Laura Chinchilla emite directriz contra aumentos en servicios públicos

Chinchilla impuso un tope al crecimiento de los gastos en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Acueductos y Alcantarillados (AyA), la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) y la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (Jasec).

“Las instituciones tendrán que ver cómo economizan”, advirtió la mandataria.

La idea es que los costos de operación de estas entidades, que incluyen aspectos como salarios e insumos, incidan menos cuando cada una solicite alzas tarifarias ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

A la hora de pedir incrementos en este 2013, los gastos de las instituciones no podrán haber crecido más allá de un 25% de la variación interanual del índice de precios al consumidor (IPC). Para el 2014, los costos no podrán superar la inflación en más de un 15%.

El vicepresidente Luis Liberman argumentó que los precios de los servicios regulados crecen a un ritmo mucho mayor que el resto de los productos, lo que los convierte en un disparador del costo de la vida.

Explicó que, mientras la inflación interanual fue de un 6,52% en febrero pasado, los precios de estos servicios públicos crecieron un 15,8%. En su criterio, la directriz impedirá que gasten “a mano suelta” y que trasladen esos costos a los consumidores.

Entre julio y abril pasados, por ejemplo, la luz subió un 35%.

Chinchilla también ordenó a estas instituciones no otorgar alzas salariales superiores a los que decreta el Poder Ejecutivo.

Refinanciar. La directriz además obliga a las instituciones a buscar en el mercado financiero créditos con condiciones ventajosas que permitan sustituir viejas deudas.

Liberman dijo que este es el momento para obtener créditos de más largo plazo, lo cual permitiría reducir los pagos que deben hacer las entidades a sus deudores y que impactan sus costos de operación.

Por último, cualquier crédito para un proyecto de infraestructura nuevo tendrá que ser pactado con la cantidad de años de pago que más se aproxime a la vida útil de la obra, para evitar que los usuarios tengan que pagar muy rápido bienes que durarán mucho.

Los jerarcas de las instituciones tendrán 30 días para exponer a la mandataria un plan de acción.

Reacciones. Elberth Durán, vocero del ICE, dijo que aún no conocen la directriz, pero la acatarán, mientras que Jorge Villalobos, presidente de Recope, consideró que las medidas son manejables.

Villalobos alegó que Recope no recibe un ajuste por sus gastos propios de operación desde el 2008, aunque en este momento pretende un alza de ¢15 por litro en la gasolina súper, y de ¢4 en la plus y el diésel, para financiar costos propios.

Liberman sí advirtió que hay factores que no pueden controlar con esta directriz, como los costos internacionales del petróleo.

Dagoberto Quirós, vocero de Jasec, alegó que esta firma desde hace muchos años aplica una política de contención de gastos que le ha permitido tener tarifas competitivas.

Por parte del sector empresarial, Carlos Montenegro, subdirector ejecutivo de la Cámara de Industrias, sostuvo que apoyan la directriz, en vista de que el costo de la electricidad ya representa hasta un 40% de sus costos de operación para algunas industrias.

Silvia Saborío, directiva de Aresep, informó de que la Autoridad Reguladora facilitó al Gobierno un estudio sobre los factores que están disparando las tarifas, como el caso de los financiamientos del ICE con 12 años de plazo para proyectos con una vida útil de 50 años. Colaboraron Irene Vizcaíno, Mercedes Aguero y Patricia Leitón