Antonio Sánchez tiene 45 años de vivir en Paso Canoas y 35 de arrendarle al Estado la pequeña propiedad, donde tiene su casa.
Esa especie de contrato, que le daba derecho de vivir ahí, fue establecido con el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) y debía renovarlo cada cinco años.
“Era solo como para tener un techo donde meterse. Teníamos claro que la tierra no nos pertenecía (aunque sí las mejoras), no podíamos vender, tampoco optar por un bono de vivienda o poner la propiedad a responder ante una entidad bancaria”, contó el pensionado de 67 años.
La decisión del Gobierno de otorgar en concesión la llamada milla fronteriza cambió la vida de Sánchez y de otros pobladores de la zona.
Él es uno de los beneficiados con los primeros 59 derechos de explotación de tierra, dados la semana pasada por el Instituto de Desarrollo Rural (Inder).
La milla fronteriza es una franja de 2 kilómetros que discurre a lo largo de la frontera, en este caso con Panamá.
Esa porción de tierra es propiedad del Estado y, por razones de seguridad y ambientales es inalienable; es decir, es intransferible e irrenunciable.
No obstante, la norma del Ejecutivo permite a quienes viven, tengan actividades comerciales o productivas en esa zona, optar por una concesión por un plazo de 25 años, prorrogable por un periodo igual.
También, pueden optar por el beneficio las instituciones, empresas y organizaciones no gubernamentales o comunales.
“Con estas concesiones, somos dueños de nuestras propiedades por 25 años. Ahora sí podemos optar por un bono de vivienda y poner la propiedad a responder por alguna gestión bancaria”, celebró Sánchez.
Alternativa. El Gobierno optó por la concesión luego de que los diputados archivaran (en mayo) un proyecto de ley que pretendía desafectar y titular tierras ocupadas en la frontera con Panamá.
A su vez, los congresistas se fundamentaron en un pronunciamiento de la Sala IV que calificó la iniciativa de ley como inconstitucional .
El Inder comunicó que para llegar a esta solución fue necesario un proceso de consulta con los actores comunales, vecinos de la zona e instituciones estatales.
“A partir de ahora, los habitantes tienen una nueva herramienta que permitirá mejorar su calidad de vida”, informó.
Los primeros títulos fueron entregados a vecinos de Corredores y Coto Brus. Otros 100 expedientes están a la espera de la publicación del edicto en La Gaceta y en proceso de revisión.
Según las reglas establecidas por el Inder, cada persona tiene derecho a un máximo de tres concesiones. Las organizaciones comunales o entidades sin fines de lucro o que presten servicio a la comunidad, podrán solicitar tantas concesiones como se requieran para el desarrollo de sus actividades. El área máxima por otorgar será de 100 hectáreas.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) estima que en la milla fronteriza residen unas 17.000 personas.
Para Antonio Sánchez, obtener la concesión es poner fin a una lucha de más de 35 años.