y dos meses, se ha negado a cumplir la sentencia de la Sala.

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Callejón sin salida. El magistrado Fernando Castillo, redactor del último voto para recordar a los diputados que tienen una condena pendiente, aceptó que el marco legal actual lleva a la Sala a un “callejón sin salida”, en el cual se encuentran imposibilitados de hacer cumplir la sentencia.

“Hay legislaciones (de otros países) donde se permite al Tribunal constitucional sustituir la voluntad de la Asamblea en caso de que haya renuencia, pero en el caso de nuestro ordenamiento jurídico esta solución no está prevista”, explicó Castillo.

Por su parte, el magistrado Paul Rueda sostuvo que la Sala no puede obligar al Congreso a cumplir el fallo por cuanto se trata de una sentencia contra un cuerpo legal abstracto, y no una persona en particular.

“La Asamblea Legislativa plantea una situación particular, las ordenes dependen de un colegio compuesto por 57 personas donde hay un debate parlamentario con características muy particulares”, señaló Rueda.

La ausencia de ese principio, y de una regla que obligue a su cumplimiento, ha permitido la ausencia de un proceso sancionatorio contra varios legisladores cuestionados, entre ellos los excongresistas Fernando Sánchez y Maureen Ballestero (ambos del periodo 2006-2010), así como Jorge Angulo (2010-2014), todos del Partido Liberación Nacional (PLN).

En el 2007, Sánchez fue (junto al exvicepresidente de la República Kevin Casas) uno de los autores de un memorando enviado al entonces presidente Óscar Arias, en el cual recomendaba meter miedo a funcionarios, población y alcaldes que no apoyaran el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos.

En tanto, Ballestero utilizó una avioneta del Ministerio de Seguridad para asistir a una asamblea cantonal del PLN en Liberia. Por esta situación, Ballestero sí fue condenada, pero como civil, no como diputada.

En el caso de Angulo, el puntarenense fue acusado de presiones indebidas a los constructores de un colegio privado y de pedirles dádivas por supuestos beneficios; este expediente sigue en juicio.

Otros casos se han dado más recientemente gracias a los vacíos reglamentarios, y a la carencia de sanciones en materia de ética y de probidad.

Por ejemplo, los miembros del Directorio de la legislatura 2010-2011 no pudieron ser procesados por nombrar a la expresidenta del Partido Acción Ciudadana (PAC), Kattia Martin, en un puesto que se modificó para darle mejores condiciones salariales.

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Si bien estas situaciones se pudieron revisar a la luz de la misma ley que cubre y garantiza la persecución de la corrupción, la ausencia del marco jurídico impidió tal cometido.

Voluntad política. El asunto queda, entonces, en la voluntad política que tengan los diputados para establecer un mecanismo que sancione faltas a la ética y la probidad, como causa de pérdida de credenciales para el mismo cuerpo legislativo.

Esto, sin embargo, no ha existido en los últimos seis años y dos meses de parte de los diputados, pese a los pedidos de la Sala.

Al respecto, el actual presidente de la Asamblea Legislativa, Antonio Álvarez Desanti, afirmó que el proyecto de Solís se planteará para su discusión en las primeras semanas de octubre, pues las actuales prioridades lo ponen en segundo plano.

Álvarez Desanti indicó que sí hay un acuerdo para crear el régimen disciplinario, pero indicó que hay “zonas grises” en esta materia, que generan desconfianza entre los legisladores.

“Todos estamos de acuerdo en el castigo del retiro de credenciales por faltas a la probidad, sin embargo hay temores al entrar en zonas grises de la discusión, en vista de que se puede utilizar una norma poco clara para tomar represalias y silenciar diputados”, advirtió el congresista.

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