El presidente, Luis Guillermo Solís, se desmarcó ayer de toda intención de alejar a la procuradora general de la República, Ana Lorena Brenes, y aseguró desconocer el tema tratado en una reunión en la cual el viceministro de la Presidencia le mencionó a ella la posibilidad de asignarle una embajada.
Así reaccionó el mandatarios al publicar ayer La Nación parte de la conversación que el martes de la semana pasada tuvo su viceministro, Daniel Soley, con Ana Lorena Brenes, a quien ese día le señaló que percibía un alejamiento en la relación con este gobierno.
Solís dijo que conocía versiones de “una supuesta presión o indebida insinuación” a Brenes, por lo cual este lunes aseguró que no pretende alejarla del cargo antes del vencimiento, en mayo del 2016.
“No estuve presente en la reunión ni he pedido un detalle”, contestó Solís ante preguntas de los periodistas.
“Ayer (anteayer) le desmentí esa voluntad de parte del presidente de la República y hasta ahí llega la obligación”, respondió Solís.
Sin desmentir el contenido de la reunión de Soley con Brenes ni la mención de una posible designación en una embajada, Solís afirmó: “No hay ninguna intención de menoscabar, reducir o intimidar o intentar limitar las potestades de la Procuraduría (...) Yo le reiteré mi entera voluntad de trabajar con ella durante el período del cargo”.
El encuentro de Soley con Brenes se realizó mientras Solís estuvo de gira en China. No fue posible conocer ayer si el ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, sabía del ofrecimiento a Ana Lorena Brenes.
El presidente agregó que su gobierno no pretende usar puestos diplomáticos como un “botín político”.
La procuradora ocupa el cargo desde hace casi 11 años (impulsada por los gobiernos de Abel Pacheco y Laura Chinchilla). En el 2014, con el nuevo gobierno en ejercicio, emitió dos informes contrarios a la Presidencia, ante la Sala IV: uno en contra del levantamiento del veto a una ley que entrega a comerciantes de artesanías el uso de una calle josefina y, otro, un pronunciamiento en contra de la permanencia de Melvin Jiménez como ministro, por ser obispo luterano.
En estos momentos y hasta la próxima semana está pendiente que la Procuraduría mande a la Sala IV su opinión jurídica sobre la decisión de Solís de levantar el veto a la ley que reforma el Código Procesal Laboral, motivo de una fuerte controversia al final del 2014.
Se intentó ayer hablar con Brenes, pero no devolvió los mensajes enviados. Antenoche, sí confirmó la existencia de la reunión como lo había hecho Soley, pero declinó referirse al contenido, reserva que Solís agradeció.