Las autoridades del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) fueron las ausentes en la audiencia única que se llevó a cabo ayer en horas de la mañana para definir el futuro de parte de su presupuesto.
Según informó la oficina de prensa de esta entidad, un error de la Asesoría Jurídica imposibilitó la presencia de las autoridades.
Ahora los jueces tendrán un plazo de 15 días hábiles para dictar la sentencia. Luego del pronunciamiento, las partes podrán presentar apelaciones.
El caso se originó en una demanda del diputado del Frente Amplio, José María Villalta, ante el Tribunal Contencioso-Administrativo en contra del Estado, por no girar los recursos asignados al PANI.
Alrededor de ¢126.000 millones dejó de recibir el Patronato en los años 2010 y 2011, que provenían del 7% del impuesto sobre la renta, así como el monto establecido en la ley de impuestos sobre licores y cigarrillos, destinados a atender a niñez en abandono y en riesgo social.
La Procuraduría General de la República alegó que la modificación en los presupuestos ya asignados a las entidades del Estado representaría un desbalance respecto a la realidad fiscal del país.
“Para poder cubrir la pretensión de la parte, se tendrían que desatender otros programas sociales como becas escolares”, argumentó Jorge Oviedo, procurador adjunto.
Por su parte, Villalta reclamó por la insistencia del Estado en incumplir la legislación que establece los presupuestos del Patronato.
“Son muchos años de no cumplir con el financiamiento. Planteamos que se le ordene no volver a incumplir a futuro con los recursos”, expresó el legislador.
Los que sí estuvieron en la sala del Tribunal fueron los representantes del Sindicato de Empleados del PANI, quienes denunciaron las carencias en la atención de la niñez en abandono y riesgo social.
“La atención que estamos dando es de muy poca calidad, porque los pocos chiquitos que estamos atendiendo no los estamos atendiendo bien”, manifestó Gilberto Pereira, secretario del Sindicato.
Durante la audiencia de ayer, el Tribunal, presidido por el juez Christian Hess, rechazó los alegatos presentados por la defensa del Estado costarricense.