La pretensión de diputados opositores de recortarle ¢35.000 millones al Presupuesto Nacional del 2012 desató ayer el enojo del Gobierno, la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
El inminente cambio presupuestario, impulsado por legisladores del PUSC, el PAC y el Movimiento Libertario, provocó ayer que ministros y jerarcas judiciales se presentaran al Congreso para expresar su disgusto.
Anoche, una consulta legal de los diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) frenó la discusión del ajuste.
El tema fue pospuesto para hoy, último día que tiene la Comisión de Asuntos Hacendarios para discutir el plan de gastos antes de pasárselo al plenario para su resolución final.
El primer asunto que se deberá conocer este jueves en la comisión es una propuesta de la oposición para cortar ¢54.000 millones (la moción número 91).
Los propios promotores de esta iniciativa pretendía ayer sustituir la moción por otra que redistribuiría solo ¢35.000 millones (¢9.000 millones menos).
También acudieron Jorge Chavarría, fiscal general de la República; el director del OIJ, Jorge Rojas; y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Paulino Mora. “Hablamos con el diputado (Luis) Fishman y tratamos de demostrarle que cualquier corte nos afecta”, aseveró Mora.
Incluso acudió Albino Vargas, líder de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP). “Don Albino, debo reconocer que usted nunca me ha caído bien, hasta hoy”, le dijo el liberacionista, Víctor Hugo Víquez, quien sostuvo que el recorte propuesto afectará derechos laborales.
Víquez tuvo encontronazos con el libertario Manuel Hernández y llamó “arrogante” al socialcristiano Luis Fishman, presidente de Hacendarios, quien hizo lo que pudo para que la discusión avanzara.
La sala de Hacendarios también fue sitiada por dirigentes comunales, quienes protagonizaron un zafarrancho con legisladores opositores al final de la sesión.
Los dirigentes rodearon y le gritaron a la diputada del PAC, Yolanda Acuña, mientras esta intentaba explicarles que recortarían ¢4.000 millones a la Dirección de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco) para evitar usos con fines políticos.
En Casa Presidencial, se escucharon las notas del
Benavides dijo que el recorte eliminaría las fotos satelitales para monitorear isla Calero, así como el alquiler de maquinaria para atender vías y contratos firmados con proveedores por ¢13.000 millones.
En el Congreso, el diputado del PLN, Francisco Chacón, agregó que se afectaría la operación de las cárceles y Alfredo Jones, director ejecutivo de la Corte, sostuvo que los dejarían sin vigilancia, limpieza, s
Marta Iris Muñoz, jefa de la Defensa Pública, sostuvo en una conferencia del PLN que “no hay manera” de que Fishman entienda que el Poder Judicial ejecuta casi el 100% de lo que presupuesta.
El socialcristiano dijo que los argumentos en su contra son “falsedades” e insistió en que recortan gastos que las instituciones nunca han sido capaces de ejecutar.
Su intención es redireccionar el dinero a proyectos como el censo agropecuario y la compra de aeronaves para la Policía.