El director de la fundación conservacionista MarViva, Jorge Jiménez, pidió a los diputados de la Comisión de Ambiente desechar un proyecto de ley impulsado por el Gobierno, para permitir la pesca con redes de arrastre.
Según sostuvo Jiménez, esta técnica daña los ecosistemas marinos y afecta negativamente a la pesca en general.
A pesar de la insistencia del Poder Ejecutivo en promover el Proyecto de ley para el desarrollo y aprovechamiento sostenible del camarón en Costa Rica (expediente 19.838), los diputados reciben cada vez más insumos en contra.
"La pesca de arrastre, incluida la del camarón, se ha comparado con la tala rasa de los bosques y los despilfarros a que da lugar. La ubican como la pesca más dilapidadora del mundo", dijo Jiménez el jueves.
Esta técnica fue prohibida en el país en el 2013 por la Sala Constitucional, a través del voto 2013-0105, por considerar que genera una "vulneración del derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado".
La sentencia ordenó a Incopesca no renovar las licencias para este tipo de actividad, pero a la fecha quedan vigentes 16 licencias de este tipo.
Aún así, el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) y Casa Presidencial insisten en regular la técnica y el plan de ley pretende, precisamente, que se permita dar y renovar nuevos permisos.
La pesca de arrastre consiste en el lanzamiento de grandes redes y mallas cilíndricas que son desplazadas por el lecho marino jalando especies indiscriminadamente.
Eso provoca la muerte de animales no consumibles o que no eran el objetivo del pescador. En Costa Rica, esta técnica la utilizan especialmente los camaroneros.
Defensa del proyecto. El sacerdote Gustavo Meneses, presidente de Incopesca, argumenta que el proyecto introduce al menos 23 medidas regulatorias que, en su criterio, harán de la pesca de camarón con redes de arrastre una práctica sostenible, pese a que técnicos y especialistas sostienen que no hay manera de que esta técnica sea sostenible.
El proyecto de ley establece vedas, zonas de pesca, restricciones mediante dispositivos GPS y acreditaciones para los barcos que practican la técnica de arrastre, entre otras medidas de contención.
No obstante, el vocero de MarViva insistió ante los diputados en que no existe, a la fecha, una técnica de pesca de arrastre que no genere daño ambiental.
Los diputados convocaron al director de MarViva como parte del análisis del plan de ley que impulsa el Gobierno de Luis Guillermo Solís, para sentar las bases técnicas sobre las que se permitiría la pesca de arrastre.
El proyecto de ley fue redactado por el Gobierno con la colaboración directa de la hermana del presidente Solís, Vivienne Solís, bióloga y fundadora de la cooperativa Coopesolidar. Esta última organización coordinó, junto con Incopesca, la consulta y redacción del proyecto de ley.
LEA: Pescadores acusan a hermana de Luis Guillermo Solís de tomar Incopesca
Meses atrás, Vivienne Solís defendió la inciativa señalando, desde la página de noticias de Casa Presidencial, que el proyecto es fruto de un trabajo interinstitucional, dirigido a buscar el desarrollo sostenible de las comunidades pesqueras.
En debate
Los funcionarios de MarViva no son los únicos en contra de la iniciativa. En febrero pasado, este diario publicó la visión de la Federación Nacional y Organizaciones de Pescadores Artesanales (Fenopea), en representación de los pescadores guanacastecos, que fue enviada al presidente de Incopesca desde el 4 de noviembre.
En ese documento, los pescadores cuestionaron la posición del Gobierno de mantener viva la actividad de pesca de camarón con redes de arrastre.
Dicha actividad, según ellos, pone en riesgo el sustento de 15.000 personas que dependen de la pesca ordinaria, frente a 300 que se ven beneficiadas con la captura de camarón.