Rosendo Pujol, ministro de Vivienda, libra una lucha en las entrañas del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) por controlar la oficina encargada de otorgar los bonos de vivienda a las familias más pobres.
El jerarca alega que todavía se otorgan bonos a personas que no califican para ello, aparte de otras anomalías “gravísimas”, por lo que él pretende erradicar los problemas mediante el fortalecimiento del equipo gerencial del Banco, con el cual no está del todo a gusto.
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En este momento, la pelea principal de Pujol gira en torno al nombramiento de un nuevo subgerente de Operaciones, que tendría la obligación de supervisar a la Dirección del Fondo de Subsidios para Vivienda (Fosuvi), en donde se asignan más de ¢100.000 millones anuales en subsidios de vivienda y bonos comunales.
El ministro y presidente de la Junta Directiva del Banhvi insiste en la necesidad de llenar esta plaza, vacante desde el 3 de mayo del 2015 y, públicamente, aboga por nombrar a una persona afín a él. “Se necesita alguien de mi confianza, pero no para que sea mi ficha dentro del Banco, eso no es lo que estamos buscando, pero sí que entienda mejor lo que nosotros estamos tratando de hacer”, declaró a La Nación .
Sin embargo, Pujol enfrenta la oposición del gerente general del Banco, Luis Ángel Montoya (también nombrado en este gobierno), quien quiere suprimir la plaza de un segundo de a bordo.
Montoya considera que el nombramiento es innecesario. En su criterio, el Banhvi puede funcionar con el personal actual; quizá solo se necesitaría contratar a un par de asistentes.
Para el gerente, designar a un subgerente generaría una duplicación de funciones con la Dirección de Fosuvi, a la que el ministro quiere observar de cerca.
Así lo expresó Montoya en un informe que presentó a la Junta Directiva de la entidad, el 18 de agosto pasado. “Es criterio de este despacho que, tal y como se encuentran definidas las funciones de la Subgerencia de Operaciones, estas guardan una similitud con las ejecutadas por la Dirección de Fosuvi. Por tanto, pueden seguir siendo ejecutadas por dicha Dirección”, reza la nota GG-OF-0697-2016.
El Banhvi tiene a un gerente general, que es Montoya, y dos subgerencias: la Financiera, que está ocupada, y la de Operaciones, que está vacante.
En el mismo informe, Montoya agregó que, si la Junta Directiva decide llenar la plaza vacante, lo recomendable es que se modifique el perfil para que tenga un enfoque más ingenieril y de administración de proyectos, en vez de enfocarse en la gestión de los recursos del Fosuvi.
En la Junta. Al final, la Directiva descartó la objeción del gerente y optó por continuar con el proceso de la designación.
El ministro Pujol propone al ingeniero civil Armando Arauz Cavallini, quien fue gerente del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) de 1997 a 1998, y es hermano del ministro de Agricultura, Luis Felipe Arauz.
La propuesta no contó con el apoyo unánime de los directivos y, más bien, surgieron en la Junta otros cuatro candidatos, de los cuales ya uno desistió porque esperaba un salario mayor.
El ministro reconoce que este nombramiento forma parte de la lucha de poderes que se se vive a lo interno del Banhvi y que muchas de las decisiones de la Junta Directiva se han politizado.
“Hay gente que en realidad quiere que fracase el Gobierno y que fracase yo como ministro de Vivienda”, adujo.
En un documento que redactó el 6 de octubre, Pujol sostuvo que la designación es “urgente y oportuna”, ya que el equipo del Fosuvi quedó diezmado con la renuncia de Carlos Cortés, jefe del Departamento Técnico del Fosuvi y el permiso sin goce de salario, de un año, que se le otorgó a la directora de esa oficina, Martha Camacho.
Yerros en el Banhvi. Sobre las anomalías en el Banhvi, Pujol menciona seis. Asegura que todavía hay problemas “gravísimos” de formalización de las viviendas, pues a las familias se les siguen entregando las casas sin las escrituras de las propiedades.
Denuncia, además, que aún se seleccionan lugares inadecuados para la construcción de proyectos habitacionales, que hay yerros en los diseños de las obras y que los costos registran aumentos constantes.
También, critica la escogencia de beneficiarios. El ministro sostiene que se le están dando bonos a personas que no cumplen con los requisitos de ley; aparte de que el Ministerio de Vivienda debe asumir tareas que en teoría le corresponden al Banhvi.
Otra visión tiene el gerente general del Banhvi, quien afirma que las cosas marchan bien, mejor que en los últimos ocho años y que los números lo respaldan.
“Nosotros, como administración, trabajamos por resultados. Este año llevamos el mayor número de bonos formalizado de los últimos ocho años; eso demuestra que hemos hecho una labor organizada, una labor que se refleja numéricamente”, adujo Montoya.
Al 15 de diciembre, el Banhvi había colocado poco más ¢85.000 millones en bonos que beneficiaron a 11.077 familias con el presupuesto del 2016.