Olga Marta Sánchez, ministra de Planificación, admitió que todavía no está claro qué programas del Gobierno se recortarán para trasladarles más dinero a las municipalidades.
Sin embargo, defendió la posición del Poder Ejecutivo de cumplir con la reforma constitucional del 2001 que obliga a traspasarles a los ayuntamientos al menos el 10% del dinero del Presupuesto Nacional.
En ese sentido, Sánchez expresó su apoyo a la primera de las siete leyes contempladas para concretar ese traslado de competencias y recursos, la cual avanza a golpe de tambor en la Asamblea Legislativa.
Se trata de un proyecto elaborado por el propio Mideplán que propone asignarles ¢126.000 millones de la Caja Única del Estado a los ayuntamientos para que asuman el mantenimiento total de las vías cantonales.
El plan, que ya ingresó al plenario legislativo, propone reformar la Ley N.° 8.114 del impuesto a los combustibles para poder tomar el 15% de los recursos generados por el tributo y dárselos a los gobiernos locales.
¿Qué programas se cortarán para que ese dinero pase a los municipios? La titular de Planificación admitió que trabajan en la respuesta. A continuación, un extracto de la entrevista.
¿El primer plan para trasladar competencias y dinero a las municipalidades es un proyecto sin fuente de financiamiento?
Es un proyecto de ley que tiene como fuente de financiamiento la Ley N.° 8.114 (impuesto a los combustibles).
Este plan, si no hay otra fuente de financiamiento, reduciría el dinero del que Hacienda dispone como caja chica.
Sí, eso es el pastel de la 8.114.
¿Qué programas se van a quedar con menos recursos?
Usted me introduce a un tema que maneja el ministro de Hacienda (…). Este es un tema que estamos viendo como el cumplimiento de una obligación constitucional. La discusión sobre financiamiento de la inversión pública, la discusión sobre cómo aminorar el impacto del pago de la deuda y sus intereses, es la discusión macro.
Pero el proyecto avanza a un paso acelerado y podría pasar sin que se cree una fuente de financiamiento. y tarde o temprano se llegará al punto en el que se deben tomar recursos de la Ley 8.114. La pregunta es, ¿Qué se va a recortar?
Hay otro elemento, y es que estamos planteando la gradualidad de la transferencia. Es un 1,5% (equivalente a ¢126.000 millones) que se van a distribuir en tres años.
Y sienten que con esa gradualidad sí salen. ¿Qué pasará después? Al final de los tres años, ¿se heredará el problema a la siguiente administración?
Yo le digo que lo que valoramos es que este esfuerzo, que es un esfuerzo presupuestario, es de inyectar dinámica a la generación de capital en las localidades.
¿Y por qué no aceptar que esta reforma constitucional es un error? ¿Es muy grande el pleito con las municipalidades? No hay plata para financiarla ni tienen competencias qué transferirles.
No. Fíjese que transferir competencias a los gobiernos locales, dentro de un Estado centralista, me parece que es una decisión importante, o sea, el contenido esencial de la transformación del artículo 170 (de la Constitución).
”Lo que habría que discutir y nosotros hemos estado investigando, es la fijación del monto”. Es muy alto. Es el 10% de los ingresos del Estado que se dirigiría a los municipios (mediante la aprobación de siete leyes especiales. De las que ya hay una con avance en el Congreso).Habría que valorarlo. Pero hay que discernir las dos cosas: la esencialidad de ir fortaleciendo las competencias de los gobiernos locales y sus recursos.
Doña Olga, suena muy bonito, pero duraron 14 años para buscarles algo qué hacer (a las municipalidades).
No creo que sea tanto eso. No es tanto buscarles qué hacer.
Entonces, ¿qué competencias les van a dar. ¿Salud? ¿Educación? No se puede.
En el futuro, veremos, pero por ley no se puede transferir ni salud ni educación ni seguridad.
¿Cómo se va a afectar el manejo de la Hacienda Pública, tomando en cuenta los recursos que van a transferirse?
Cuando se hace una priorización, hay elementos que quedan sin prioridad. Hay una perspectiva asociada a mirar esto como un esfuerzo para posicionar y promover la inversión pública como elemento para dinamizar el desarrollo (…). Es clarísimo que donde se arregla una calle o una carretera, todo cambia. Eso es lo importante, inyectar recursos a la función pública que va a generar mayor inversión pública y privada.
Pero no ha respondido. ¿Cuáles elementos o programas se verían afectados con el desvío de recursos de la Ley N.° 8.114?
Estamos trabajando con mucho cuidado la formulación del presupuesto del 2016.
¿Toman en cuenta el recorte?
Por supuesto. Cuando se presente el presupuesto, esto estaría incorporado. Hay un elemento poco visible para la gente, y es la integración del plan (de desarrollo) con el presupuesto.
No es pecado decir ‘no tengo esa respuesta’, porque se está trabajando en esa respuesta.
Estamos trabajando en esa línea, como le decía. Para nosotros un factor fundamental es incentivar la inversión pública en este país. No solamente hemos subido los niveles de ejecución –no al nivel que quisiéramos–, hay muchos recursos que movilizar a la inversión pública.
El margen para hacer recortes en el Presupuesto Nacional y darles más dinero a los municipios es poco; no supera el 20% de los fondos disponibles.
Todo el sistema presupuestario nacional es muy rígido, y usted sabe que es por el peso de la deuda. Esta es una situación que se generó en el 2007. A nosotros nos están doliendo las decisiones de otros.
”Una porción muy grande del pastel del presupuesto la tenemos que pagar en intereses”.
¿Se sentirían más cómodos si se les aprobaran impuestos?
Ahorita la iniciativa que está en el ámbito fiscal y que me parece de una gran fuerza, si lo miramos desde las responsabilidades ciudadanas, es la iniciativa de ley enfocada en la evasión (el proyecto contra el fraude fiscal).
Pero ese proyecto, ahorita, no tiene posibilidades de pasar. ¿Por qué el Gobierno no acepta la realidad política? Hay un bloque opositor que no quiere aprobar impuestos y menos el plan contra el fraude fiscal. ¿Cuál es su valoración de que el proyecto de transferencia de competencias se apruebe así como está?
Nosotros presentamos el mejor proyecto que pudimos trabajar al interior del Ejecutivo, con mayor claridad y calidad.
”Hemos trabajado no solamente el Ejecutivo, poniéndonos de acuerdo en temas que no son fáciles, y hemos estado en una relación de trabajo con representantes de los gobiernos locales, asumiendo compromisos de eficiencia y responsabilidad que les compete también a ellos.
”Esto entra en un contexto nacional de interés por lo local” Hay grupos de trabajo de los diputados, asociados con identificaciones territoriales, multipartidistas. A mí me han citado comisiones de diputados de Heredia, de Guanacaste, de Cartago.. .
Claro, y se vienen las elecciones municipales del 2016, y todos estamos hablando un idioma electoral, aunque no se diga explícitamente. Los diputados hacen lo propio por las alcaldías de sus partidos, de todos los partidos que están metidos en el proceso de elecciones, y el Gobierno no se queda atrás, y no puede quedar mal a las municipalidades sin hacer el gesto de que van a cumplir. Usted no puede referirse a temas electorales, pero, ¿influye el proceso electoral en la presión que hay sobre este expediente?
Cuando se da una coyuntura, no hay una única determinación. Hay determinaciones en torno a esta normativa, que, como usted lo decía, es una decisión de la Asamblea Legislativa, donde hay concepciones de desarrollo, donde algunos creemos que debe haber un Estado más descentralizado; hay resultados estructurales que nos muestran enormes asimetrías entre las comunidades y hay condiciones coyunturales, efectivamente, como la que se acerca, que es la primera elección de gobiernos locales separadas de las elecciones nacionales. Siempre un proyecto tiene coyunturas que lo explican, pero quiero dejar claro que este es un esfuerzo por la inversión pública en función del desarrollo y la generación de empleo.