07 de marzo del 2012. Plenario Legislativo y presentacion de la nueva diputada del PLN Carolina Delgado. En la foto: el diputado del PLN Oscar Alfaro conversa en voz baja con Luis Aiza. (albert marin)
Por solicitud de la Fiscalía General, la Sala III de la Corte Suprema de Justicia ordenó levantarle el secreto bancario a una sociedad representada por el diputado liberacionista Óscar Alfaro.
La medida forma parte de una investigación judicial en torno al financiamiento de la campaña electoral del Partido Liberación Nacional (PLN).
Así lo confirmó ayer a este medio el fiscal general, Jorge Chavarría, luego de que el hecho fuese dado a conocer por Radio Reloj.
El fiscal explicó que se solicitó el levantamiento “para determinar el ingreso y posible egreso de fondos relacionados con financiamiento partidario”.
Sin detallar el nombre de la sociedad investigada, Chavarría explicó que solicitaron abrir la cuenta de la persona jurídica porque al parecer allí se depositaron recursos “supuestamente girados por gastos de transporte”.
Eric Ramos, abogado del legislador, sostuvo que el levantamiento del secreto bancario es una circunstancia absolutamente normal que, en su criterio, no tiene nada de noticiosa.
“Eso es una pesquisa ordinaria dentro de una investigación de esas características en las que una disposición constitucional, solo a través de un juez aportan esa información, en este caso a través de los magistrados” , declaró el abogado.
Además, Ramos informó de que a la defensa del diputado Alfaro no se le había notificado la medida.
A principios de este año, se denunció públicamente que numerosos cheques de campaña emitidos por el PLN para pagar supuestos alquileres de vehículos fueron cambiados, por dinero en efectivo, por los entonces empleados del diputado Óscar Alfaro en la organización del cantón Central de San José.
Tres de los exfuncionarios, por ejemplo, cambiaron al menos 42 cheques girados a nombre de 20 propietarios de vehículos en el Banco de Costa Rica (BCR). Los cheques sumaban ¢22,5 millones y fueron cambiados entre diciembre del 2009 y enero del 2010.
Según el jerarca del Ministerio Público, la Fiscalía General solicitó la apertura de la cuenta bancaria el 27 de junio y los magistrados la aprobaron el 22 de agosto.
La investigación la lleva la Fiscalía de Probidad y Transparencia, junto con la Fiscalía General.
Este último despacho interviene porque el caso involucra a miembros de los supremos poderes que tienen inmunidad. En este caso, a un diputado.
Únicamente los magistrados pueden autorizar el juicio o el levantamiento del secreto bancario de un legislador. Por ello, el fiscal general tramitó la apertura bancaria de la sociedad ligada a Alfaro ante la Sala III, la cual se encarga de ver materia penal.
El Ministerio Público todavía no ha presentado ninguna solicitud de levantamiento de inmunidad en relación con este caso.
“La lógica del proceso indica que la Fiscalía General, cumpliendo con las potestades de investigación que tiene, determina si existe algún delito y quién participó en él. Sino sería temerario hacer un planteamiento de levantamiento de la inmunidad de cualquier persona”, afirmó Chavarría.
En abril, el TSE denunció a 90 dirigentes del PLN ante el Ministerio Público tras concluir que el partido de gobierno le cobró, dentro de sus gastos de campaña, ¢400 millones por contratos aparentemente simulados de alquiler de autos.