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Casa Presidencial recurrió a la Fuerza Pública para apurar cambio de mando en Junta de Desarrollo de la Zona Sur

Policía debió seguir a exdirectivos de Judesur para notificarles su destitución

Actualizado el 29 de septiembre de 2016 a las 12:09 pm

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Policía debió seguir a exdirectivos de Judesur para notificarles su destitución

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(Video) Policía debió seguir a miembros de Judesur para notificarlos de cese de funciones

Aseguran que no fue una persecución, pero lo cierto es que Casa Presidencial recurrió al apoyo de oficiales y vehículos de la Policía, el martes, para notificar en Golfito a los entonces directivos de Judesur de que acababan de ser destituidos de sus cargos, con lo cual debían abandonar el control de la institución.

La mañana de ese día, Gerardo Guerrero, un comerciante y dirigente comunal golfiteño, escuchó el motor de una avioneta de la Fuerza Pública volando bajo sobre la bahía de Golfito. "Yo escuché el avión, y me dije 'algo va a pasar'", recordó.

En la avioneta viajaba Bernal Bolaños, asesor del viceministerio de la Presidencia, junto con un asesor jurídico de Casa Presidencial. Traían en sus manos una decisión tomada un par de horas antes, entre los primeros acuerdos de la sesión del Consejo de Gobierno.

Los ministros decidieron que la junta interventora de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), nombrada por el propio presidente Luis Guillermo Solís en el 2014, debía ser cesada y sustituida esa misma mañana.

Así lo hicieron luego de varios capítulos de enfrentamientos que incluyeron, por ejemplo, una demanda de los interventores contra el Estado y versiones sobre un posible cierre del Depósito Libre de Impuestos de Golfito.

La notificación de la destitución urgía para que ese mismo martes el presidente en ejercicio, Helio Fallas, pudiera juramentar a los nuevos directores y para que el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, lo anunciara.

LEA: Gobierno finaliza intervención de Judesur y sustituye a directivos que demandaron al Estado

Pero la notificación no fue tan sencilla. Así lo reseñó el diputado jefe de bancada de la Unidad Social Cristiana (PUSC), el puntarenense Gerardo Vargas, al señalar que incluso hubo "una fuga" de parte de los directores, para evitar la notificación.

El dirigente comunal, testigo del hecho, lo describió así: "Yo estaba en el Depósito y tenía que ir a Judesur a recoger unos documentos. Llegué al Banco Nacional y al rato vi salir al presidente de la Junta (Manuel Herrera Mutis) salir con el señor Ricardo Solís (directivo) y una muchacha. Yo estaba al lado del puente, se montaron al carro y en eso vi que venían los carros de la GAO (Grupo de Apoyo Operacional de la Fuerza Pública) y todo, y en eso Manuel (Herrera) se montó en el carro y echó opara atrás, y antes de que se estacionara el carro de la GAO, el hombre arrancó el carro".

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Según el comerciante, la presencia policial había llamado la atención de los vecinos y los funcionarios de Casa Presidencial por poco quedan despistados.

"En ese momento les dije 'ahí va, ahí va en el carro', y me preguntaron '¿quién?' y yo le dije 'diay Manuel, el presidente de la Junta'. Y me preguntaron '¿hay más miembros de la junta arriba (las oficinas de Judesur están en los altos del Banco Nacional)?'. Entonces, se pusieron detrás del carro de don Manuel, y ahí en el mercado lo interceptaron, lo pararon y de todo, ahí una muchacha grabó eso, y después me pasó el video a mí".

Bolaños, el funcionario del Ministerio de la Presidencia que venía a notificar a los miembros de la Junta Interventora, recuerda los hechos con más pausa, pero sin diferencias de fondo: "Nos desplazamos a Golfito, realizando coordinaciones con Fuerza Pública, tanto para el traslado desde San José, como para el transporte necesario en el mismo Golfito. Al llegar nos desplazamos a las oficinas de Judesur".

"En ningún momento fue una persecución policial. Poco después, logramos alcanzarlos y, en compañía de la Fuerza Pública, por un tema de fe pública, les dijimos que debíamos proceder a notificarles. Llegamos al acuerdo de ir al hotel Mar y Luna para notificarles", reseñó Bolaños.

Aún este jueves, los exdirectivos no han querido referirse a su salida de la administración de Judesur. Al filo de las 6 p. m. del martes, solo distribuyeron un oficio en el que presentaron su renuncia al presidente Luis Guillermo Solís por la "abismal diferencia de criterio" entre ellos y Casa Presidencial, en torno al equilibrio financiero de Judesur.

Las renuncias se dieron, en todo caso, después de que el Gobierno los destituyera.

Ellos insistieron en que han advertido del desequilibro financiero de Judesur en forma escrita ante el Ministerio de la Presidencia, Consejo de Gobierno, Ministerio de Planificación, Contraloría General de la República y Autoridad Presupuestaria, pero como respuesta han obtenido el silencio.

En reiteradas ocasiones, este medio llamó y escribió al presidente de la Junta saliente, Herrera Mutis, pero no contestó.

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El principal punto de desencuentro entre el Gobierno y la Junta Interventora fue la aprobación de una nueva ley que rebajará los impuestos que pagan los consumidores que visiten el Depósito Libre de Golfito, con el objetivo de hacer las compras más atractivas y aumentar la visitación.

"En ningún momento fue una persecución policial. Poco después, logramos alcanzarlos y, en compañía de la Fuerza Pública, por un tema de fe pública, les dijimos que debíamos proceder a notificarles. Llegamos al acuerdo de ir al hotel Mar y Luna para notificarles", Bernal Bolaños, Presidencia

La ley rebaja el tributo de un 18% a un 14% en su primer año de vigencia, a un 12% en el segundo año y a un 10% en el tercer año. Además, cambia la distribución del dinero que se recauda con el impuesto y sube de un 8% hasta un 15% el porcentaje que se puede destinar a la operación de Judesur.

Los interventores Herrera Mutis, Luis Achío, Ricardo Solís, Vielka Rojas y Jendry Acevedo alegan que la medida debilitará los ingresos de Judesur, que se destinan al desarrollo de los cantones de sureños Golfito, Osa, Corredores, Coto Brus y Buenos Aires.

Por ello, presentaron una demanda contra el Estado por unos ¢7.000 millones.

A su vez, el director ejecutivo, Carlos Murillo, dijo que la subsistencia de Depósito Libre está en riesgo, versión que fue desmentida por Zapote.

Casa Presidencial procedió a nombrar 11 nuevos directivos de acuerdo con la distrubución que establece la nueva ley.

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