EscucharEntre los aspirantes presidenciales con representación en la Asamblea Legislativa, solo cuatro están dispuestos a discutir las reformas a los impuestos de ventas y renta que el mandatario Luis Guillermo Solís pidió para su último año de labores.
Y la disposición a debatir el aumento de tributos no es incondicional entre los cuatro políticos, sino que depende de ciertas condiciones según el caso.
Los que están a favor de discutir el tema son el candidato del PLN, Antonio Álvarez Desanti; los precandidatos del PAC, Carlos Alvarado y Welmer Ramos; y el aspirante del Frente Amplio, Edgardo Araya.
En contraposición, por ahora rechazan subir impuestos los precandidatos del PUSC, Rafael Ortiz y Rodolfo Piza; y los del Movimiento Libertario, Natalia Díaz y Otto Guevara.
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¿Estaría dispuesto a discutir el paquete de impuestos? (Infografía, La Nación)
Durante su discurso del 1.° de mayo, el presidente Solís llamó a subir los ingresos del Estado mediante reformas en los impuestos de ventas y renta antes de que el déficit fiscal detone en un aumento de las tasas de interés.
La primera de esas reformas implicaría crear un impuesto sobre el valor agregado (IVA) que gravaría con un 13% servicios que hoy están libres de impuestos: básicamente todas las actividades profesionales, deportivas, recreativas, artísticas y culturales que hoy están exentas, como servicios de abogados y gimnasios.
Además, se cobrarían tributos sobre los alquileres, servicios de salud y educación, transporte público, electricidad y agua, pero con tasas menores para ciertos casos. Por último, se devolvería el tributo a las clases con menores ingresos.
VEA DETALLE DE PROPUESTA DE IVA Y RENTA AQUÍ
En el caso de renta, se subiría de un 8% a un 12% el gravamen sobre las ganancias de capital, las que se obtienen mediante compra de bonos o acciones, entre otras.
Para enfrentar un déficit fiscal que está en 5,2% del PIB, con peores proyecciones para los siguientes años, el gobierno tendría una oportunidad en la influencia que los aspirantes presidenciales podrían tener entre los diputados de sus partidos, de manera que el próximo presidente de la República reciba un mejor escenario fiscal.
Esa es la oportunidad que ven los viceministros de Hacienda y Presidencia, Fernando Rodríguez y Luis Paulino Mora, respectivamente, como último recurso para avanzar en la modernización de impuestos a un año de que se finalice su administración y en medio de una coyuntura electoral.
Los incondicionales con esa idea son los dos precandidatos de Acción Ciudadana (PAC), partido de gobierno con 13 diputados, que están de acuerdo a reformar los impuestos como lo propone Solís, aunque Ramos aseguró que los proyectos podrían mejorar.
El candidato del PLN, con 18 legisladores, dice que no apoyará más impuestos si no se controla el gasto que se hace en los beneficios salariales de los empleados públicos, un tema que el mandatario Solís ni siquiera mencionó en su discurso ante el Congreso.
En Liberación Nacional (PLN), el tema de empleo público no es negociable, según Álvarez. Para él, esa es la vía para discutir impuestos. No obstante, dice que no está comprometido con ninguna propuesta en particular sobre pluses salariales, ni siquiera con la de su compañera Sandra Piszk, que fue bombardeada por el gobierno a principios de este año.
En el Frente Amplio (FA), con seis diputados (otros dos fueron invitados a renunciar), el único precandidato Edgardo Araya afirmó que estarían dispuestos a discutir los impuestos que pide Solís solo si primero se discute la reforma al de renta, de manera que se grave más a las personas que reciben mayores ingresos, y luego evaluarían lo del IVA, siempre que no se suba la tasa más allá del 13%.
El FA no exige reforma a empleo público como condición. Según Araya, solo estaría dispuesto a apoyar un límite a los salarios más altos de los funcionarios públicos.
En el caso de los que no avalan discutir los impuestos de buenas a primeras, el socialcristiano Rodolfo Piza dice que no hablaría de impuestos si antes no se aprueban fuertes medidas de contención del gasto público.
Su rival Rafael Ortiz, en tanto, no solo quiere ver primero una reforma profunda al empleo público, sino que también un ajuste al costo de las pensiones del Poder Judicial.
El libertario Otto Guevara promete un camino tortuoso para los impuestos que quiere Solís. Antes de cualquier reforma en ese sentido, no solo pretende reformar empleo público y pensiones judiciales, sino que habla además de cierre de instituciones públicas.
Su contrincante, Natalia Díaz, más bien dice que se atrevería a reducir impuestos para mejorar el desempeño de la economía.
El gobierno desconvocó y desacreditó el proyecto que le ponía límite a pluses como anualidades y dedicación exclusiva, alegando que más bien aumentaría el gasto público, aunque la Contraloría General estimó que generaría un ahorro de ¢283.000 millones en las instituciones autónomas. Casa Presidencial dijo que el Ministerio de Planificación trabajaba en otra propuesta que no ha sido presentada al Congreso.
Propuesta "potable"
La mayoría de aspirantes coincide que la aprobación de nuevos impuestos para este año electoral es difícil, pero una propuesta más flexible podría estudiarse.
El Ministerio de Hacienda presentó a los diputados en diciembre del año anterior cambios en los proyectos de IVA y Renta que podrían dar viabilidad a su aprobación, aunque esas modificaciones no se han negociado todavía.
En IVA se propuso mantener en 13%, mientras que en renta se eliminaría la tasa propuesta de un 25% para los salarios. Se dejaría la de 20%; actualmente el tope es 15%.
Pese a ser propuestas políticas más "potables", según Rodríguez, no exonerarían al próximo gobierno a impulsar su propia reforma, pues la expectativa de recaudación se reduce de 2% a 1,6% de la producción.
En cuanto a empleo público, el viceministro de la Presidencia aseguró que la alternativa con más consenso es establecer topes a los salarios del sector público.
Agenda fiscal
El Poder Ejecutivo presentó en la corriente legislativa nueve proyectos fiscales para mejorar y fortalecer las finanzas públicas desde julio de 2014.
De estos, superaron la aprobación del Congreso la Ley para Mejorar la Lucha Contra el Contrabando, la Reforma a la normativa de los regímenes especiales de pensiones con cargo al presupuesto nacional, la Ley para Mejorar la Lucha Contra el Fraude Fiscal y la Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos.
Además, se suma la Ley de Personas Jurídicas que creó un nuevo impuesto para las empresas y sociedades inscritas en el Registro Nacional y que dará recursos a la policía nacional.
Aprobar estos proyectos tampoco tuvo el camino fácil y entre su presentación y aprobación, los diputados tardaron entre 11 y 27 meses.
Además del IVA y Renta, están pendientes los proyectos de Responsabilidad Tributaria y el de ley de Regímenes de Exenciones y no Sujeciones del Pago de Tributos, Su Otorgamiento y Control sobre su Uso y Destino.
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