Rafael Ortiz, jefe de fracción de la Unidad Social Cristiana (PUSC), tomó el micrófono esta tarde en el Plenario para pedir votos a fin de salvar la reforma procesal laboral, proyecto que fue vetado por la expresidenta Laura Chinchilla, en el 2012, porque legalizaría las huelgas en los servicios públicos esenciales.
El plazo cuatrienal del plan vence el lunes 13 de diciembre y se requieren 38 votos para aprobar una moción que prolongue su discusión y que evite que caiga en el archivo.
Al tiempo que el Frente Amplio exige al presidente Luis Guillermo Solís buscar los votos para salvar el proyecto, el PUSC se sumó a la búsqueda del apoyo a una iniciativa que enfrenta la oposición de sectores como la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep), por ejemplo.
Ortiz sostuvo que se aceleran las negociaciones para conseguir los votos. Él alega que la reforma procesal es necesaria, pues también introduciría la oralidad en los juicios laborales, lo que reduciría los tiempos que duran estos procesos.
Víctor Morales Zapata, diputado del gobernante Acción Ciudadana (PAC), sostuvo que no esperaban el llamado de Ortiz y lo valoró por el hecho de considerar al jefe del PUSC como un hombre "conciliador".
Conseguir los 38 votos no es fácil para el Gobierno, pues hasta el momento solo cuenta con el apoyo de su bancada, del Frente Amplio, del Movimiento Libertario y del PUSC. Si todos los diputados de estas agrupaciones votaran a favor de la moción, se sumarían 34 votos.
Editora de Investigación y Análisis de Datos. Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Redactora del año de La Nación en 2016, 2022 y 2023. Premio Nacional de Periodismo 2022.
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