Con 35 años de estar ligado a la Procuraduría General de la República y 10 de ser uno de los procuradores de la Ética Pública, Rónald Víquez asumió la jefatura de la oficina encargada de prevenir y perseguir la corrupción en la función pública.
Víquez, abogado herediano de 58 años, experto en Derecho Penal, sustituirá a Gílberth Calderón, quien se jubiló en diciembre pasado.
Como procurador de la Ética, Víquez tuvo a su cargo casos como Caja-Fischel, Crucitas y la trocha fronteriza, entre otros.
Polémica. En enero, la polémica alrededor del nombramiento del nuevo procurador de la Ética tomó los titulares de medios y las discusiones políticas, a raíz de la reunión que sostuvo el ex viceministro de la Presidencia, Daniel Soley, con la procuradora general, Ana Lorena Brenes.
Brenes quería nombrar un funcionario por ascenso, mientras que Soley dijo que el Gobierno se inclinaba más por un concurso que permitiera la participación de personas externas a la Procuraduría.
Ante la Asamblea Legislativa, la procuradora Brenes dijo que Soley objetó las intenciones de ella de designar a un subordinado por ascenso.
Aunque en la conversación no se mencionó el nombre de Víquez, la procuradora dijo a los diputados haber interpretado que Soley estaba vetando a Víquez, por las funciones que tuvo en el pasado.
Anoche, consultado sobre el nombramiento de Víquez, el exviceministro Soley afirmó lo siguiente: “Es un funcionario de altos quilates, de gran experiencia y muy sólido”.
Tras su designación, Víquez espera que el Poder Ejecutivo impulse reformas que le den músculo a la Procuraduría de la Ética tal y como lo prometió el Partido Acción Ciudadana durante la campaña electoral.
“Esperamos que sean consecuentes en el impulso de leyes que vayan a darnos músculo a las labores que desempeñamos”, dijo el nuevo jerarca.