Quienes se postularon como precandidatos a diputados por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) debieron cancelar la suma de ¢250.000 y tener, al menos, dos años de militancia en esa agrupación política.
Dichos requisitos los estableció el Tribunal de Elecciones Internas (TEI) del PUSC en una resolución emitida hace más de un mes.
El dictado establece que la cuota la deben pagar solo quienes desean aspirar a los primeros tres lugares de cada papeleta provincial de candidatos a legislador. Para aspirar a los restantes lugares de la nómina, los interesados podían inscribirse en forma gratuita.
En total, 89 personas cancelaron la tarifa para postular sus nombres en los primeros puestos de las papeletas diputadiles del Partido. La recaudación total fue de ¢16 millones.
Algunos de los nombres conocidos en esa nómina premium (como el propio PUSC denominó a las precandidaturas pagadas) son: Liliana Salas, exdiputada por Alajuela; Pablo Heriberto Abarca, actual secretario general de la divisa; la exdiputada guanacasteca Marisol Clachar; Aracelly Salas, actual alcaldesa de San Pablo de Heredia; y su colega de Belén, Heredia, Horacio Alvarado, quien es hermano del actual jefe de fracción socialcristiano, William Alvarado.
También figuran en la nómina Luis Polinaris, expresidente ejecutivo de la Junta de Protección Social (JPS); el tres veces diputado Jorge Eduardo Sánchez; Ángelo Altamura, expresidente ejecutivo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU); y Pedro Muñoz, actual presidente del Comité Ejecutivo del Partido.
El PUSC indicó que será hasta la tarde de este sábado cuando tendrá la lista consolidada con todos los precandidatos a una diputación.
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La resolución del TEI fijó, además, el viernes 18 de agosto como fecha límite del proceso de inscripción de precandidaturas a diputados.
El presidente del Tribunal, Alfredo Núñez, comentó que la resolución de ese órgano obliga a quienes deseen aspirar a una curul a cumplir con los requisitos que fija la Constitución Política para ser diputado.
La Carta Magna, en su artículo 108, establece que para ser legislador se requiere ser ciudadano en ejercicio, ser costarricense por nacimiento, o por naturalización con diez años de residencia en el país después de haber obtenido la nacionalidad, y haber cumplido 21 años.
Según Núñez, los requisitos se establecen como un filtro para impedir que militantes de otros partidos políticos se involucren en los procesos de elección del PUSC.
"Después de cerrado el plazo de inscripción, se habilitarán tres días para que quienes consideren que una persona no debería forma parte de la nómina puedan impugnar esas postulaciones y siempre van a haber conflictos que tendremos que resolver como Tribunal", adelantó.
La escogencia de sus candidatos a diputados para el 2018 es el segundo proceso en importancia dentro del PUSC después de la convención del pasado 4 de junio. En esa ocasión, la divisa socialcristiana eligió, por amplio margen, al abogado Rodolfo Piza como su candidato presidencial.
Sigue renovación de estructuras
La Unidad realizará, este domingo, un total de 29 asambleas cantonales. Después de ese proceso, el Partido se enfocará en la organización de sus asambleas provinciales.
Los delegados a esos órganos partidistas serán quienes elijan a los candidatos a diputados por cada una de las siete provincias. El candidato presidencial socialcristano no puede designar a ninguno de los futuros aspirantes a legisladores para el periodo 2018-2022.
La tendencia del exprecandidato y actual diputado, Rafael Ortiz, ha presentado al menos 20 apelaciones durante el trámite de elección de los delegados cantonales. Los reclamos han sido planteados ante el TEI y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Ortiz afirmó que las apelaciones obedecen a anomalías ocurridas durante la realización de las asambleas, errores que él achacó a falta de organización y exceso de trabajo para el TEI.
El exprecandidato sostuvo que el proceso no ha carecido de recursos económicos, pues se les cobraron ¢60 millones a cada aspirante a la candidatura presidencial y ¢35.000 a cada una de las más de 3.000 papeletas que se inscribieron para la renovación de estructuras.
"Ha habido una gestión ineficiente y ha faltado una comunicación más fluida. La planificación no ha sido buena y no se debe a falta de recursos. Hay gente que se ha quejado de un trato no equitativo de parte del Tribunal (de Elecciones Internas)", aseveró Ortiz.
El diputado detalló que, hasta el momento, su tendencia ha presentado más de 20 apelaciones y amparos en contra del proceso de renovación de estructuras de la Unidad.
Al respecto, el presidente del TEI, Alfredo Núñez, considera legítima la preocupación de Ortiz, pero aseguró que los retrasos presentados no han sido anormales y que no impedirán que el PUSC inscriba sus papeletas de candidatos a diputados para el 2018.
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"Uno de los problemas que hemos tenido es con la autorización del Tribunal Supremo de Elecciones, porque en este momento hay varios partidos haciendo sus procesos de renovación de estructuras. Antes, tenían a 11 personas asignadas resolviéndonos todas las autorizaciones, mientras que hoy todo ese volumen de solicitudes lo está resolviendo una sola persona y sin la autorización del Tribunal no se pueden hacer las asambleas.
"A veces nos dicen que tendrán la autorización para lunes o martes, pero van saliendo hasta la semana entrante. Eso altera los planes de la dirigencia", ejemplificó.
Por otra parte, el presidente del TEI alegó que, a estas alturas, la fuerza política ya tiene listas la mitad de las 82 asambleas cantonales y que durante los primeros dos fines de semana de setiembre realizará, conforme a lo previsto, todas las asamblea provinciales.
Indicó que, completado ese último paso, el PUSC todavía tendrá un mes para celebrar su Asamblea Nacional, con la cual finalizará el proceso de renovación de estructuras.