El plazo para decidir el futuro del Proyecto de Ley de Gestión Integral del Recurso Hídrico en el plenario de la Asamblea Legislativa tiene confundidos a los diputados, pues nadie sabe exactamente cuál es el último día para votar la iniciativa.
La confusión se atiza con la diferencia de criterios entre el Departamento de Servicios Técnicos del Congreso y la Comisión Permanente Especial de Ambiente.
Fernando Campos, de Servicios Técnicos, aseguró anoche que, según la tramitación del proyecto, la fecha límite para la votación es el 22 de noviembre, o sea, mañana.
Pero la jefa de área de la Comisión de Ambiente, Hannia Durán, le advirtió este lunes al presidente de ese grupo, el diputado Alfonso Pérez, de que restan 15 días para que finalice el trámite, que cumple hoy 715 días en el legislativo.
La Ley de Iniciativa Popular establece que todo proyecto presentado por un 5% de los ciudadanos empadronados en el Registro Civil –como en este caso– debe ser aprobado o desechado mediante una votación dentro de los dos años siguientes a su presentación.
La nueva normativa llegaría a sustituir a la vieja Ley de Aguas, vigente desde 1942. La propuesta planea garantizar a todos los costarricenses el acceso al agua, ordena que este sea un servicio público no lucrativo y convierte el agua en un bien de dominio estatal.
En ese sentido, hay temor de que la legislación implique ese dominio sobre nacientes de agua existentes en propiedades privadas.
Carmen Muñoz, jefa de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), dijo que aún no hay acuerdo entre las fracciones políticas para la votación del proyecto.
“El plenario tiene el agua al cuello. No se han logrado esfuerzos a través de las vías formales. Se han hecho consultas sobre el plazo, pero el tema no se ha abordado con seriedad. Hay unas cuantas horas de tiempo”, reconoció Muñoz.
Claudio Monge, también del PAC, y el liberacionista Alfonso Pérez, quien preside la Comisión de Ambiente, avalan el criterio de esa comisión de que todavía hay tiempo para completar el trámite.
Ambos legisladores señalaron que si no se logra pronto un acuerdo o el proyecto de ley no es convocado por la Presidencia de la República en el periodo de sesiones extraordinarias (de diciembre a abril), la votación de la “nueva” Ley de Aguas quedaría en manos de los diputados que entrarán en mayo del 2014.
Pérez explicó que hay demasiado esfuerzo externo al Congreso para encontrar un punto de coincidencia, pese a que el texto original no ha avanzado un solo paso.
Por el momento, hay cuatro propuestas de reforma al proyecto original: una del Poder Ejecutivo, otra del PAC y dos del Frente Amplio.
Un tercer criterio sobre el plazo es del presidente legislativo Luis Fernando Mendoza, quien afirma que le toca a él fijar fecha límite para discutir la iniciativa en el pleno.
“No he hecho la suma y resta de los días, pero sí le puedo decir que no es el viernes que se vence el plazo”, comentó Mendoza anoche.