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Procuradora pide fijar normas para la JPS

Actualizado el 22 de noviembre de 2013 a las 12:00 am

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Procuradora pide fijar normas para la JPS

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La procuradora general adjunta, Magda Inés Rojas, pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Instituto Costarricense sobre Drogas fijarle las normas a la Junta de Protección Social para el reporte de operaciones sospechosas de lavado de dinero.

Así lo estableció Rojas en el dictamen C-060-2013, donde aclaró un anterior pronunciamiento que ceñía a la JPS al cumplimiento del artículo 15 bis de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimación de capitales y actividades conexas.

Ese artículo establece que toda persona física o jurídica que haga transacciones iguales o mayores a $10.000 (¢5 millones) deberá comunicar a la UIF la información sobre esas gestiones.

La procuradora emitió dicho criterio tras una solicitud de reconsideración que pidió la JPS de un criterio de noviembre del 2012, según el cual la Junta debía mantener como requisito para apostar en juegos electrónicos la presentación de la cédula.

Milton Vargas, gerente de la JPS, explicó ayer que han mantenido reuniones por varios meses con la UIF para fijar las reglas que permitan el seguimiento de casos sospechosos de lavado.

Bernardita Marín, del ICD, dijo que buscan sensibilizar a la Junta de Protección Social (JPS) para crear un modelo de control sobre la legitimación de capitales.

“Hay otras entidades que nos proporcionan información para tener fuentes diversas y poder recurrir a más elementos”, dijo ayer Marín a La Nación . Agregó que promueven una reforma legal a la ley 8.204 en el Congreso, para llenar ese vacío. Milton Vargas añadió que ya hay un borrador del documento para fijar esas reglas.

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Aarón Sequeira

aaron.sequeira@nacion.com

Periodista de Política

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica. Investiga y escribe sobre negociaciones políticas, pactos partidarios y proyectos de ley de impacto nacional.

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