El gobierno de Daniel Ortega trató de involucrar a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en el conflicto que mantiene con Costa Rica por la invasión nicaragüense a isla Calero.
El pasado 3 de noviembre, el embajador de Nicaragua, Harold Rivas, le solicitó al canciller costarricense Manuel González, circular entre los 33 miembros de ese foro, una nota diplomática sobre el conflicto bilateral emitida por ese país vecino.
Esto debido a que Costa Rica ejerce actualmente la presidencia pro témpore del Celac.
La petición surgió mientras ambas naciones coordinaban una cita técnica que definiría cómo se harían mediciones del caudal del río San Juan, con el fin de evaluar el impacto provocado en el humedal de isla Calero en el 2013, cuando Nicaragua abrió un segundo caño artificial.
La medición fue parte de las recomendaciones que la Convención sobre Humedales Ramsar emitió el pasado 22 de agosto, cinco meses después de que sus expertos inspeccionaran el lugar.
Al final, la reunión bilateral no se realizó por falta de acuerdo, pero en medio del proceso, fue cuando Rivas le solicitó a González distribuir la nota en Celac, así como otra en la que el canciller nicaragüense Manuel Santos invitaba al secretario general de Ramsar, Christopher Briggs a participar en el fallido encuentro.
González explicó a La Nación que rechazó ambas peticiones por estimarlas improcedentes.
“No consideramos que Celac sea el mecanismo adecuado, porque es un mecanismo de concertación y diálogo político; no es para ir a resolver disputas bilaterales o andar circulando notas que los países se cruzan entre sí. No es un contexto bilateral el que se discute en el seno de la Celac, de modo tal que no procede hacerlo en ese foro”, señaló González.
No obstante, el diplomático resaltó que Nicaragua sí hizo circular ambas notas entre los delegaciones de la Organización de Estados Americanos (OEA).
“No entendemos cuál es el objetivo, porque este tema se está resolviendo en la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Esto nos obligó a circular la secuencia completa ante la OEA, lo cual tampoco es usual, pero bajo las circunstancias era necesario para evitar confusiones”, añadió.
Las dos naciones están enfrascadas en un litigio ante la CIJ desde el 2010, cuando la administración de Ortega abrió un primer caño al extremo norte de Calero.
El último episodio se dio este martes, cuando la Cancillería y el Ministerio de Seguridad denunciaron que personal nicaragüense estaba talando y socavando la margen tica del San Juan.
Infructuoso. Tal y como lo sugirió Ramsar, Costa Rica planteó la reunión técnica para decidir cómo, cuándo y dónde se harían los estudios sobre el caudal del río fronterizo.
Pero Nicaragua no estuvo de acuerdo en el punto para hacer las mediciones, ya que mientras el Gobierno costarricense sugirió hacerlas antes y después del delta del río Colorado, Managua prefería analizar solamente la zona aledaña al caño construido en 2013.
Ambas partes tampoco coincidieron en el lugar del encuentro. Costa Rica planteó que se realizara en San José, en Peñas Blancas o en Liberia, en tanto los nicaragüenses pujaron porque fuera en San Juan o en Managua.
Mientras tanto, los procesos ante la CIJ siguen en curso: uno incluye la invasión de Nicaragua a isla Calero, así como el reclamo de Nicaragua por la construcción de la trocha fronteriza por parte de las autoridades ticas; el segundo, es para procurar que esa Corte defina los límites marítimos entre los dos países.