El Tribunal de Ética del Partido Acción Ciudadana (PAC) suspendió por tres meses a siete dirigentes del grupo Juventud Progresista (JP), por la polémica minuta que planteaba el uso de recursos políticos de Gobierno para beneficio partidario.
Los dirigentes juveniles Mariano Salas Naranjo, Eduardo Solano Solano, Andrea Marcela Ávila Segura, Eder Artavia Quirós, Randall Céspedes Barrios; Fabián Solano Fernández y Cindy Taco Quirós, deberán abstenerse de participar durante 90 días en los cargos en el PAC.
Esto incluye el Comité Ejecutivo, la Comisión Política o la Asamblea Nacional, según la resolución del tribunal interno del jueves 30 de julio, contenida en el expediente 014-2015-T.E.
Si bien no los han declarado culpables de faltas éticas, los miembros del Tribunal de Ética aplicaron la suspensión como medida cautelar “para evitar inconveniencias a los intereses y derechos representados en el proceso principal, y previniendo situaciones que puedan perjudicar la efectividad de la sentencia o acto final”.
Sin secretario. La decisión del tribunal ético deja al PAC sin secretario general en funciones, pues, a falta de un titular, el cargo lo ocupaba el suplente Eduardo Solano, ahora suspendido, aunque mantiene su trabajo de asesor del legislador Marco Redondo (PAC).
El diputado Redondo, quien es el jefe de fracción del Partido, prefirió no ahondar en opiniones sobre la decisión del Tribunal, por cuanto consideró que debe analizar a fondo los razonamientos que impulsaron la decisión.
Los otros seis investigados por el Tribunal de Ética fueron despedidos el 13 de julio de sus cargos en el Gobierno por el presidente Luis Guillermo Solís, aunque Mariano Salas fue contratado esta semana por el diputado Víctor Hugo Morales Zapata.
Los jóvenes habían sido destituidos para evitar sospechas de irregularidades en el Gobierno, según el mandatario. Sus nombres aparecen en un documento que se filtró, el cual permitió conocer el supuesto contenido de una reunión que el grupo tuvo el 20 de junio, en donde se propuso “aprovechar recursos políticos del Gobierno para beneficio partidario y de JP”.
El caso ha provocado una fuerte polémica interna en el PAC, sobre todo entre tendencias adversas, pues JP tiene como objetivo combatir al grupo “ottonista”, al cual pertenece el asambleísta Fernando Jiménez, quien los denunció ante el Tribunal de Ética.
Sobre este último punto, el diputado oficialista Ottón Solís, los calificó de “corruptitos que querían usar el poder para beneficio del Partido”.