Roberto Jiménez niega que exista un conflicto de intereses en su designación como regulador general, por el cargo que ocupa en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Sin embargo, no descarta romper ese vínculo laboral.
¿Se va a inhibir de conocer nuevas tarifas eléctricas como nuevo regulador?
En primer lugar, estoy buscando una alternativa a esa situación de ligamen con el ICE, que, en su momento, lo diré (...). En cada caso, tendrá que evaluarse, pero mi ligamen desde el punto de vista legal no es limitación, pero de todas formas haré las averiguaciones del caso desde el punto de vista legal y si contaré también con una solución a ese posible aspecto.
¿Hay conflicto de intereses?
No, a mí lo que me interesa en este caso es servirle al país, que las tarifas sean lo más justas posibles, que se incentive la eficiencia y la eficacia en las prestadoras de servicios y que se mejore y se mantenga la calidad de los servicios (...). Lo que voy a promover en la Aresep es ser el defensor de los usuarios de los servicios públicos.
Un alza tarifaria puede ser por un aumento en los salarios del personal. Si eso se da en el ICE usted se vería beneficiado. ¿Se inhibiría en estos casos?
Los aumentos salariales los define el Poder Ejecutivo con base en la inflación y esos serán los que serán considerados en la Aresep, cualquier otra cosa ya tendrá que analizarse con lupa y no serán considerados. Mi relación con el ICE la voy a evaluar y estaría anunciando en los próximos días una posible solución.
¿Analiza renunciar en el ICE?
Hay varias opciones que estoy valorando.
¿Cuáles son esas opciones?
No, hay un análisis que tengo que hacer, pero no porque haya un elemento ilegal, porque no existe ni tampoco porque me vaya a limitar a ser lo más justo.
Si no hay nada ilegal, ¿por qué está considerando opciones?
Porque están hablando algunos temas políticos, pero, desde el punto de vista legal, no existe una incompatibilidad.
Usted eventualmente conocerá apelaciones contra fallos de la Sutel, ¿tampoco se inhibiría de ver esos casos?
En general, hay una junta directiva que tiene la facultad para tomar decisiones, en un caso de que se diera eso, si tuviera ligamen con el ICE, tendría que excluirme seguramente, tendría que analizarlo desde el punto de vista legal para no afectar a nadie. Nuevamente, tampoco existe ninguna limitación legal, pero, aun así, trataría de analizarlo, para que sea lo de más conveniencia y en el amparo de la ley.
¿Cuál va a ser su política para definir tarifas?
Buscaré poner al usuario en el centro; eso es lo primordial (...). Aspiro a que con convenios con organizaciones públicas, podamos tener presencia en cada región del país, para que las personas puedan hacer sus apelaciones y presentar sus consultas.
”Aspiramos a la transparencia, a fiscalizar mejor la calidad de los servicios públicos, a desarrollar técnicas innovadoras en el campo informático, como pago con tarjeta, conteo electrónico y aplicaciones de sistemas de información para medir los tiempos y las frecuencias de los buses”.