EL PUSC recibió altas sumas de dinero en efectivo para financiar la pasada campaña municipal, algo que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) considera inusual por razones de seguridad y de transparencia sobre el origen de los recursos.
Para las elecciones del 7 de febrero, al Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) le fueron depositados ¢165 millones en dinero contante y sonante, en su cuenta en el Banco Popular.
Estos depósitos significaron casi una quinta parte de los ¢950 millones que la Unidad reportó haber gastado en los comicios.
El efectivo lo depositaron, principalmente, diputados y candidatos para los cargos por elegir en febrero, en calidad de préstamo o donación.
Los ¢165 millones provinieron de 59 personas, pero diez de ellas concentraron más del 60%, unos ¢105 millones.
Sobresalen los legisladores socialcristianos William Alvarado Bogantes (con ¢18,6 millones), Humberto Vargas Corrales (¢16,3 millones) y Gerardo Vargas Rojas (¢5,5 millones).
También, aparecen los excandidatos a alcalde Rodolfo Peña Flores, de Liberia (¢11,5 millones), y Edvin Castillo Hernández, de Nicoya (¢18 millones), así como el alcalde de Belén, Horacio Alvarado (¢8,6 millones).
Algunos, incluso, facilitaron el efectivo a título de préstamo, a pesar de que el PUSC todavía les adeuda créditos de procesos electorales anteriores.
Así consta en un recuento elaborado por La Nación con base en los estados financieros y estados de cuentas bancarias que el grupo presentó al TSE luego de los comicios, en los que el PUSC ganó 14 de 81 alcaldías en disputa.
Bajo la lupa. Si bien el flujo de efectivo es legal, es anormal que se le depositen sumas elevadas a un grupo político por esa vía.
“Usualmente, las operaciones en efectivo están asociadas a donaciones, pago de afiliaciones o membrecías, cuando estos son de baja cuantía. Tratándose de operaciones de mayor cuantía, las transacciones suelen realizarse mediante transferencias bancarias o cheques, por razones de seguridad para el depositante, y en virtud de que la bancarización de los recursos por esas vías contribuye con la apropiada identificación del origen de los recursos”, declaró Rónald Chacón, jefe del departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE.
El funcionario agregó que, a raíz de estos depósitos en efectivo, el Tribunal está fiscalizando al PUSC: “Como parte de tales verificaciones, se han cursado requerimientos de información bancaria, así como consultas a prestamistas y personeros del área contable”.
Legisladores prestamistas. El diputado William Alvarado efectuó cuatro depósitos por ¢18,6 millones en 20 días, la mayoría después del día de las elecciones.
Consultado por este medio, Alvarado dijo no recordar las razones por las que llegó a depositar hasta ¢7,7 millones en efectivo en un día. Primero, afirmó que no se acordaba de haber entregado dinero al contado, pero después sostuvo que sí lo hizo y que fue un préstamo al Partido. Según él, la forma pudo deberse a que sacó dinero de su cuenta en otro banco para ir en persona a hacer la transacción al Popular.
Agregó que el dinero proviene de sus ingresos como diputado, de un crédito de ¢7 millones con la cooperativa de la Asamblea Legislativa y de un porcentaje de los ¢17,6 millones que recibió de la Tesorería Nacional, tras canjear bonos de deuda política de las elecciones del 2014, que el PUSC le entregó como pago por otro crédito que hizo en esa contienda.
“Diputados de otros partidos deben contribuir con cuotas mensuales o con un porcentaje de su salario. En el caso nuestro (el PUSC) eso no existe. Creo que es una obligación nuestra como partidarios y, sobre todo por tratarse a nivel de alcaldías, el poder contribuir con ellos, el poder ayudar en cada uno de los cantones, pues lógicamente es arriesgado (prestar el dinero), pero cuando uno está en la vida política, sobre todo cuando uno es diputado, lo mínimo que uno puede hacer es contribuir con candidatos a alcalde y regidor que colaboraron con la campaña de uno”, declaró Alvarado.
Sus compañeros de bancada, Humberto Vargas Corrales y Gerardo Vargas Rojas, también alegaron no recordar si depositaron en efectivo. Ambos se mostraron sorprendidos ante la pregunta.
Ellos dijeron que concedieron préstamos al PUSC para apoyar algunas candidaturas, que los recursos son propios y que provienen de negocios familiares. Coincidieron en que aportaron el dinero a sabiendas de que, eventualmente, no lo recuperarán.
“Yo tenía que apoyar los 20 cantones de San José y creo que una parte de Guanacaste, pero no recuerdo (…). Aquí simplemente seguro saqué la plata y mandé a alguien a hacer el depósito correspondiente. La gran mayoría de los aportes que uno hace al Partido son por temas ideológicos, porque uno cree en una causa; evidentemente, uno sabe que cuando se ayuda a una organización como esta, el Estado le puede resarcir una parte (con recursos de la contribución estatal). Eso es una lotería porque nadie puede predecir el resultado electoral final”, expresó Vargas.
Su compañero Vargas Rojas agregó: “Le voy a ser sincero: si me lo pagan ,voy a estar muy contento. Cuando uno es partidario y quiere ayudar a una causa, pues hace esfuerzos (...). Pero ¢5,5 millones es un monto razonable”.
El PUSC tiene otras deudas pendientes con estos tres legisladores, además de las asumidas en la contienda municipal pasada. Por ejemplo, a Vargas Corrales le debe ¢25,4 millones, a Vargas Rojas ¢10,8 millones y a Alvarado Bogantes ¢700.000.
Por su parte, el excandidato a alcalde por Liberia, Rodolfo Peña, aseguró que depositó ¢11,5 millones efectivo para cubrir parte de su campaña, aunque invirtió mucho más de eso en su candidatura: unos ¢50 millones.
Afirmó que no reportó todos sus gastos al TSE porque muchas facturas incumplían los requisitos que pide ese órgano, como que los comprobantes de pago estuvieran a nombre del Partido.
También, dijo que los recursos provienen de las ganancias que obtiene de negocios hoteleros, inmobiliarios, ganaderos y agrícolas en Guanacaste: “Fui candidato y lo que hice fue hacer una liquidación de gastos redimibles en efectivo, los gastos los hice yo. Es dinero mío, de mis empresas. Ni me he preocupado por qué porcentaje me van a reintegrar, ni cuándo; yo soy partidario desde 1982, soy socialcristiano”, dijo.
El exdiputado del PUSC, Belisario Solano, es otra de las personas que aportó al contado. Él prestó ¢3,5 millones en un solo día, mediante dos transacciones.
Según Solano, ese dinero lo tenía dando vueltas y, una vez que lo tuvo en su poder, decidió facilitarlo al Partido porque apoyaba varias candidaturas en Cartago. Dice que el PUSC acordó reembolsarle el 90% de esa suma, ya que él donará el 10% restante.
Esta no es la primera vez que el TSE escudriña al PUSC por dudas sobre el origen de sus recursos.
En el 2015, se negó a reembolsarle ¢360 millones en gastos porque no los hizo “con recursos propios del partido”, sino mediante intermediarios.
"Considérese que la figura del intermediario podría servir de vehículo para el cambio o mutación del dinero obtenido en eventuales actividades ilícitas, por bienes o servicios objeto del contrato, cuyo costo sería luego reembolsado al intermediario por la agrupación política y de esta forma los recursos invertidos serían ‘legitimados’ a través de esta figura contractual”, argumentó el Tribunal de Elecciones en la resolución 4821-E10-2015, del 31 de agosto del 2015.