San Isidro de Puntarenas. Poner los puntos sobre las íes. Ese fue el reto que lanzó ayer el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) al Poder Ejecutivo en materia de privatizaciones.El emplazamiento surgió en la encerrona que sostienen diputados de esa agrupación en el hotel Fiesta -en San Isidro de Puntarenas- con miembros del directorio político y otros dirigentes, como el expresidente Rafael Angel Calderón y el excandidato presidencial Miguel Angel Rodríguez.
Los rojiazules respondieron a las recientes afirmaciones oficialistas que abren la posibilidad a un debate sobre ruptura de monopolios y privatización, con un reclamo directo para que fijen sus prioridades.
"Que nos digan qué, cuándo y cómo", aseveró Bernal Aragón, jefe de los congresistas opositores, al consultársele si esa agrupación política está dispuesta a entrar a una pronta discusión sobre ese tema.
Tanto Aragón como el exministro de Planificación, Carlos Vargas Pagán, recordaron que en la corriente legislativa existen sendos proyectos que pretenden la apertura del monopolio de los seguros y la venta de la Fábrica Nacional de Licores, los cuales, a su juicio, no han recibido la atención de los diputados liberacionistas.
La sesión de ayer fue consumida casi en su totalidad por intervenciones de Calderón, Aragón, Vargas y el economista Ronulfo Jiménez, entre otros, sobre la situación económica y social del país.
La actividad concluirá hoy, a la 1 p.m., con un análisis de la situación política, de seguridad ciudadana y una evaluación del papel de la fracción socialcristiana en el Congreso. Además de demandar mayor claridad en materia de privatizaciones, los opositores se mostraron consternados por lo que calificaron como un marcado deterioro de los principales indicadores económicos del país.
El legislador Rodolfo Méndez Mata presentó estadísticas del Ministerio de Hacienda que revelan un fuerte crecimiento de la deuda interna en los últimos años, cuya erogación por intereses pasó de ¢20.000 millones en 1993, a ¢62.000 millones en lo que va de este año.
También resaltaron que la deuda interna acumulada del Gobierno Central asciende a casi ¢500.000 millones hasta el mes de octubre.
Méndez advirtió que el Gobierno debe entender que el problema del faltante de recursos no se resolverá solo con los nuevos ingresos que depararán los recién aprobados impuestos, sino que hace falta una política más clara de contención del gasto público.
Finalmente, los opositores demandaron que en el caso de entidades como JAPDEVA y el INCOP los cambios se adopten de una manera gradual y cautelosa para no provocar mayores problemas sociales en los dos principales puertos del país.