San José (Redacción). La compañía Industrias Infinito, propietaria del proyecto minero Crucitas, dijo estar sorprendida ante el anuncio de que el Gobierno evalúa un decreto para derogar la declaratoria de interés público de la mina.
Juan Carlos Hernández, abogado de la empresa de capital canadiense, sostuvo que la firma tendría que ser indemnizada, lo que calificó de muy lamentable para el país.
Según el asesor legal, a Industrias Infinito le parece contradictorio que la Presidencia de la República estudie un decreto solicitado por ambientalistas luego de que, en su criterio, la Sala IV concluyera que el proyecto de explotación cumplió con todos los requisitos.
“Si al final del día toman la decisión de cancelarlo (el proyecto), tienen que buscar otras razones porque, desde el punto de vista ambiental y legal, no hay razón”, dijo Hernández este mediodía.
Según el abogado, sería contradictorio que se le tenga que pagar una indemnización al Estado con dinero de los impuestos y que, a la vez, se pierda una oportunidad de desarrollo para la zona norte.
Crucitas es un proyecto de extracción de oro a cielo abierto en Cutris de San Carlos. La firma estima que podrá extraer 700.000 onzas de oro, cantidad que equivaldría hoy a $836 millones según el precio de ese metal en el mercado internacional.
“Entendemos que esas declaraciones se dan al tenor de la solicitud de una parte de la sociedad, pero Costa Rica es un estado de derecho”, agregó el abogado de la firma canadiense.
La compañía añadió que el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo frenó provisionalmente el permiso de corta de árboles en la zona, pero el inicio de operaciones del resto de las actividades de la mina depende de la Comisión Mixta de Monitoreo y Control Ambiental.
Ese es un grupo coordinado por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), que cuenta con representantes de instituciones públicas y de la comunidad.