Con votos del PAC, la Asamblea Legislativa aprobó esta tarde una moción de la alianza opositora para repudiar los hechos políticos recientes en Venezuela, en donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) aplazó la recolección de firmas para convocar a un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.
Un total de 31 legisladores votó a favor de la moción y 9 lo hicieron en contra.
Siete de los ocho diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) presentes en el plenario de la Asamblea Legislativa votaron a favor. El único oficialista que votó en contra de la moción fue el cartaginés Marco Vinicio Redondo, quien unió su voto a los ocho frenteamplistas también presentes allí.
El hecho cambia la tendencia que ha tenido la fracción de gobierno con respecto a este tipo de pronunciamientos, pues generalmente ha votado junto con el Frente Amplio en contra de los pronunciamientos del Congreso sobre asuntos internos de Nicaragua y Venezuela, en ocasiones anteriores.
El 23 de mayo de este año, por ejemplo, los miembros del PAC y del FA se opusieron a rechazar y repudiar las acciones que tomó Maduro para neutralizar a la oposición, cuando descartó convocar al referendo sobre su mandato y anticipó que la Asamblea Nacional dejaría de funcionar en cualquier momento.
Esa vez, los diputados de gobierno y los frenteamplistas más bien votaron a favor una moción para que el Congreso se pronunciara en contra de cualquier injerencia extranjera en las decisiones que se tomen en Caracas.
El 3 y el 4 de agosto sucedió lo mismo, en el debate de una moción para repudiar las acciones políticas del mandatario Daniel Ortega, de Nicaragua, en donde fueron expulsados del parlamento de ese país 28 legisladores opositores al sandinismo.
Este lunes, la moción aprobada se enfoca en expresar solidaridad hacia la Asamblea Nacional de Venezuela en las gestiones para hacer un proceso revocatorio de mandato, que pondría en la picota la continuidad de Maduro, cuyo mandato vence en el 2019.
Los legisladores acordaron: "Expresar nuestro repudio a todas aquellas acciones que pretendan irrespetar la voluntad popular, la Constitución y recurran al uso de la fuerza como instrumento para impedir el libre ejercicio de la función parlamentaria#.
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La votación contó, entonces, con apoyo de los partidos Liberación Nacional (PLN), Acción Ciudadana (PAC), Unidad Social Cristiana (PUSC), Movimiento Libertario, Alianza Demócrata Cristiana (ADC), Renovación Costarricense, Restauración Nacional y Accesibilidad Sin Exclusión (PASE).
El texto aprobado agrega: "Solicitar al Gobierno de la República de Costa Rica manifestarse clara y contundentemente e iniciar todas las acciones necesarias ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y otros organismos internacionales, a fin de que se condene la afectación a la democracia y el irrespeto al orden constitucional en Venezuela".
La moción se aprobó luego de que, el sábado, la Cancillería costarricense formó parte de un pronunciamiento de 12 países, miembros de la OEA, que expresó preocupación por la decisión del CNE de Venezuela de postergar el referendo revocatorio contra Maduro.
El documento lo firman Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Perú y Uruguay. La situación llegó al grado de que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, afirmó que es hora de tomar acciones concretas porque se produjo un "rompimiento democrático".
El jueves, el CNE anunció su decisión de postergar el proceso previsto para los días 26, 27 y 28 de octubre, en el que la oposición pretendía recoger cuatro millones de firmas (o un 20% del padrón de votantes), como último paso para convocar la consulta. El Consejo, al que la oposición acusa de aliarse al chavismo, alegó que hubo fraude en cinco estados durante la recolección del 1% del padrón, proceso anterior con el que se dio inicio a la solicitud de referendo, según fallos de tribunales penales que los opositores también cuestionan.
La jefa de la fracción del PAC, Laura Garro, aseguró que en este momento se atenta, en Venezuela, contra un proceso democrático. "Nos preocupa la continuidad de ese proceso", dijo.
Emilia Molina, también congresista del oficialismo, añadió que en ocasiones anteriores han votado en contra de las mociones opositoras porque consideran que son el Gobierno y la Cancillería las que se deben pronunciar primero sobre procesos de este tipo en otros países.
"Revisé la moción y considero que no se inmiscuye en los asuntos internos del Gobierno venezolano", apuntó Molina.
"Costa Rica no puede renunciar a su tradición democrática y debe hacer un llamado al orden constitucional", dijo Mario Redondo, diputado de la ADC.
El legislador enumeró, entre los hechos preocupantes, el freno al proceso revocatorio de mandato que llevaba adelante el parlamento venezolano, la eventual suspensión de las elecciones de alcaldes y gobernadores, junto con la continuidad en el cargo de "más de 20 alcaldes chavistas".
"Debemos repudiar este tipo de actuaciones contra el orden constitucional y pedimos al Gobierno acciones contundentes, así como pronunciamientos ante el Parlamento Latinoamericano y el Foro de Presidentes Legislativos de Centroamérica", dijo Redondo.
Por otra parte, el jefe legislativo del Frente Amplio, Edgardo Araya, criticó que el grupo aliado opositor critique las violaciones constitucionales en Venezuela cuando en Costa Rica se promueve, incluso adrede, el irrespeto a la Carta Magna.
"Nos parece una hipocresía que, mientras plantean una moción como esta, aquí les importa un pepino cumplir la Constitución. (...) No quieren darle el 8% que establece la Constitución para la educación y el 7% que legalmente se le debe dar al Patronato Nacional de la Infancia (PANI)", dijo Araya.
Según el frenteamplista, la posición de su fracción es mantenerse neutra y no cargar la mano hacia ninguno de los dos lados, para que no haya "una mayor presión". Araya enfatizó que solo debería haber acompañamiento de la comunidad internacional en este proceso.