No hay garantía para las garantías. La certeza de que el Congreso apruebe, en los próximos días, el proyecto de ley de Garantías Económicas comenzó a disiparse ayer y, por el contrario, la próxima semana este plan podría perder el primer lugar que ostenta en la agenda legislativa.
Así se desprende de las herméticas posiciones que ayer mantuvieron las fracciones parlamentarias de los partidos Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana sobre la redacción final de la iniciativa, amén del férreo rechazo reiterado al menos por tres de los cuatro diputados minoritarios.
Más aún, los dos jefes de fracción (Luis Gerardo Villanueva, del PLN, y Bernal Aragón, del PUSC) aseguraron en sendas conferencias de prensa que sus bancadas darían el aval para que la próxima semana este proyecto ceda el primer lugar del orden del día en el Plenario a la Ley de Penal Juvenil, que el próximo lunes recibiría el dictamen afirmativo de una comisión legislativa especial.
Como si fuera poco, la oposición a esta propuesta comenzó a generar nuevos anticuerpos en el mismo Partido Unidad Social Cristiana (el excandidato Miguel Angel Rodríguez fue el creador del plan), en el que dirigentes como José Hine García, del Directorio Político, unieron sus voces de disidencia a líderes del sindicalismo y de la Iglesia Católica.
Según estos, el proyecto en cuestión no es de garantías económicas, sino simplemente de restricción fiscal; su trámite es inconstitucional pues en sesiones extraordinarias no pueden ser discutidas reformas a la Carta Magna y además implicaría una desnacionalización de la industria.
Ayer el diputado independiente Rodrigo Gutiérrez Schwanhauser recordó que hace varios días él planteó un proyecto alternativo al del PUSC y a las enmiendas del PLN que, entre otros cambios, elimina las partidas específicas que anualmente entregan los diputados y tecnifica la Ley de Presupuesto.
Con el nombre de garantías económicas se designó una iniciativa legislativa impulsada por Rodríguez desde el cuatrienio parlamentario pasado, cuyo objetivo es racionalizar el manejo de la economía, regular el problema de las finanzas públicas y establecer límites a la ejecución del gasto.
En neutro
Los jefes de los bandos políticos mayoritarios no movieron ayer ni un ápice las posiciones que sostienen desde hace tres días en torno a los tres últimos puntos de divergencia que tiene sobre el proyecto.
El PLN y el PUSC mantienen sus diferencias en torno a si el ICE y el INS deben someter sus presupuestos al Congreso, sobre los límites al endeudamiento interno y en cuanto a la regulación del procedimiento para elaborar los planes de gastos.
El entrabamiento legislativo ha hecho que la disputa en torno a este proyecto haya trascendido el plano puramente parlamentario. Ya el pasado jueves, Rodríguez había advertido que el no aprobar las garantías económicas podría provocar "serias consecuencias".
Ayer el primer vicepresidente, Rodrigo Oreamuno, dijo, en Casa Presidencial: "Las declaraciones de don Miguel Angel a nosotros nos preocuparon mucho porque precisamente si hay algo que ha tenido el Gobierno en este texto de garantías económicas ha sido una gran apertura."
Pero Rodríguez rechazó ayer que su mensaje del jueves haya sido una amenaza de paralizar el Congreo, tal como lo habría interpretado Oreamuno.
"Lamento que don Rodrigo suponga cosas que yo no he dicho", comentó Rodríguez al explicar las razones por las cuales dijo el jueves que "si el Gobierno no cumple con su palabra, las consecuencias son muy serias".
Dudoso futuro
El PUSC, el Gobierno, el PLN, los partidos minoritarios... Cada uno tiene su criterio sobre lo que debería suceder con el proyecto de ley de garantías económicas. Estas son algunas opiniones:
Rodrigo Oreamuno, primer vicepresidente de la República: "Este proyecto ocupa 38 votos y por eso creo que es importante que sigamos buscando varios acuerdos. Yo no creo que se haya llegado nunca a un punto en donde no se pueda avanzar más que por la vía de las negociaciones."
Miguel Angel Rodríguez, excandidato presidencial del PUSC: "Les pido a los costarricenses que no se dejen engañar. Si el Gobierno no quiere cumplir sus compromisos que no los cumpla. Si se aprueba algo que no es garantías económicas, pero que lleve ese nombre, le pediré a los diputados del PUSC que lo voten en contra."
Gerardo Trejos, diputado de Fuerza Democrática: "El proyecto de ley de garantías económicas ya llegó al purgatorio. Yo confío en que muy pronto estará en el infierno."
José Hine García, miembro del Directorio Político del PUSC: "El proceso que ha seguido este plan es inconstitucional, pues ha carecido de la divulgación suficiente y no puede efectuarse en un período de sesiones extraordinarias."
Luis Gerardo Villanueva, jefe de fracción del PLN: "Nunca existió un compromiso de votar el proyecto de garantías económicas tal como estaba planteado. Cuando se firmó el pacto Figueres-Calderón todos teníamos muy claro que cada uno debía someterse a discusión."