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Sala IV: derechos humanos deben regularse por ley

Actualizado el 13 de febrero de 2016 a las 12:00 am

Magistrados sostienen que el ámbito del Ejecutivo es ‘restringido’

Dicen que en la Asamblea se permite mayor discusión e implementación

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Sala IV: derechos humanos deben regularse por ley

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La anulación del decreto con el cual el Poder Ejecutivo intentó regular la aplicación de la fecundación in vitro (FIV) en el país, sirvió para reafirmar una posición que el gobierno de Luis Guillermo Solís intentó pasar por alto: la regulación de la implementación de los derechos se hace mediante una ley.

Así quedó recalcado en la sentencia del 3 de febrero del 2016, bajo la resolución N.° 2016001725, mediante la cual, por mayoría de cinco contra dos, los magistrados de la Sala IV declararon inconstitucional el decreto ejecutivo del 10 de setiembre del 2015, según el cual se pretendía regular la implementación de la fecundación in vitro en nuestro país.

“Todo lo relativo al régimen de regulación y afectación de derechos fundamentales es materia reservada al legislador ordinario. Este principio se extrae del artículo 28 de la Constitución Política y está contenido en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 29, párrafo segundo de la Declaración Universal de Derechos Humanos”, apuntaron los altos jueces.

Los magistrados ni siquiera observaron el fondo de la acción de inconstitucionalidad.

“En materia de regulación de derechos fundamentales, el ámbito de acción del Poder Ejecutivo es sumamente restringido y secundario (...). La inconstitucionalidad del reglamento de cita persiste, ya que constituye una regulación de derechos fundamentales más allá del simple establecimiento de requisitos y condiciones para su ejercicio”, añadió la Sala.

Con el decreto, el Ejecutivo pretendía cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) del 28 de noviembre del 2012, por el caso “Artavia Murillo y otros contra el Estado”, en la cual se condenó a Costa Rica a permitir e implementar la aplicación de la FIV.

Precisamente, en el año 2000, la Sala había anulado el decreto que permitía la FIV, lo que dio inicio al juicio mediante el cual el Estado fue condenado por la Corte IDH en el 2012 y que está bajo revisión de cumplimiento.

En criterio de los magistrados, el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH “implica una reconfiguración del nivel y alcance del derecho a la vida, así como la definición de un nuevo estatus de protección del embrión, con el fin de realizar una nueva ponderación de la protección de los otros derechos involucrados”, por lo que un decreto no sería suficiente para regular la materia.

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Uno a uno. Los razonamientos de los magistrados dejan en claro la posición mayoritaria de la Sala.

El juez Paul Rueda Leal centró su tesis en el hecho de que un decreto puede abrir un portillo para que otros derechos, como el de la información, sean regulados desde el Ejecutivo.

“En el Poder Ejecutivo, dentro del marco jurídico costarricense, las decisiones se adoptan obviamente de manera unilateral, no existe el mismo tipo de debate interno que caracteriza el Parlamento. Por ello, considero muy peligroso permitir que la regulación del contenido esencial de cualesquiera derechos fundamentales, le pueda ser atribuido al Poder Ejecutivo”, afirmó.

Por su parte, el magistrado José Paulino Hernández Gutiérrez consideró que ya hay jurisprudencia que insiste en el punto de que, en cuanto a derechos fundamentales, es el Congreso y no el Ejecutivo, el llamado a regular.

“En mi opinión, la regulación (...) es de carácter legislativo, y no reglamentario o ejecutivo, al estar de por medio derechos fundamentales, con especial referencia a la vida y la dignidad humana”, destacó Hernández.

“En el caso bajo estudio, es claro que la declaratoria de inconstitucional del decreto impugnado, supone la inmediata eliminación de este”, agregó.

El magistrado Fernando Cruz coincidió en que la reserva de ley está por encima de las potestades del Ejecutivo para regular temas de derechos humanos, aunque recalcó en su planteamiento que, al no haber una ley aprobada para cumplir con la sentencia de la Corte IDH, se debía dar por válido el decreto del Ejecutivo.

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