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Tribunal investiga contratos cobrados en deuda política

PUSC cobró dudosas facturas al TSE por alquiler de autos y alimentación en campaña

Actualizado el 19 de noviembre de 2014 a las 12:00 am

Personas niegan haber dado servicios al Partido o dicen que recibieron menos

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PUSC cobró dudosas facturas al TSE por alquiler de autos y alimentación en campaña

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El PUSC pidió al TSE reconocerle gastos por ¢1.300 millones a raíz de la pasada campaña electoral. | ARCHIVO

La Unidad Social Cristiana (PUSC) le cobró al TSE contratos con proveedores que niegan haberle dado servicios al Partido o que aseguran haber cobrado menos de lo reportado.

Se trata de facturas entre los ¢30.000 y los ¢325.000 por alquiler de vehículos y por alimentación en las provincias de Alajuela, Heredia, Limón y Cartago.

Once de los proveedores negaron ante La Nación haber recibido los pagos que el Partido reportó como hechos en efectivo antes del 2 de febrero.

En tres de los casos, las personas rechazaron del todo haber trabajado en la campaña. Aunque reconocen que presentaron documentos para ofrecer un servicio, afirman que al final la Unidad no los contrató.

Es la situación de Yorleni Centeno, de Bribrí de Talamanca. El PUSC registró un pago de ¢70.000 a su nombre con la factura 5436 por transporte, pero ella asegura que, a última hora, la agrupación decidió que no le daría combustible. “No trabajé en la campaña, ni recibí plata del PUSC; tampoco recuerdo haber firmado un comprobante de pago”, dijo Centeno.

En otros casos, los proveedores aceptan que trabajaron para los socialcristianos en campaña, pero gratis y en labores distintas a las que el Partido consignó en su liquidación de ¢1.300 millones ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Por ejemplo, según el comprobante 1678, Gabriel Coto cobró ¢240.000 por desayuno, almuerzo y café para 40 personas el día de la elección en un centro de votación en Dulce Nombre de Cartago.

Coto afirma que solo contrató una soda a la que pagó ¢100.000 y presentó la factura al PUSC. Añadió que gestionó alquileres de vehículos y aportó contratos con información de los dueños, pero no sabe qué pasó con ellos.

La Nación detectó, además, facturas de transporte en que la agrupación reportó el doble de lo que pagó. Evelio Loría facilitó su Hyundai modelo 91 en el barrio El Socorro, en Alajuela. Él dice que recibió ¢12.000 y un cupón de gasolina por ¢6.000. Pero la Unidad registró que le pagó ¢30.000.

“Firmé un contrato que decía que nos iban a pagar ¢30.000, pero al final nos dijeron que eran muchos carros y que alcanzaba para darnos ¢12.000”, alegó Loría.

Con su firma. Parte de las facturas fueron aprobadas por los diputados Luis Vásquez, Rafael Ortiz y Wílliam Alvarado, así como por el exlegislador Belisario Solano.

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Ortiz dijo desconocer la situación y negó haber incurrido en alguna falta. Agregó que él legalmente autorizó pagos, pero no estaba al tanto de quiénes eran todos los proveedores de Alajuela.

“Si hay alguna irregularidad, el Partido es el responsable de llegarle por el fondo a eso y, si alguien ha tenido que ver con eso, tiene que darnos las explicaciones del caso”, dijo Ortiz.

Vásquez dijo estar tranquilo. “No me sorprende, pero estamos hablando de entre 10 y 15 casos. Se firmaron más de 20.000 contratos, no es minimizar la situación, pero son casos particulares. Si hubo un error, que no se pague”.

Alvarado, de Heredia, se mostró extrañado. “Si firmaron los comprobantes y entregaron copia de su cédula, no pueden decir ahora que no recibieron dinero”.

Solano, quien fue legislador del PUSC entre 1998 y el 2002, negó cualquier irregularidad en la provincia de Cartago y argumentó que en muchos casos se delegó trabajo en la dirigencia cantonal, ya que la labor es intensa.

“Tenemos que confiar en la documentación que nos mandan. Pero, en todo caso, yo aplaudo la investigación del TSE para esclarecer la situación y que quede claro que todo se hizo con absoluta transparencia”, dijo el exdiputado.

El Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE investiga las inconsistencias en las facturas del PUSC.

“Se han detectado casos en los que la documentación aportada por el PUSC no coincide con los datos que nos dan algunos de los proveedores. Se abrió una investigación preliminar para determinar si existe o no un delito o falta electoral”, dijo Rónald Chacón, jefe del Departamento.

El presidente de la agrupación, Pedro Muñoz, coincide en que es necesario aclarar la situación, por lo cual ordenó realizar una investigación para fijar eventuales sanciones a los responsables.“No se quiénes son los proveedores, tampoco conozco los montos o quiénes autorizaron los gastos. Pero sí le puedo decir que, si hay alguna irregularidad, vamos a encontrar a los responsables, esto es algo que no se puede permitir en la Unidad”, aseguró Muñoz.

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