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Magistrado de Sala IV: Diputados legislaron sobre el IVM 'sin que existieran informes técnicos sobre el impacto'

Actualizado el 26 de julio de 2017 a las 05:21 pm

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Magistrado de Sala IV: Diputados legislaron sobre el IVM 'sin que existieran informes técnicos sobre el impacto'

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La Sala Constitucional resolvió este miércoles que el proyecto para trasladar a educadores desde el régimen de pensiones de la CCSS al del Magisterio va contra la Constitución Política. (Graciela Solís)

San José

El magistrado constitucional, Fernando Castillo, explicó que la Sala IV se trajo abajo el proyecto que permitiría a un grupo de docentes salirse del IVM, para obtener una mejor pensión con el Magisterio, porque los diputados aprobaron el plan sin tener a la mano un estudio técnico que determinara su impacto en el régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

"El vicio está en el procedimiento legislativo, porque en este tipo de materias, donde está de por medio una norma constitucional que establece el régimen del IVM, que tiene la mayor cobertura de trabajadores costarricenses, antes de adoptar cualquier decisión, el Parlamento debe contar con estudios técnicos que garanticen a futuro, a mediano y largo plazo, la sostenibilidad del régimen financiero de la CCSS", explicó Castillo.

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"Lo que la Sala considera es que, en estos casos, dado que está de por medio el fondo y la reserva del fondo (IVM), se deben tener estudios técnicos que garanticen la sostenibilidad financiera. Esa es la razón de la decisión de la Sala Constitucional. Lo que hacemos es detectar un vicio en el procedimiento, en este caso concreto en que se pretende trasladar un importante número de funcionarios hacia el régimen de pensiones del Magisterio, sin que existan los respectivos informes técnicos que determinen cuál va a ser el impacto financiero sobre el fondo y sus reservas", agregó Castillo.

Este proyecto fue aprobado en la Comisión Plena Primera por tres diputados de Liberación Nacional (PLN), tres de la Unidad Social Cristiana (PUSC), tres del Frente Amplio y una de Acción Ciudadana (PAC).

No obstante, a raíz de una consulta de los propios legisladores, este miércoles la Sala IV lo declaró contrario al artículo 73 de la Constitución Política, el cual establece que los fondos y las reservas de los seguros sociales son intransferibles.

El texto pretendía que entre 1.847 y 6.000 docentes pudieran salirse del IVM, con el dinero de sus cotizaciones incluido, para regresar a algún régimen del Magisterio, en donde obtendrían una mejor pensión. Se trata de personas que se habían pasado en 1995.

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La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) había advertido que el plan lo obligaría a tomar dinero de las reservas del IVM para devolver el dinero de las cotizaciones.

Fernando Castillo dijo este miércoles a La Nación, que otro de los aspectos que reforzaron la declaratoria de inconstitucionalidad es que los números relacionados con el costo del traslado de los educadores, que la CCSS entregó a los diputados, podrían estar desactualizados.

"Los estudios que constan en el expediente donde el mismo Departamento Actuarial de la CCSS habla de un impacto de aproximadamente ¢50.000 millones son con base en salarios del año 2011, entonces, nosotros consideramos que si se actualizaran los salarios al 2017, el impacto sobre el fondo y la reserva (del IVM) podría ser mucho mayor", advirtió.

El IVM estimó en ¢52.000 millones el impacto del traslado de educadores al régimen de Jupema. Hacienda, a su vez, estimó que el proyecto le costaría al erario unos ¢32.000 millones anuales, pero Jupema afirmaba que el impacto para el Gobierno era de solo ¢200 millones en el primer año.

Después de la aprobación en primer debate del proyecto de ley, el presidente de la Comisión Plena Primera, Juan  Marín, diputado de Liberación Nacional (PLN), dijo que los diputados de su bancada y los de otros grupos legislativos creyeron en los datos de impacto que les preparó la Jupema.

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Para el diputado, la administración del IVM y Hacienda "exageraron" el tamaño del golpe que daría el cambio de sistema de pensiones para los posibles educadores beneficiados, pues no serán tantos los beneficiarios.

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Criterio de Sala tuvo antecedente en uno de Defensoría

La Defensoría de los Habitantes ya había advertido de que los diputados tomaron la decisión de aprobar la propuesta de ley a ciegas, sin contar con datos claros sobre cuánto le costarían al Estado y al IVM el cambio de régimen de los educadores. Montserrat Solano, la defensora, incluso se negó a aceptar la solicitud de varios jefes de fracción para que coordinara una mesa de diálogo en la que se intentara determinar el costo real del traslado.

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La defensora había dicho que los diputados lo que requerían era tener a mano la realidad matemática y actuarial y no una mesa de diálogo para ponerse de acuerdo sobre el impacto al IVM.

"Lo que necesitan es un estudio técnico que se lo pueden pedir a la propia CCSS, a la Superintendencia de Pensiones (Supen), contrastarlo con Jupema, pero, también, pueden pedirlo a las universidades del Estado. (...) Lo que pasa es que nos piden algo imposible. ¿Cómo vamos a negociar las matemáticas?", había argumentado Solano.

En la misiva en la que los parlamentarios le pidieron a la Defensora mediar, reconocieron que contaban con datos financieros "contradictorios" al momento de votar el proyecto que beneficia al gremio magisterial.

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Gerardo Ruiz Ramón

gerardo.ruiz@nacion.com

Periodista de Política

Periodista en Política. Cursa un posgrado en Comunicación Política en la Flacso. Escribe sobre temas políticos, económicos y sociales. Cubre la Presidencia de la República.Periodista. Fuereportero del Grupo Exten temas políticos y económicos ...

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