EscucharAl tiempo que el Gobierno exteriorizó ayer su deseo de que el proyecto de garantías económicas sea aprobado antes que acaben las sesiones extraordinarias, la bancada del PLN anunció que hoy tomará una decisión acerca de esta iniciativa.
Luis Gerardo Villanueva, jefe del oficialismo, informó de que esta tarde -a las 5:30 p.m.- se reunirá con otros tres diputados de su agrupación "para definir la última posición de la fracción" sobre la reforma constitucional.
Para el encuentro están citados, además de Villanueva, Alberto Cañas, Ottón Solís y Rolando González. Los cuatro fueron designados por la bancada del Partido Liberación Nacional (PLN) para negociar un texto de consenso con el PUSC.
Dicho anuncio se produjo horas después de que los legisladores liberacionistas sostuvieran una sesión de trabajo con el presidente de la República, José María Figueres, y el primer vicepresidente, Rodrigo Oreamuno.
La noche anterior todos participaron en un convivio privado que ofreció el mandatario en su residencia.
Estos "contactos" son los primeros que establecen la Presidencia y la fracción del PLN después de que el pasado 14 de diciembre el Congreso aprobara un voto de censura contra Juan Diego Castro, ministro de Seguridad Pública.
Al término de la reunión de ayer, realizada en la mañana en la Casa Presidencial, Oreamuno y Villanueva manifestaron que el Poder Ejecutivo pretende que las garantías sean aprobadas, en primera legislatura, antes del 30 de abril.
"Creemos que estamos en posibilidad de llegar a un acuerdo, pero sí esperamos que de parte de la Unidad haya una actitud abierta de aceptar un texto que nosotros hemos propuesto", aseveró el Vicepresidente.
En horas de la tarde, Villanueva aseguró que el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) mostró "cierta amplitud" con respecto a algunos de los puntos sobre los cuales el oficialismo ha presentado objeciones.
Fuentes políticas indicaron que ambos bandos valoran darse concesiones en los principales puntos de traba: la fecha en que entrará a regir el proyecto y el control sobre el presupuesto de las empresas del Estado.
Por otra parte, el diputado Gerardo Trejos, de Fuerza Democrática, reclamó el no conocer el texto que están negociando el PLN y el PUSC y pidió al Ejecutivo retirar el proyecto del plenario mientras se llega a un acuerdo.
Amplitud
Villanueva afirmó ayer el PUSC ha dado muestras de amplitud que podrían abrir las puertas para un acuerdo en torno al proyecto que propone crear un capítulo de garantías económicas en la Constitución Política.
Esta iniciativa -que empezó a ser discutida el 6 de noviembre de 1991- propone fijarle un tope anual al déficit fiscal consolidado del sector público no financiero del 1 por ciento del producto interno bruto (PIB).
También procura que los gastos corrientes del Estado se financien con los ingresos corrientes, así como aumentar las potestades de la Asamblea Legislativa en cuanto al control de los gastos públicos y los impuestos.
Villanueva comentó que los socialcristianos han cedido en varios puntos.
Añadió, por ejemplo, que ha desistido de la idea de transferirle al Ejecutivo la iniciativa en la presentación de proyectos sobre jubilaciones e impuestos. Agregó que esta potestad se mantendrá en manos del Congreso.
Además existe un acuerdo para que no haya destino específico para los impuestos salvo en casos especiales que cuenten con la aprobación de 38 diputados. Este último punto, según dijo, también lo aceptó el PUSC.
El liberacionista, eso sí, puntualizó que persisten algunas dudas que deberán ser estudiadas hoy.
Villanueva indicó que están a la espera de una respuesta del Ejecutivo para definir si avalan, o no, la propuesta socialcristiana de que el proyecto rija a partir de su publicación en La Gaceta.
Mario Carazo, representante del PUSC en la negociación, indicó que en una reforma de este tipo debe haber amplitud. Sin embargo, afirmó que esta disposición "no quiere decir que hemos cedido; así se construye el consenso".
Carazo se manifestó anuente a discutir la idea de que las empresas públicas tengan un trato diferenciado en los controles presupuestarios, dada la flexibilidad que estas deben tener para enfrentarse con el mercado de manera eficiente.
La propuesta inicial de la oposición es que el plan de gastos de estas empresas, así como el del resto de la Administración Pública, fueran presentados ante el Congreso.
No obstante, Carazo insistió en la necesidad de ponerle una limitación al crédito interno que se gira al sector público, no para proteger al sector privado, sino como un instrumento para evitar que se "descobale" la estructura fiscal.
Una por otra
Un intercambio de concesiones podría allanar las principales diferencias que sostienen el PLN y el PUSC por las garantías económicas. Estas son las opciones más destacadas en estudio:
Empresas públicas y endeudamiento interno
Toma
El PUSC estaría anuente a que las empresas públicas del Estado no tengan que someter sus presupuestos a la Asamblea Legislativa, sino que este control siga en manos de la Contraloría General de la República.
Daca
El PLN aceptaría incluir un párrafo al proyecto que señale que el crédito del Sistema Bancario Nacional al sector público estatal no podrá crecer durante un año económico más de lo que aumente el crédito al sector privado... y que el saldo del crédito interno neto al sector público consolidado no financiero no podrá superar la tasa de crecimiento del PIB.
Fecha de vigencia:
El PLN espera un pronunciamiento del Ejecutivo sobre la idea del PUSC para que la reforma constitucional entre a regir a partir de su publicación en La Gaceta y no desde el 1°ree; de enero de 1997, como propuso al inicio el oficialismo.
