Aun con las reformas impulsadas la noche del jueves por una comisión especial del Congreso, las pensiones del Poder Judicial mantienen ventajas sobre las del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), de la CCSS, que cubre a la mayor parte de la población.
Para tratar de cerrar el déficit actuarial de ¢5,3 billones en el sistema judicial, los diputados aumentaron en cinco años la edad mínima para jubilarse e impusieron un tope de ¢4 millones, así como una contribución solidaria a las jubilaciones actuales que hoy superan esa cifra.
Según el texto que salió con un dictamen afirmativo de la Comisión Especial de Pensiones, los funcionarios de la Corte se jubilarían con una pensión equivalente al 85% del promedio de los últimos 240 salarios, y no con el 100% del promedio de los últimos 24 sueldos, como rige actualmente.
Ese porcentaje es superior al que reciben los pensionados de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), que perciben un 60% del salario promedio de los últimos 240 salarios.
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Los legisladores también proponen imponer un tope de ¢4 millones a las jubilaciones judiciales y un aporte solidario del 50% sobre los montos que excedan ese límite.
En el régimen de la CCSS, ningún trabajador puede gozar de una pensión superior a los ¢1,5 millones, a menos de que recurra al método conocido como pensión con postergación, que le permitiría alcanzar hasta ¢2,5 millones con la condición de que continúe trabajando un tiempo más después de cumplir la edad de jubilación.
En cuanto a la edad mínima para jubilarse en el Poder Judicial, los diputados la elevaron de 60 a 65 años, con 35 años de servicio en lugar de 30.
Los cotizantes del IVM, en tanto, se pueden pensionar a los 65 años, pero los hombres requieren haber laborado 38,5 años y las mujeres, 37,5 años.
En cuanto a las cotizaciones, los afiliados al IVM aportan un 3,34% del salario, mientras que el patrono da un 5,08% y el Estado, un 1,24%.
En la Corte, los funcionarios hoy dan un 11%, al tiempo que el Poder Judicial pone un 14,36%, como patrono; y el Estado un 1,24%.
El plan subiría las cotizaciones de los empleados hasta un 15% cuanto más alto sea el salario.
Las pensiones del IVM también están en problemas. Un estudio de la Universidad de Costa Rica (UCR) también advirtió de que las reservas del fondo se agotarían en el año 2030, diez años antes de lo que se creía.
Por eso, la UCR propuso medidas como elevar la edad de jubilación de 65 a 70 años, bajar el cálculo de la pensión a un 40% del promedio de los últimos 240 salarios o elevar la cotización de los empleados a un 8,72%, de los patronos a un 13,99% y del Estado, a un 3,69%.
El IVM cuenta con 226.000 jubilados actualmente y 1,5 millones de trabajadores activos cotizando. El del Poder Judicial tiene 3.600 pensionados y 12.800 cotizantes.
La reforma al régimen del Poder Judicial debe ser aprobada en dos debates por la mayoría de los congresistas —29 de 57—, en el seno del Plenario legislativo, para que entren en vigencia tras la rúbrica del presidente de la República, Luis Guillermo Solís.