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Los presidentes de la Repíublica, Luis Guillermo Solís, de la Corte, Carlos Chinchilla, del TSE, Antonio Sobrado y del Congreso, Gonzalo Ramírez pidieron la aprobación del plan de ley para lña extinción de dominio. (Esteban Mata )
Los presidentes de los supremos poderes llamaron a los diputados a aprobar, de forma urgente, un proyecto de ley que permitirá arrebatarles bienes a personas sospechosas de estar ligadas al crimen organizado, y que no pueden justificar el origen de sus recursos, aunque no hayan sido condenadas penalmente.
Se trata del plan conocido como Ley de Extinción de Dominio, con el cual se pretende atacar a las estructuras del crimen organizado.
En favor del texto se pronunciaron este miércoles el presidente de la República, Luis Guillermo Solís; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla; de la Asamblea Legislativa, Gonzalo Ramírez; y el del Tribunal Supremo de Elecciones, Luis Antonio Sobrado.
Ellos sostuvieron un almuerzo este mediodía. "Hemos concordado la urgencia de solicitar la pronta aprobación de la Ley de Extinción de Dominio, pues creemos que cuenta con un amplio grado de consenso", dijo Solís.
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El mandatario recalcó que la aprobación del proyecto de ley vendría a asestar un golpe a los grupos de crimen organizado, mediante el decomiso de los bienes muebles (automotores), inmuebles (terrenos o edificaciones) y dinero en efectivo, que está en poder de delincuentes.
"Sin la aprobación de esta ley, se nos pone cuesta arriba la lucha contra el crimen organizado", afirmó Solís.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla, confirmó su respaldo al plan de ley, al tiempo que aceptó que se requiere hacer ajustes al mismo.
"Siempre he mantenido la necesidad de que nuestro país dé un ejemplo a nivel mundial, dando un fuerte golpe a lo que financia el crimen organizado y el narcotráfico", afirmó Chinchilla.
Chinchilla insistió en que el proyecto de ley no trata un tema penal, sino administrativo, donde lo que se cuestiona es la procedencia legal de los activos de las personas.
Por ello, se crearía una estructura, ajena a los ámbitos de acción penal del Poder Judicial, para que las autoridades puedan golpear económicamente a los grupos criminales.
"No se dirige un proceso contra personas, sino contra capitales, contra bienes y ha sido exitosa en países como Guatemala y Colombia", dijo Chinchilla.
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El presidente legislativo, Gonzalo Ramírez, acuerpó a Solís y a Chinchilla, en el sentido de que ya la Sala Constitucional se ha pronunciado en torno a la posibilidad de que se puedan quitar bienes sin afectar los derechos de las personas.
El proyecto de extinción de dominio, presentado por Antonio Álvarez Desanti bajo el expediente 19.571 en mayo del 2015, plantea la posibilidad de que las autoridades judiciales le arrebaten propiedades, dinero u objetos a personas sospechosas de participar en crimen organizado, y que no puedan justificar el origen de sus bienes.
Álvarez defiende su propuesta como un mecanismo para que, mediante una sentencia judicial denominada de "extinción de dominio", se quiten los bienes aunque no exista una condena penal previa.
En la doctrina, esta figura se conoce como el "decomiso sin condena" y es la respuesta a flagelos como el narcotráfico, el lavado de dinero, el terrorismo, la trata de personas y la corrupción.
En el Congreso, los principales objetores al proyecto de ley son las bancadas del Movimiento Libertario y de la Unidad Social Cristiana (PUSC).
Para el diputado del Movimiento Libertario, Otto Guevara, la propuesta violenta el derecho a la propiedad de las personas, así como el principio de inocencia, al tiempo que invierte el peso de la prueba; es decir, ya la Fiscalía no debería demostrar que alguien es culpable, sino que una persona debería demostrar que es inocente y que sus posesiones fueron adquiridas de manera legal y con recursos legales.
Guevara recalcó que, aunque los poderes Ejecutivo y Judicial insistan en que no se trata de un tema penal, en la práctica, sí lo es.
