El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) tiene como asesor a un exfuncionario del Ministerio de Educación (MEP) que fue despedido de esa cartera en el 2015 e inhabilitado para ejercer cargos públicos durante tres años (hasta mayo del 2018).
Se trata del exdirector financiero del MEP, Carlos Barrantes Rivera, quien fue sancionado por la Contraloría General de la República (CGR) por autorizar el pago de ¢68 millones a varias empresas por capacitaciones que aún no habían dado.
Barrantes reapareció dando servicios para el sector público gracias a que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) lo contrató como consultor para apoyar al PANI en la construcción del plan maestro que guiará a la institución de aquí al 2020.
Sin acceder a conversar por teléfono o en persona, la presidenta ejecutiva del Pani, Ana Teresa León, confirmó a La Nación que Barrantes brinda una consultoría a la institución.
Sin embargo, se negó a contestar preguntas sobre la labor que él realiza o si dispone de una oficina en el Patronato. Tampoco aceptó responder si ella estaba al tanto de la inhabilitación.
Ante reiteradas consultas de este medio, León se limitó a decir en dos correos electrónicos: “Es consultor. No es pagado por el Pani”.
Unicef tampoco brindó amplios detalles. El coordinador de programas para Costa Rica, Rigoberto Astorga, solo afirmó que la contratación se realizó mediante una licitación pública y que esta se hizo apegada “a las normas y procedimientos” de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
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“El concurso para la consultoría que usted menciona fue anunciado en el periódico La Nación el día 18 del mes de octubre del 2015, y allí podrá consultar los términos de referencia que explican de manera detallada los requerimientos para el cargo y el procedimiento a seguir que se ciñen a las normas de transparencia, equidad y rigurosidad, que son inherentes a los principios de Unicef y su labor en el país”, dijo Astorga.
En dicho anuncio no se especifican detalles, sino que se remite al sitio web de esa agencia de la ONU, donde la información tampoco es completa. Por ejemplo, no se menciona el costo de la consultoría, la cual constituye una donación de esa agencia de la ONU a Costa Rica.
Astorga también se negó a informar si Unicef estaba al tanto de la inhabilitación de Barrantes, tomando que cada una de las personas que se postuló, para la contratación, debía especificar en un formulario las razones por las cuáles dejó sus anteriores trabajos.
“Los detalles del contenido de los formularios que recibimos de postulantes son confidenciales y no podemos divulgarlos”, añadió Astorga.
¿En qué asesora? Según la licitación que aparece en página web de Unicef, a Barrantes, entre otras funciones, se le encomendó participar en el proceso de apertura de cuatro oficinas nuevas del Patronato en Pavas, La Uruca, Alajuela y Paraíso de Cartago.
Además, asesora en la instalación de cuatro unidades móviles del PANI que están ubicadas en las fronteras norte y sur del país, así como en las costas del Pacífico y del Atlántico. Al mismo tiempo, participa en el diseño de una metodología para viabilizar la instalación de seis centros de intervención temprana.
Este medio intentó obtener una reacción de Barrantes; no obstante, al cierre de esta edición fue imposible. Se llamó a su casa de habitación, pero la persona que atendió la llamada colgó el teléfono cuando se le indicó el motivo de la llamada.
También, se intentó contactarlo mediante su abogado, Marvin Mathews. Él quedó en devolver la llamada y nunca lo hizo.
Cinco años. Si bien Barrantes fue sancionado por la Contraloría desde julio del 2010, el castigo se pudo hacer efectivo hasta cinco años después.
Él procuró frenar la sanción acudiendo a la Sala Constitucional, al Ministerio Público, al Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José, a la Sala I y al Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Las acciones legales de Barrantes coincidieron con el tiempo en que la Contraloría se vio impedida de poner sanciones, mientras la Sala IV estudiaba una acción de inconstitucionalidad contra esa potestad. La acción fue rechazada en mayo del 2015.
El caso por el cual la Contraloría ordenó el despido de Barrantes se remonta al año 2006 cuando Carlos Barrantes, siendo director del Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación (Promece), en solo seis días hábiles aprobó y giró el pago de cuatro contratos de capacitaciones educativas por ¢68 millones, sin que las mismas se hubiesen realizado.
Según la auditoría interna del MEP del 2009, él cometió “una negligencia grave” al autorizar los desembolsos a pesar de que la ley establece que no pueden efectuarse hasta el recibido satisfactorio de los servicios.
El proceso sancionatorio en el ministerio contra Barrantes se abrió a solicitud del entonces jerarca de esa cartera, Leonardo Garnier, mientras que el castigo lo ejecutó la actual ministra Sonia Marta Mora.
Unicef no es la única dependencia de la ONU que colabora con el Gobierno. En marzo pasado, Casa Presidencial firmó un Convenio con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) para que administre el $1 millón (¢550 millones) que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) le otorga anualmente a cada gobierno de la región para invertir en lo que estime conveniente.
El presidente Luis Guillermo Solís alegó que se optó por ese organismo externo para garantizar transparencia en el uso de esos recursos.
“Se escogieron esos (mecanismos) para que no dijeran que el Gobierno estaba haciendo algo raro, que lo haga las Naciones Unidas, que tiene la absoluta credibilidad internacional para administrar estos proyectos, para que no hubiera, otra vez, posibilidad de que se dijera que estábamos manipulando por razones políticas o partidistas los recursos que el BCIE pone a disposición de los gobiernos para el desarrollo de programas, no es otra la razón”, insistió el mandatario el miércoles anterior.