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Estatuto de Servicio Civil

Ley les permite a familiares de jerarcas trabajar con el Estado

Actualizado el 12 de enero de 2015 a las 12:00 am

Entrar a la planilla del Gobierno elimina prohibición de ley de contratación

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Ley les permite a familiares de jerarcas trabajar con el Estado

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Un hijo del diputado de Renovación Costarricense, Abelino Esquivel Quesada (izq.), fue contratado como chofer por Casa Presidencial gracias al Estatuto de Servicio Civil. Aquí, con Víctor Morales. | JORGE ARCE

Aunque la ley prohíbe que familiares de jerarcas de los supremos poderes, vendan bienes o servicios al Estado para evitar conflictos de interés, no se prohíbe que esos mismos familiares sean contratados dentro de la planilla gubernamental.

La diferencia entre lo legal y lo ilegal estará del lado del que se mire o, más específicamente, según la ley a la que se amparen esos familiares al momento de ofrecer o brindar ese tipo de servicios a entidades estatales.

Para entender esta situación hay que revisar tanto el Estatuto de Servicio Civil, publicado en 1953, como la Ley de Contratación Administrativa, vigente desde el 2006.

Ambas normas son mecanismos que regulan las relaciones entre el Estado y sus proveedores de bienes y servicios; la primera en la relación del Estado como patrono; la segunda como contratante de servicios.

Por ejemplo, una persona (un abogado, carpintero o transportista) desea venderle al Estado sus servicios (de asesoría jurídica, carpintería o transporte), pero resulta que es familiar de un jerarca. Entonces, no podrá hacerlo, debido a la prohibición que establece el artículo 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa.

En este tipo de casos, la legislación señala a funcionarios de alto rango dentro del Estado, entre ellos los diputados, magistrados, ministros y viceministros, el contralor de la República, el defensor de los Habitantes y hasta el tesorero nacional.

Empero, el obstáculo desaparece cuando el familiar interesado en vender al Estado sus servicios de asesoría jurídica, carpintería o transporte, resulta ser nombrado directamente en un plaza en una entidad estatal.

La única prohibición ante esa situación se aplicaría solo si a jerarca y familiar les corresponde trabajar en la misma dependencia estatal. Y, aun así, hay posibilidad de levantar esa restricción.

Algunos casos. En los ocho meses que lleva la actual administración del mandatario Luis Guillermo Solís (2014-2018) se han dado dos ejemplos claros de este tipo de contrataciones, ambos en la Presidencia de la República.

El primero de ellos involucró al diputado Abelino Esquivel, del Partido Renovación Costarricense, y a su hijo de 25 años, Víctor Esquivel, quien en diciembre pasado, en medio de las tensiones por la discusión en el Congreso del Presupuesto Nacional, fue nombrado como chofer en Zapote.

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El legislador salió al paso y negó cualquier interferencia suya en la contratación.

En el otro caso, se trata de uno de los hijos de Román Solís, magistrado de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, el cual ingresó recientemente a la planilla de la Presidencia como asesor en la Dirección Jurídica.

El director de ese departamento, Marvin Carvajal, justificó el nombramiento de Solís.

Carvajal recalcó que la contratación está a derecho y que fue él mismo quien recomendó el nombre de Solís, ante la falta de un especialista en derecho privado.

Allan Ugalde, gerente de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República, explicó que la diferencia en las relaciones, una de patrono y otra de contratista, hace que lo que es ilegal en una norma, sea legal en la otra.

“Las prohibiciones que menciona es para una relación de administración de proveedor, el artículo segundo excluye la aplicación de esa ley a la contratación de planilla en empleo público”, explicó Ugalde.

Por su parte, el exprocurador de la Ética Pública, Gilberth Calderón, considera que en la regulación de las relaciones entre el Estado y sus empleados se debe valorar el derecho al trabajo, sin que esto implique que se abra la puerta a hechos dudosos.

“Obviamente, en el ejercicio del cargo y cuando haya algún conflicto de intereses, el hijo (familiar) o el jerarca no debe conocer nada de lo que pueda relacionar a su pariente”, indicó.

Para el abogado de Arias & Muñoz especialista en derecho administrativo, Carlos Ubico, es claro que la idea de estas prohibiciones “es que no existan elementos de corrupción que puedan surgir a partir de influencias” de familiares.

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