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Libertarios se quedan sin abogados antes de juicio por supuesta estafa

Actualizado el 20 de marzo de 2015 a las 02:41 pm

Defensores Gonzalo Castellón y José Francisco Madrigal rompieron contrato por falta de pago

Tesorero del partido reconoce que carecen de recursos para saldar deuda

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El abogado penalista, Gonzalo Castellón, fue magistrado suplente de la Sala Tercera y exjuez Primero de Instrucción de San José.
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El abogado penalista, Gonzalo Castellón, fue magistrado suplente de la Sala Tercera y exjuez Primero de Instrucción de San José. (Archivo)

El Movimiento Libertario se quedó sin abogados de cara al juicio por supuesta estafa contra el Estado que enfrentará en el Tribunal Penal de San José, tras intentar cobrar ¢209 millones por 190 capacitaciones ficticias, de cara a las elecciones del 2010.

Los penalistas Gonzalo Castellón y José Francisco Madrigal rompieron el contrato porque la agrupación no les canceló un solo pago desde que asumieron el caso hace seis meses.

Ellos habían sido contratados para defender al extesorero del partido Ronaldo Alfaro (hoy vicepresidente libertario) y al excontador Róger Segura, dos de los tres imputados en esta querella que se tramita bajo el expediente 11-015871-0042-PE.

Castellón comunicó al Tribunal la ruptura contractual el pasado 3 de marzo: "No tengo, en consecuencia, otro remedio que presentar la renuncia correspondiente ante la autoridad judicial (…). Las condiciones económicas pautadas, conforme al contrato, se me adeudan en su totalidad".

Ante una consulta de La Nación el abogado del bufete BG&A Abogados Corporativos evitó profundizar en el monto de la deuda: "Por respeto al cliente, no quiero ahondar en detalles. Fundamentalmente la razón es la que se manifiesta en el escrito de renuncia".

El Tribunal hasta ahora no definido una fecha para el inicio del debate oral y público, aunque el Juzgado Penal de San José ordenó elevar el caso a juicio desde julio del año pasado, según confirmó la oficina de prensa del Poder Judicial.

En busca. El tesorero de los libertarios, el exdiputado Carlos Herrera afirma que ahora, tras la renuncia, andan en busca de nuevos abogados, pero que aún no definen quiénes serán: "Don Roger y don Ronaldo deberían tener una defensa mejor, más digna, no estoy diciendo que los defensores públicos no lo sean, pero requieren un mejor representació".

Herrara tiene la intención de que los costos de la nueva defensa se cubran con la reserva de la deuda política que tienen para organización y capacitación.

"Soy de la visión de que ese gasto lo debería cubrir el TSE porque es el partido el que está siendo demandado, ellos representaban a la agrupación", aseveró el tesorero.

Esta no sería la primera vez que el Movimiento Libertario tiene que cambiar a los abogados que defienden a Alfaro y a Segura, el pasado 4 de setiembre, renunciaron Gilberth Corella Quesada y Randall Cerdas Corella.

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Sin dinero. Carlos Herrera asegura que el partido incumplió el primer pago, pactado para el 1°. de marzo, porque no tienen dinero.

Él asegura que pretendía saldar esa deuda con ¢17 millones que le están cobrando al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de la reserva de organización y capacitación.

"Contábamos con recibir ingresos del TSE de la liquidación de gastos que presentamos del tercer trimestre del año pasado, pero el Tribunal no nos ha aprobado esos recursos (…). La idea era que cuando ellos nos depositarán ese dinero, nosotros tuviéramos flujo de caja para pagarle a los abogados, pero no se pudo", dijo Herrera.

Agregó que la situación económica del partido es preocupante y que actualmente solo subsisten con préstamos hacen él y el resto de miembros del Comité Ejecutivo: "Hemos hecho un gran sacrificio, no tenemos cómo echar para adelante, tenemos que seguir cumpliendo con una serie de compromisos que nos exige la legislación, el partido debe continuar, esperamos que cuando empiece la campaña municipal tengamos ingresos más constantes".

El déficit del Libertario supera los ¢1.000 millones. Por la cantidad de votos obtenida en los pasados comicios (11% para presidente y 8% para diputados), la agrupación obtuvo el derecho a cobrar unos ¢1.800 millones al TSE por concepto de deuda política, pero solo al Banco Lafise le debe ¢2.500 millones.

La partido se encuentra morosa con la Caja Costarricense del Seguro Social y mantiene cuentas por pagar con otros financistas de la campaña.

En campaña la agrupación gastó más de ¢3.275 millones. Más de la mitad de los recursos los destinó en propaganda y publicidad (¢1.100 millones), y en la organización de plazas públicas, asambleas y comités (¢750 millones).

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Natasha Cambronero

natasha.cambronero@nacion.com

Periodista de Política

Periodista en la sección de Política. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Escribe sobre el quehacer de los partidos políticos y el financiamiento electoral, entre otros temas.

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