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Contraloría advierte concentración de funciones en propuesta de diputados para transformar el CTP

Actualizado el 30 de julio de 2017 a las 11:00 pm

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Contraloría advierte concentración de funciones en propuesta de diputados para transformar el CTP

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Un proyecto de ley consensuado por varias fracciones legislativas dejaría en la mano de una sola persona las decisiones del transporte público en el país, entre ellas el otorgamiento de concesiones de buses y taxis, que actualmente están delegadas en una junta directiva.

La Contraloría General de la República alertó a los diputados de excesos en el plan de ley que pretende eliminar el Consejo de Transporte Público (CTP), recién dictaminado por la Comisión de Asuntos Económicos.

La iniciativa, avalada por los diputados el pasado abril pretende concentrar en el Director de Transporte Público el otorgamiento de concesiones de buses y taxis, que actualmente están delegadas en la junta directiva del CTP, conformada actualmente por empresarios concesionarios de rutas y placas.

El informe DFOE-IFR-0302  del 18 de julio,  de la Contraloría General de la República (CGR) señala que el otorgamiento de concesiones y permisos “es una tarea sumamente compleja, abundante y representan grandes negocios en el sector, por lo que no debería dejarse en manos de una sola persona”, acotó.

Según el proyecto, este funcionario tendría la potestad de proponer a quién se le otorgan las concesiones y permisos, aunque la responsabilidad política la asumiría el ministro de Transportes.

En su informe, la Contraloría advirtió que “estaría presentándose una importante concentración de funciones” en la figura del  director del Consejo de Transporte. Por ello, la CGR considera necesario que se ejerzan mayores controles internos para “evitar desviaciones del sistema, dada la gran responsabilidad que asumiría este funcionario”. 

Tal como está el proyecto, se establece la creación de un comité consultivo conformado por funcionarios de los ministerios de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Ministerio de Vivienda, Ministerio de Ambiente y Energía, Instituto de Fomento y Asesoría Municipal y un representante de los usuarios, sin embargo, sus criterios no serían vinculantes, por lo que el director podría ignorar las recomendaciones sin implicaciones legales.

El proyecto establece como requisito que este nuevo director no haya tenido relación laboral con una empresa concesionaria en los últimos 3 años, aunque se le pide una experiencia en el sector no menor a 5 años.

Representantes de buseras y taxistas señalan que la iniciativa podría generar conflictos como los vividos antes de que se creara el CTP.

El plan, impulsado por el PUSC, plantea que el director de Transporte Público (máximo jerarca de la Dirección de Transporte Público) vendría a sustituir lo que actualmente es un Consejo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

El expediente contó con el apoyo de diputados de Liberación Nacional (PLN), Acción Ciudadana (PAC), Unidad Social Cristiana (PUSC), Movimiento Libertario, Renovación Costarricense y la independiente Carmen Quesada. 

En su momento, la  propuesta contó con el visto bueno del exministro del MOPT, Carlos Villalta.

LEA: Jerarca del MOPT da visto bueno a cierre del Consejo de Transporte Público 

Diputados defienden cambios

Los cambios que pretenden los diputados, según el proyecto de ley, es facilitar la labor del Consejo y eliminar los intereses empresariales al remover la junta directiva que actualmente está compuesta por instituciones públicas y representantes de autobuseros y taxistas.

El proponente del proyecto, el diputado socialcristiano Humberto Vargas, defiende no vinculancia de las recomendaciones del comité.

"El Comité Consultivo tiene un carácter no vinculante, porque precisamente la idea es empoderar nuevamente al Ministro (quien firmaría los contratos propuestos por el director), de que siempre se aduce que con los órganos desconcentrados él no tiene mayor posibilidad de tomar decisiones, además del problema que venimos viendo en el CTP donde se tiene una junta directiva en la que participan los propios empresarios que tienen intereses en las decisiones que se toman", argumentó Vargas.

El diputado agregó que los contratos, tal como se hace actualmente, deben ser refrendados por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y la Contraloría General de la República también podría investigarlos.

Cabe destacar que desde 2014, la Aresep no ha refrendado los contratos de concesiones de autobús porque los empresarios no terminan de entregar los requisitos como los estados financieros auditados. Por ello, el CTP optó por darles un permiso para continuar operando; así se han mantenido por tres años; es decir, casi por la mitad del plazo de la concesión que es de siete años. 

La diputada Díaz también defendió la propuesta y aseguró que el propósito es agilizar las decisiones que con una junta directiva son más difíciles de tomar y reiteró en la inconvenienia de mantener los intereses de los gremios. 

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Rebeca Madrigal Q.

rebeca.madrigal@nacion.com

Periodista

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